La recaudación tributaria cayó un 7,6% e implica una reducción de los envíos de coparticipación a las provincias, un nuevo golpe a las arcas de los gobernadores en medio de la discusión por la reforma laboral, que incluye una pérdida de recursos aún mayor para los distritos.
La recaudación tributaria de enero se derrumbó un 7,6% en términos reales, según los datos oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, una caída que se traduce en una reducción del 8% en los envíos de coparticipación a las provincias.
Se trata de un nuevo golpe a las arcas de los gobernadores en medio de las negociaciones en torno a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y cuyo capítulo impositivo implica una pérdida de recursos aún mayor para los distritos.
Nueva caída de la recaudación tributaria
La recaudación tributaria de enero totalizó $18,33 billones, según los datos reportados por ARCA. En términos nominales, los ingresos crecieron un 22% respecto al mismo mes del año anterior, pero esa cifra quedó muy por debajo de la evolución de los precios durante el período.
Esto se traduce en que el resultado implique una caída real del 7,6% interanual. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), se trata de la sexta caída real consecutiva de la recaudación tributaria nacional.
El principal factor que explicó el desempeño negativo fue el retroceso de los ingresos por el Impuesto al Valor Agregado. El IVA aportó $6,2 billones, con un incremento nominal del 16,4%, muy por debajo de la inflación estimada en 32%.
Dentro de ese impuesto, el componente impositivo creció un 28%, pero el componente aduanero cayó un 7,6%, reflejando la menor actividad económica. Entre tanto, el Impuesto a las Ganancias sumó $3,4 billones con un aumento nominal del 32,4%, es decir, en términos reales quedó prácticamente en el mismo nivel que el año anterior.
El Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios se comportó de forma similar: creció un 31,9% en nombre hasta $1,4 billones, pero se mantuvo estancado en términos reales. Vale mencioanr que este impuesto refleja la actividad del mes en curso, a diferencia del IVA, que captura lo facturado en el período anterior.
La recaudación de la Seguridad Social registró una leve caída real, al crecer solo un 27% en términos nominales hasta $5,4 billones. El retraso de los salarios y la reducción del empleo registrado en el sector privado contribuyeron a ese resultado.
Por su parte, los derechos de exportación crecieron un 21% hasta $426.834 millones, un dato influenciado por la rebaja de retenciones al sector agropecuario. Los derechos de importación subieron apenas un 14,8%, hasta $571.440 millones, y el Impuesto a los Bienes Personales generó $54.758 millones, con un aumento nominal del 14,2%.
Según el IARAF, la caída más pronunciada fue la de los derechos de exportación, que descendieron un 40,6% en términos reales, directamente vinculada a la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario.
Para los gobernadores, esto significa una retracción de los envíos de coparticipación de impuestos a sus provincias del orden del 8%, en un contexto marcado por el continuo ajuste que impulsa el gobierno nacional.
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La reforma laboral, otro golpe a los gobernadores
Esta caída en los recursos coparticipables llega en un momento en el que los gobernadores ya están alertas por otro frente fiscal. El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno contiene un artículo que reduce el Impuesto a las Ganancias para las sociedades, un tributo que forma parte de la masa de recursos que se reparte entre las provincias.
Los mandatarios provinciales dialoguistas (dispuestos a aprobar la reforma, pero menos contentos con la idea de seguir perdiendo recursos) denuncian que esa medida les generará una pérdida anual de entre 1.000 y 1.500 millones de pesos en la coparticipación, y exigen que el Gobierno establezca mecanismos de compensación.
El reclamo tiene dos dimensiones. Por un lado, la caída ya registrada en la recaudación de enero les reduce los ingresos que reciben en la actualidad. Por el otro, la reforma laboral proyecta una pérdida adicional hacia el futuro si el artículo tributario se aprueba sin modificaciones.
Las provincias han pedido que la reducción de alícuotas se escalone en el tiempo o que se creen vías de compensación concretas, no sujetas a decisiones discrecionales del Ejecutivo, que -como es habitual- utiliza los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (los “ATN”) como moneda de cambio.
El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa la posibilidad de empatar esa suma mediante modificaciones al Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque. El funcionario no parece estar interesado en modificar el articulado de la reforma.
La promesa del oficialismo es que la reforma aumentaría las fuentes de trabajo registrado en el mediano plazo, una afirmación que -además de cuestionable- no convence a los mandatarios provinciales, que requieren respuestas a la situación inmediata que provocaría.
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Con las sesiones extraordinarias ya iniciadas formalmente, el Gobierno tiene como objetivo dar media sanción a la reforma laboral antes del 13 de febrero. Para alcanzarlo, necesita 37 votos en el Senado.
En este contexto, Patricia Bullrich (jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado) asumió el papel central de negociadora en la cámara alta. Este martes se reunirá con los jefes de los bloques dialoguistas, entre ellos representantes de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y el Bloque Federal.
El encuentro se celebrará en las oficinas del bloque radical. Bullrich asegura que cuenta con el apoyo de 44 senadores entre propios y aliados, es decir, todos menos los 28 que pertenecen al peronismo, aunque desde la Casa Rosada reconocieron que “esos 44 votos no están seguros”.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encargó de escuchar los reclamos de los gobernadores. En enero recorrió varias provincias y se reunió con siete mandatarios provinciales “afines” (fuera de las negociaciones quedaron los opositores). Esta semana continuó con encuentros de trabajo para evaluar las posiciones de cada distrito de cara al voto.
Hasta ahora, la posición de Casa Rosada es presentar el texto en el recinto sin modificaciones previas, y que cualquier cambio en el capítulo tributario se debata en el momento de la votación. “Si quieren cambiarlo, que junten los votos en el recinto”, dicen.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó la reunión de la mesa política para el miércoles, después de haber pospuesto la que estaba pautada para el martes. La decisión fue esperar los resultados de la reunión de Bullrich con los senadores y la cumbre de gobernadores en el Centro Federal de Inversiones (CFI).
En la mesa política del miércoles participarán Karina Milei, Adorni, Santilli, Santiago Caputo, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, Bullrich, Luis Caputo e Ignacio Devitt. El objetivo será evaluar las voluntades a favor del proyecto y definir si el Gobierno va a aceptar alguna modificación en el capítulo tributario o si presenta la reforma sin cambios.
Dentro del Gobierno existen dos posiciones. Un sector, liderado por Caputo, sostiene que aceptar cambios en Ganancias modificaría la esencia del proyecto. Otro sector advierte que hacer concesiones es el escenario más viable para asegurar la aprobación.
