La Justicia dictó un segundo procesamiento contra Diego Spagnuolo y otros exfuncionarios del gobierno de Javier Milei, esta vez por los sobreprecios en las compras de insumos médicos y ortopédicos realizadas por ANDIS.
El juez federal Ariel Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 11, dictó un segundo procesamiento contra Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y otros exfuncionarios del gobierno de Javier Milei.
La resolución, de 553 páginas, también alcanza a Daniel María Garbellini, quien era el segundo de Spagnuolo, y a Miguel Ángel Calvete. El magistrado los considera jefes de la asociación ilícita investigada.
A los imputados se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. En algunos casos, el juez sumó el delito de lavado de activos agravado, por la presunta canalización de fondos provenientes de las maniobras.
La decisión amplía los procesamientos del 9 de febrero de 2026, que luego fueron confirmados por la Sala II de la Cámara Federal. Esta vez, Lijo extendió la responsabilidad a las compras del rubro insumos, que considera parte de la misma estructura delictiva.
Entre los incluiudos en la ampliación también figuran Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, a quienes la resolución define como integrantes de la organización, y Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel Calvete.
El caso se concentra en las compras de insumos médicos y ortopédicos realizadas a través del Programa Incluir Salud. Ese programa atiende a personas con discapacidad o enfermedades crónicas graves, en situación de pobreza estructural y sin cobertura médica específica.
Se trata de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas.
Según la fiscalía, las maniobras se extendieron entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. En ese período, funcionarios de la Agencia habrían orientado a propósito las compras de insumos de alto costo, conocidos como PACBI, hacia amigos y allegados. A cambio, habrían recibido retornos y dádivas.
Procesaron a Diego Spagnuolo por el entramado de coimas en ANDIS
¿Quiénes son los otros procesados?
En total, Lijo dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de 19 personas y amplió el de otras cinco que ya estaban procesadas. Entre los nuevos imputados hay empresarios vinculados con firmas proveedoras de la ANDIS:
- Emilio César Olguín, de Expo Trauma S.A.
- Evangelina Ileana García y Martín Gonzalo Armella, de Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A.
- Claudio Alejandro Kahn, de Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A.
- Osmar Mariano Caballi, de Farma Salud S.R.L.
También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con Laboratorio Ortopédico Sagués S.R.L., Probock S.R.L. y Prolite Orthopedics S.R.L. La lista sigue con Humberto Gabriel Maone, de Med-El Latino América S.R.L., y Nicolás Luna, de Meridius S.A.
Completan el grupo Fabián César Piedimonte, de Neurosalud S.A., Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat S.R.L., y Patricio Oscar Acosta, relacionado con Bymax Medical S.R.L. y Sistemas Médicos Globales S.R.L., entre otras firmas.
Dentro del organismo, el juez procesó a Fabián Alexis Parlakian, Matías Javier Palotti Bertola y Alberto Patricio Denholm. Habrían tenido funciones en la gestión de invitaciones a proveedores, la coordinación de procedimientos, el manejo de información interna y el seguimiento de pagos.
En otro tramo, Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro fueron procesados por asociación ilícita y lavado de activos agravado. La imputación surge de circuitos financieros y comerciales ligados a Calvete y a la sociedad Baires Fly S.A. Lautaro Valentín Brítez fue procesado como miembro de la asociación ilícita.
Además, el magistrado dictó la falta de mérito de 11 personas indagadas, cuya situación deberá seguir investigándose.
Corrupción en ANDIS: Así funcionó la red de coimas y sobreprecios que montaron entre libertarios y macristas
Sobreprecios y funcionamiento del esquema
La investigación analizó seis segmentos de insumos: amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología. Un relevamiento técnico del Ministerio de Salud detectó diferencias de precios de al menos $1.849.277.963 en determinadas operaciones.
Esa cifra se suma a los $5.984.594.394,24 ya identificados en medicamentos, lo que da un total de $7.833.872.357,24. La resolución aclara que es una estimación provisoria y parcial, elaborada solo con las operaciones que pudieron compararse con valores de referencia.
Según el fallo, la organización actuó dentro y fuera de la ANDIS. La integraron funcionarios, operadores externos como Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios proveedores y personas encargadas de recibir y trasladar los fondos.
El mecanismo consistió en manipular los procesos de contratación. La resolución menciona la elección arbitraria de proveedores, el uso de información privilegiada, la simulación de competencia y la adjudicación dirigida.
También existió una gestión de pagos en favor de determinadas empresas. Eso habría generado beneficios indebidos para los proveedores y retornos para funcionarios y otros miembros.
Para el juez, la repetición de estas prácticas, los vínculos entre los protagonistas y las comunicaciones y operaciones documentadas indican que “no se trató de irregularidades aisladas, sino de una actuación organizada y sostenida en el tiempo.”
La resolución se apoya en lo que había dicho la Sala II al analizar las compras realizadas por el sistema SIIPFIS. Allí señaló que “fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”.
Lijo advirtió, además, que “la significación penal de los hechos investigados no se agota en los sobreprecios que pudieron cuantificarse hasta el momento”.
La investigación está delegada en el fiscal Franco Picardi. Según su dictamen, hasta ahora se comprobó la participación de más de veinte empresarios, a través de más de treinta firmas. El esquema habría sido conducido desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, y desde el privado por Calvete y Atchabahian.