Los médicos de cabecera de PAMI comenzaron un paro de 72 horas ante el ajuste que el gobierno de Javier Milei viene realizando a sus salarios y cada vez más organismos advierten que el desfinanciamiento de la institución podría llevar a un colapso sanitario para los jubilados.
Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron esta semana un paro de 72 horas en rechazo a una resolución que recorta significativamente sus ingresos, en el marco del ajuste fiscal impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
En simultáneo, los jubilados afiliados convocaron a una concentración para este miércoles frente a la sede central de la obra social, en reclamo por el recorte de medicamentos gratuitos y el deterioro general de las prestaciones.
Los médicos: menos ingresos, más obligaciones
La medida de fuerza fue impulsada principalmente por APPAMIA (Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines) y tiene como blanco directo a la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP, firmada por las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
La norma modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera eliminando la consulta presencial como unidad de ingreso, incorporando un mayor número de prestaciones dentro de un pago fijo mensual por afiliado, y suprimiendo el incentivo económico vinculado a la formación profesional continua.
El resultado de esos cambios es una reducción de honorarios que supera en algunos casos el 50%. Un médico con jornada completa que percibía aproximadamente $2.100.000 mensuales pasaría a cobrar alrededor de $1.400.000.
En los casos más extremos, un profesional con 400 pacientes a cargo que antes recibía cerca de $1.600.000 podría ver sus ingresos caer a menos de $850.000.
Fernanda Scoccia, secretaria de APPAMIA, explicó en declaraciones radiales que el recorte tiene un origen fiscal preciso: “La explicación de PAMI de rebajar los sueldos es porque el Ministerio de Economía les debe unos $500 mil millones que no se los dan porque hay que recortar el presupuesto”.
También advirtió sobre las consecuencias sanitarias de la medida: “Esto es un genocidio y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Al paciente de la tercera edad no lo podés dejar sin atención médica porque tiene enfermedades de base complejas“.
Los profesionales sostienen que el monto de $2.100 por paciente por mes no alcanza para sostener los costos básicos de un consultorio, que incluyen alquiler, personal administrativo y conectividad.
A eso se agrega que el sistema informático de validación de consultas falla con frecuencia, lo que obliga a los médicos a cargar los datos fuera del horario laboral.
Desde APPAMIA describieron que los profesionales deben “validar la consulta después de las 10 de la noche, y tiene que ser antes de las 12 de ese mismo día para que no entre fuera de rango y no se lo descuenten”.
Pese al paro, la agrupación confirmó que las urgencias médicas quedarán cubiertas durante la medida de fuerza. Al mismo tiempo, la organización presentó ante el PAMI una propuesta alternativa que establece una cápita mínima de $6.500 por paciente como piso para garantizar la viabilidad del sistema, y evalúa iniciar acciones legales contra la resolución.
Javier Milei dejó a 3 millones de jubilados sin medicamentos gratuitos de PAMI
Los jubilados: sin medicamentos y sin respuestas
El Plenario de Trabajadores Jubilados convocó para este miércoles a una concentración desde las 11 horas frente a la sede central del PAMI, ubicada en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires.
La protesta incluirá una olla popular y una conferencia de prensa. Por la tarde, los manifestantes marcharán hacia el Congreso para reclamar un aumento de emergencia en las jubilaciones y la restitución de los medicamentos sin cargo.
El reclamo de los jubilados se enmarca en una serie de recortes que impactan directamente en sus prestaciones. El más reciente y significativo fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el Gobierno de Milei la semana pasada.
Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas (entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias) y estaba diseñado para fortalecer los centros de atención primaria. Finalizó el 1° de abril, se prorrogará dos meses, y luego será reemplazado por una cobertura de menor alcance.
Los jubilados denunciaron en un comunicado que el ajuste del Gobierno está dejando a los afiliados sin acceso real a la atención médica y a los medicamentos: “Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos”.
Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa y sometida a una auditoría participativa.
PAMI acumula una abultada deuda con las farmacias y pone en riesgo la atención a jubilados en varias provincias
PAMI bajo ajuste: deudas, recortes y vaciamiento
La crisis no se limita al vínculo con los médicos de cabecera. El PAMI acumula deudas millonarias con múltiples actores del sistema de salud.
Según datos del sector farmacéutico, la deuda total pendiente de cobro por parte de la obra social ronda los $270.000 millones, de los cuales más de $180.000 millones corresponden a saldos vencidos de enero, febrero y la primera quincena de marzo.
Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), alertó que más de 10.000 farmacias atraviesan dificultades severas: “Tenemos prestaciones del mes de enero sin abonar”.
Según explicó, la ruptura de la cadena de pagos impide a los farmacéuticos reponer stock en las droguerías, lo que amenaza directamente el acceso a medicamentos de los afiliados.
Las clínicas privadas que prestan servicios al PAMI enfrentan un panorama similar. Una de ellas, con una cartera de cerca de 15.000 afiliados, dejó de recibir en marzo el 15% restante de los pagos correspondientes a diciembre.
Su propietario fue contundente: “No podemos financiar más al PAMI”. En otro establecimiento con capacidad para 100 camas, ninguna nueva internación de afiliados fue registrada en los últimos días, no por falta de demanda sino porque la obra social dejó de pagar el total de las atenciones durante marzo.
En paralelo, empleados de la Gerencia de Auditoría Prestacional (GAP) del PAMI protagonizaron protestas internas contra lo que denunciaron como un “desguace” del área, cuyo rol es controlar infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social.
A su vez, trascendieron cuestionamientos a licitaciones otorgadas a empresas vinculadas al entorno del poder. El PAMI adjudicó contratos a Oxígeno y Tecnología (cuyo apoderado habría sido un ex funcionario del organismo cercano a Caputo) y realizó contrataciones inmobiliarias con Inversora Eslava, empresa con vínculos con el entorno de los Menem.
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Aumenta el riesgo de colapso sanitario
Las señales de alarma provienen de múltiples sectores. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que calificó la situación del PAMI como crítica y advirtió sobre un posible colapso de la atención a jubilados.
Según la entidad, los valores actuales de la cápita representan “una cifra indigna que no cubre ni los costos básicos de una sola consulta“. El comunicado alertó que el Estado está empujando a los profesionales fuera del sistema:
“Al asfixiar a los prestadores, el Estado está dejando a los jubilados sin cobertura real. Es un abandono de persona institucionalizado hacia la población más vulnerable de nuestro país”.
El impacto se está trasladando hacia los hospitales públicos y los centros de atención primaria municipales. Intendentes del Conurbano bonaerense registraron un aumento significativo en la demanda de atención en sus centros de salud, así como en los pedidos de vacunas y medicamentos que antes eran cubiertos por el PAMI o por Remediar.
El secretario de Salud de un municipio del norte del Conurbano describió el escenario con alarma: “Los viejos se van a morir en los hospitales sin ningún tipo de dignidad. Esto va a ser peor que la pandemia cuando llegue el invierno”.
Fuentes del sector privado de salud describieron la situación como “terminal”, advirtiendo que el cierre de clínicas y sanatorios PAMI-dependientes ya no es una hipótesis sino una realidad en curso.
Desde APPAMIA, los dirigentes advirtieron sobre un posible “éxodo masivo de profesionales” que, de concretarse, desplazaría la demanda hacia clínicas privadas y hospitales públicos, intensificando la presión sobre un sistema que ya muestra señales de saturación.
El PAMI atiende a más de cinco millones de beneficiarios, en su mayoría adultos mayores con enfermedades crónicas que requieren seguimiento continuo, lo que convierte cualquier interrupción en la atención en un riesgo concreto para la salud de esa población.
