Mientras salen a la luz nuevas transferencias de José Luis Espert, se conoció que el ministerio encabezado por Patricia Bullrich estuvo reubicando y desarticulando los Centros de Inteligencia Criminal Regionales, dedicados a recopilar y analizar información sobre el narcotráfico.
La investigación judicial sobre los vínculos entre el diputado José Luis Espert y el empresario Fred Machado, próximo a ser extraditado a Estados Unidos acusado de narcotráfico, volvió a exponer el impacto del ajuste y la desregulación que del gobierno de Javier Milei en materia de seguridad y aeronáutica.
Un ejemplo de esto son las medidas de “liberación” del transporte aéreo impulsadas por el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el desmantelamiento silencioso de servicios de inteligencia criminal en la cartera de Seguridad, que lidera la candidata libertaria en suelo porteño Patricia Bullrich.
En cuanto a Espert, cabe señalar que recientemente su domicilio fue allanado en la causa por lavado de dinero que abrió la Justicia argentina y en los últimos días se conocieron incluso más ingresos de dinero correspondientes a 2019.
Patricia Bullrich y el desmantelamiento de la inteligencia criminal federal
Según reveló Hugo Alconada Mon para La Nación, el Ministerio de Seguridad nacional comenzó a reubicar y desarticular los Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE) durante los últimos meses. Estos nodos estratégicos sirven para recopilar y analizar información sensible sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en puntos clave del país.
La orden fue emitida por Ramiro Anzit Guerrero, director nacional de Inteligencia Criminal y colaborador de máxima confianza de Bullrich. Los cambios provocaron el cierre o mudanza de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además de forzar traslados de expertos con conocimiento territorial y vínculos consolidados con tribunales.
Los traslados afectaron a coordinadores del NOA, NEA, Patagonia Sur, Patagonia Norte y Buenos Aires/CABA. Se ordenó también el cierre de oficinas en Córdoba y Mar del Plata, esta última que funcionaba bajo comodato. Hubo además reubicaciones forzadas de personal entre Buenos Aires y Rosario.
La reestructuración coincidió con el regreso de Anzit Guerrero a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Su paso previo por el área durante el gobierno de Mauricio Macri había terminado con un sumario que derivó en su salida.
Los cambios comenzaron la noche del 20 de mayo, cuando el personal recibió un correo electrónico ordenando mudanzas y traslados con plazos de entre 15 a 25 días, sin contemplar situaciones familiares ni distancias que en ocasiones ascendían a miles de kilómetros.
“La intención es desarmar los CICRE y quizá forzar retiros para ocupar esos cupos con gente propia; si no, no se entiende, porque en ciertos casos hasta bloquearon las vacaciones de julio“, denunció uno de los afectados al medio:
“Varios profesionales llegaron o están por llegar a los 20 años de servicio en diciembre y podrían solicitar el retiro con el 65 por ciento de su jubilación. Quizá sea eso”.
El argumento oficial es que no se trata de una “desarticulación“, sino que sería un “redespliegue” y una “reformulación”, lo que a todas luces es un eufemismo. “El objetivo es cubrir y fortalecer las zonas calientes donde tenemos los planes vigentes“, aseguraron, como el plan Güemes en NOA, el plan Bandera en Rosario, el plan Guacurarí en NEA y el plan 90-10 en AMBA.
La orden no respondía a razones presupuestarias, según aclaró el propio Ministerio en un segundo correo electrónico enviado el 21 de mayo. Pero aunque se invitó al personal a postularse para destinos disponibles, entre ellos no estarían Bahía Blanca y Entre Ríos. A los interesados les aclararon que no cobrarían plus salarial ni se les pagarían los traslados.
Informes del Ministerio de Seguridad revelan que Bullrich conocía las actividades de Machado y sus lazos con Espert
¿Qué son los CICRE?
Cabe recordar que los CICRE surgieron como un intento por federalizar la inteligencia criminal. Se proyectaron en 2013 y 2014, pero comenzaron a funcionar en 2016, bajo la primera gestión de Bullrich, con Eugenio Burzaco como secretario de Seguridad.
En junio de ese año, la ministra los presentó junto al entonces titular de la SIDE, Gustavo Arribas, como una herramienta para “desplegar investigaciones que desbaraten por completo las organizaciones criminales” y “descentralizar la inteligencia criminal“.
Se anunciaron siete regionales: NOA (Salta, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán), Centro (Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe), NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), Cuyo (La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis), Patagonia Norte (Chubut, Neuquén y Río Negro), Patagonia Sur (Santa Cruz y Tierra del Fuego) y Buenos Aires/CABA.
El objetivo era que los CICRE sirvieran de ámbito de reunión de todas las agencias provinciales y federales vinculadas a la seguridad, incluyendo servicios penitenciarios, Bomberos, Rentas, Aduana, Migraciones, PSA y Prefectura. El esquema se formalizó con una resolución secreta del Ministerio, en coordinación con un proyecto del FBI sobre “centros de fusión”.
Los CICRE vivieron su etapa más activa hasta 2018, cuando recibieron vehículos, equipamiento y capacitación de agentes del FBI en Ushuaia. El impulso se diluyó desde 2020 con la pandemia y la presidencia de Alberto Fernández. Sin embargo, fue la administración de Bullrich la que paradójicamente está avanzando con su cierre.
Actualmente, cerró la oficina de la regional NOA en Salta, mientras continúa operativa (con una empleada) la oficina en Jujuy porque el gobierno provincial paga el alquiler. En Iguazú y La Plata deberán replantear la operatoria. En Bariloche, nueva sede del CICRE para Patagonia Sur, habrá que empezar casi de cero.
Los movimientos financieros de Espert bajo la lupa
Franco Mizrahi y Ari Lijalad revelaron para El Destape que José Luis Espert ingresó 420.000 dólares a la Argentina el 25 de octubre de 2019, dos días antes de las elecciones presidenciales.
El dato surge de documentos que constan en oficinas públicas a los que accedió el medio. Esa campaña, en la que cosechó apenas el 1,47% de los votos, fue financiada por Fred Machado, con quien Espert tenía un contrato por 1 millón de dólares.
Hasta ese momento se sabía que Espert había recibido 200.000 dólares de Machado a principios de 2020. Pero los nuevos documentos permiten reconstruir que el diputado libertario ingresó más del doble de esa cifra varios meses antes, al final de la campaña electoral y justo antes de comprar la casa en la que vive en Beccar, partido de San Isidro.
La cronología registrada muestra que el 3 de julio Espert había ingresado 20.000 dólares. Entre julio y octubre de ese año ya tenía 440.000 dólares. Se suman a los 200.000 que recibió a principios de 2020 con la excusa de una asesoría a una minera guatemalteca que nunca concretó. En total, el excandidato de La Libertad Avanza sumó 640.000 dólares en apenas 8 meses.
Luego de recibir los 420.000 dólares el 25 de octubre de 2019, el 1 de noviembre, compró su casa de 250 metros cuadrados en San Isidro. Además, Machado le aportó aviones, una camioneta blindada y fondos para la campaña electoral que nunca fueron rendidos ante la Justicia Electoral.
Cabe recordar que el contrato de los 200.000 dólares apareció sospechosamente en el tacho de basura de Machado durante el allanamiento al domicilio donde cumplía prisión domiciliaria desde 2021.
Según ese documento, en junio de 2019 acordaron el pago de 1 millón de dólares, de los cuales 100.000 se abonaron en el momento y el resto en cuotas de 100.000 mensuales. Si se respetó la letra del contrato, para octubre de 2019 Espert ya había cobrado cinco cuotas, es decir, 500.000 dólares. Y trajo a la Argentina 440.000 en dos movimientos.
En marzo de 2020, Espert se compró un auto BMW M240I fabricado ese mismo año, valuado en 90.000 dólares. La adquisición del vehículo coincide temporalmente con el giro de 200.000 dólares reconocido por el diputado. Lo mismo sucede con la casa de Beccar.
Imputaron a Espert por lavado de dinero y allanaron la casa de Fred Machado en medio del escándalo narco
La herencia que recibió Espert
En este contexto, el dirigente y candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, denunció a Espert por lavado de activos, apuntando que “la evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado”, un aumento del 800% en dos ejercicios fiscales.
Espert había dicho que su crecimiento patrimonial se debió a una herencia por la muerte de su padre. En su declaración jurada de 2022 hay dos referencias a una herencia pero es una suma muy baja en relación a la adquisición de la casa de Beccar y el BMW.
La herencia declarada es una propiedad en Pergamino que ingresó a su patrimonio en enero de 2020 y de la que dijo tener el 33%, equivalente a 4 millones de pesos en aquel período; también declaró como herencia un patrimonio de empresas por menos de 500.000 pesos.
Entre la desregulación aeronáutica y los operativos fallidos
Más allá de esto, cabe señalar que el gobierno de La Libertad Avanza también mostró un marcado interés en desregular la industria aeronáutica. En 2024, Javier Milei firmó un decreto que desreguló los controles sobre las empresas aéreas.
Esta medida fue complementada en abril de 2025 con una resolución de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), que fue celebrada públicamente por Federico Sturzenegger, su ideólogo y actual ministro de Desregulación. Según explicó, la Resolución 265/25 “facilita los trámites para obtener el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo”.
El trámite pasó de demorar meses a ser “esencialmente una declaración jurada”, eliminando “requisitos insólitos” como la presentación de balances certificados, la justificación de bienes, los antecedentes penales y las inspecciones previas.
En los hechos, esto implica que en un máximo de 15 días cualquier persona (argentina o extranjera) con un avión pueda transportar pasajeros y mercancía con “total libertad”, lo que facilita operaciones de dudosa legitimidad.
Un ejemplo de esta nueva facilidad fue la creación de Hummings Airways, fundada por tres jóvenes sin experiencia, aviones propios ni rutas asignadas. Para su lanzamiento contó con la presencia de Sturzenegger y Daniel Scioli. Llamativamente, la empresa hizo dos vuelos y no volvió a operar, pero conserva todas las autorizaciones.
Esto se vuelve aun más curioso cuando se observan los resultados (o falta de ellos) de Patricia bullrich a la hora de detectar ni interceptar activamente vuelos relacionados con el narcotráfico.
Sin ir más lejos, en octubre de 2024 ocurrió el caso Pueblo Andino: una avioneta con 475 kilos de cocaína aterrizó en un campo de Santa Fe. Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, anunciaron un “operativo exitoso”.
En realidad, las fuerzas de seguridad llegaron más de dos horas después, alertadas por un ruralista. El piloto, un militar boliviano implicado en la “masacre de Sacaba”, fue detenido al día siguiente. Según su testimonio, el destino final de la avioneta era Pergamino.
En enero de 2025 se registró el caso Ibicuy: otra avioneta con 359 kilos de cocaína aterrizó forzosamente. Bullrich lo presentó inicialmente como un logro, pero en realidad fue un accidente. La aeronave pertenecía a un narcotraficante peruano y había sido comprada a la empresa de transportes “El Nacional”, cuyos propietarias son Vidal Bada Vázquez y María Cecilia Roncero.
Bada Vázquez es un personaje que aparece recurrentemente en esta trama. En 2016 viajó con Fred Machado desde Colombia, y es presentado por Bullrich como un “emprendedor familiar” y un ejemplo de pyme.
El dato es que, tanto ella como la diputada provincial Florencia Arietto, han visitado su fábrica de lácteos y la acompañaron en actos para promover la “ley antibloqueo“. Además, la empresa también recibió fondos de Machado.
