La Justicia Federal de Bariloche rechazó que el Estado Nacional sea querellante en la causa Lago Escondido

La jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, rechazó el pedido del Ministerio de Justicia de la Nación para convertirse en querellante en la causa que investiga el viaje a Lago Escondido de magistrados, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín, publicistas y ex espías.

La magistrada resolvió además que la investigación siga delegada en la fiscal María Cándida Etchepare, mientras que el Ministerio de Justicia ya apeló a la decisión de la jueza.

Además, Domínguez rechazó hace una semana el pedido de ser querellante del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien había realizado la primera denuncia por el viaje de los funcionarios judiciales a la estancia del magnate inglés Joe Lewis.

El denunciante también apeló la decisión y será la Cámara Federal de General Roca la que resuelva ambos pedidos de revisión.

La denuncia

En esta causa, el Ministerio de Justicia había presentado una denuncia en la que solicitó a la Justicia Federal que determine la responsabilidad penal en relación a los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas por parte de los jueces Julián Ercolini (titular del Juzgado Federal 10); Carlos Mahiques (de la Cámara Federal de Casación Penal); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2) y Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo Federal 9).

También solicitó que se determine la responsabilidad penal por los mismos delitos del fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

La denuncia busca dilucidar si el viaje realizado el 13 de octubre a través de un avión de la empresa de transporte aéreo Flyzar y la estadía en Lago Escondido fueron financiados por el Grupo Clarín.

La misma denuncia se incluye además por “ofrecimiento de dádivas” al CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo; al administrador de la estancia de Joe Lewis, Nicolás Van Ditomar; al exdirector de Asuntos Jurídicos de la exSIDE (actual AFI), Leonardo Bergroth, y al publicista Tomás Reinke, titular de la empresa Mediabit, agencia especializada en publicidad digital y política.

Finalmente, la presentación del ministerio que encabeza Martín Soria plantea también que se investigue la posible comisión de otros delitos como “cohecho agravado” de magistrados y “tráfico de influencias agravado“.

El rechazo por parte de la jueza a la solicitud de constituirse en querellantes, tanto del abogado Hertzriken Velasco como del propio Ministerio de Justicia, impedirá a ambos solicitar la adopción de medidas de prueba o de pericias, al igual que la toma de declaraciones testimoniales o indagatorias.

Las irregularidades de Mahiques

Paralelamente, ya forma parte del expediente la confirmación de que el juez de Casación Carlos Mahiques no solicitó licencia en el ejercicio de su cargo para los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de octubre, durante los cuales permaneció en Lago Escondido.

El 7 de diciembre pasado la jueza Domínguez envió un pedido formal de información dirigido al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal que integra Mahiques, Alejandro Slokar, en el que solicitó saber si el magistrado que participó del viaje se encontraba en servicio o si se había tomado licencia.

La respuesta, emitida cinco días después de ingresado el pedido, detalla que Mahiques no estuvo en su despacho, no se tomó licencia ni justificó su ausencia para los días en los visitó la estancia de Lewis.

Como si fuera poco, el 13 de octubre, mismo día en que partió a Bariloche, se emitieron varias resoluciones de la Cámara de Casación Penal que aparecen firmadas por Mahiques.

Una de ellas involucra -aunque en una causa distinta- a la madre de una de las víctimas del submarino ARA San Juan.

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