PAMI atraviesa una brutal crisis financiera que no solo volvió a poner a Mario Lugones en el ojo de la tormenta, sino que además dejó al descubierto las tensiones entre el ministro de Salud y el equipo Caputo-Sturzenegger, encargado de motorizar el ajuste de Javier Milei.
La crisis financiera que atraviesa el PAMI dejó al descubierto una tensión que venía acumulándose en silencio dentro del gobierno de Javier Milei.
En el centro de la disputa aparecen el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger, por un lado, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por el otro.
Lugones lleva varios días en una posición cada vez más frágil, cuestionado tanto por la gestión sanitaria como por las tensiones que genera su figura dentro del gabinete. Es por eso que recientemente circulan versiones de su eventual salida.
¿Qué está pasando en PAMI con Javier Milei?
La obra social más grande de América Latina enfrenta una situación crítica. Con más de 5,4 millones de afiliados en todo el país, el PAMI dejó de pagar con regularidad a clínicas, sanatorios y hospitales privados desde finales del año pasado, generando una cadena de restricciones que afecta directamente a los jubilados.
Sin ir más lejos, en Olavarría, Azul y Bolívar, los afiliados comenzaron a pagar de su bolsillo la consulta al médico de cabecera. En Córdoba, el cierre del Sanatorio Sudeste en Marcos Juárez obliga a los jubilados a trasladarse 120 kilómetros hasta Villa María para recibir atención, mientras que en la provincia mediterránea el sistema colapsó en términos generales.
En distintas regiones del país, los médicos comunicaron que mientras el PAMI no regularice sus deudas, atenderán a los afiliados como pacientes particulares. El mecanismo que sufre el jubilado sigue un patrón que se repite: el médico receta un estudio, el paciente saca turno, y cuando llega al lugar se encuentra con el cupo agotado.
“El jubilado tiene que venir al PAMI para conseguir una orden de prestación para que pueda autorizarse“, explicó Susana Núñez, secretaria de Finanzas de la seccional 6 del gremio UTI. En ese esquema, la prioridad se da a los casos preoperatorios y oncológicos, mientras el resto queda en lista de espera.
La deuda con prestadores privados supera los 500 mil millones de pesos (cerca del 14% del presupuesto de 10,17 billones asignado al organismo para 2026), y se acumula sobre un reclamo previo que ya existía antes de los diferimientos: los aranceles que paga el PAMI por las prestaciones llevan tres años congelados.
El gremio ATE denunció además que desde el inicio de la gestión de Javier Milei no se compraron elementos de fisiatría y que se empezaron a cobrar aranceles diferenciados por algunas prestaciones. Al mismo tiempo, al menos 230 empleados del organismo fueron despedidos en distintos puntos del país desde enero, en muchos casos sin previo aviso.
Desde la conducción del PAMI justificaron las desvinculaciones apelando a una duplicidad de funciones y al incumplimiento de tareas, pero los gremios lo interpretaron como parte de un ajuste que busca reducir la capacidad operativa del organismo.
En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados por parte de prestadores que no reciben pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin margen efectivo de acción. En ese contexto, Milei designó a María Florencia Zicavo como nueva síndica general del INSSJP, intentando dar una señal de control interno en un momento de máxima presión.
Las denuncias sobre irregularidades también apuntan hacia adentro del organismo. Viviana Aguirre, ex funcionaria del PAMI y referente libertaria, sostuvo que la causa principal del rojo en las cuentas es la corrupción: “sobreprecios en todas las cosas” que en la gestión actual “los triplicó“, según sus propias palabras, con valores “cuatro, cinco, diez veces más caros”.
Una reunión que dejó expuesta la interna
El miércoles, Lugones se reunió con Caputo en el Palacio de Hacienda. El comunicado oficial habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero la lectura puertas adentro fue diferente. Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo no habilitó ninguna respuesta inmediata para el PAMI ni abrió ninguna excepción presupuestaria.
El ministro dejó claro que no está dispuesto a negociar el ajuste. “La postura es que, si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen“, resumió una fuente cercana a la negociación. La frase funcionó menos como una decisión técnica y más como una señal hacia adentro del gabinete.
Los encargados de impulsar el ajuste son Caputo y Sturzenegger. El titular del Ministerio de Desregulación opera como garante ideológico del déficit cero y tiene capacidad de veto sobre cualquier asignación de recursos. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, describió una fuente con acceso a información sobre la dinámica interna.
En medio de su esquema de flexibilización, semanas antes Sturzenegger avanzó con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas, derogando una resolución de 2012 que protegía a los laboratorios nacionales.
La medida responde a exigencias del acuerdo con Estados Unidos y afecta directamente intereses con los que Lugones tiene vínculos históricos. El ministro había resistido esa modificación durante meses, pero terminó cediendo, un episodio que dejó claro el margen acotado que tiene frente al núcleo económico.
La reunión del miércoles no hizo más que confirmar ese mapa de poder. Lugones llegó con un problema urgente y salió sin ningún compromiso concreto. La situación del PAMI quedó igual que antes, y la discusión real sobre los recursos pasó a depender de lo que decidan quienes los controlan.
En ese tablero también aparece Karina Milei, que según distintas fuentes observa con atención el devenir del organismo. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, señalan voces del propio oficialismo.
Desde el entorno de la secretaria General de la Presidencia relativizan ese interés, pero la lectura interna apunta a que, si se abre una ventana, no dudará en avanzar. El límite que señalan incluso dentro del oficialismo es que Karina Milei no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios.
Entre los nombres que circulan como posible reemplazo de Lugones aparece el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales. El entorno de los primos Menem lo tendría como referencia técnica.
Su nombre empezó a sonar con más fuerza a medida que la figura de Lugones muestra señales de desgaste. El interés de Karina para avanzar sobre su lugar tiene sentido si se tiene en cuenta que es una de las figuras que depende de Santiago Caputo.
Los aportes de los trabajadores de Salud
A la crisis del PAMI y a la interna con Economía se suma una denuncia que agrava aún más el panorama de Lugones. Según publicó el portal Diagonales, trabajadores del propio Ministerio de Salud detectaron que desde hace al menos tres meses la cartera dejó de depositar en tiempo y forma los haberes de la seguridad social.
Fuentes del ministerio consultadas por ese medio indicaron que parte de esa masa de dinero retenida podría tener como destino fondos comunes de inversión. No sería la primera vez: en 2024, durante el conflicto con los médicos del Hospital Garrahan, el balance financiero de ese año reveló la conformación de un FCI con el Banco Nación por 44 mil millones de pesos.
La maniobra es visible en los propios recibos de sueldo: los trabajadores pueden constatar que los aportes no se depositaron o se hicieron de manera irregular, con los días de retraso necesarios para redirigir los fondos.
“No solo corre riesgo la cobertura social sino también algunos préstamos con mutuales que el ministerio tampoco está pagando”, señalaron fuentes vinculadas al caso citadas por el portal.
El mecanismo se asemeja, en los hechos, al cuestionado Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que el propio Caputo incluyó en la Reforma Laboral y que permitiría este tipo de operaciones con salarios de trabajadores, aunque su aplicación está frenada por la Justicia.
Más allá de esto, lo cierto es que Salud es una de las carteras con menor ejecución presupuestaria de toda la administración.
Lugones ya arrastraba conflictos por la discontinuidad del Programa Remediar, la deuda del PAMI con prestadores y la incorporación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras el escándalo de las coimas que comenzó el año pasado.
