Estados Unidos presiona para que América Latina duplique su gasto en Defensa, lo que pone al Gobierno de Javier Milei ante el dilema de congraciarse con Donald Trump o defender el ajuste. ¿El libertario está allanando el camino para aumentar el gasto militar?
Estados Unidos presiona a los países de América Latina para que incrementen su gasto en Defensa y avancen en la compra de armamento norteamericano, en una avanzada que podría implicar duplicar las partidas militares de la región.
La exigencia de la administración de Donald Trump pone en aprietos al superávit fiscal que el Gobierno de Javier Milei exhibe como uno de sus principales logros. Sin embargo, no es la única alarma que enciende para el país.
El Presidente argentino insiste con denuncias sobre supuestos intentos de golpe de Estado y de juicios políticos en su contra, un relato que podría allanarle el camino para justificar un mayor gasto en el área frente a la Casa Blanca e incluso una reforma que siga los pasos de Perú.
Washington quiere que Latinoamerica gaste más en defensa
El reclamo de Estados Unidos se formalizó durante la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), realizada en Cusco, Perú, donde una delegación de alto nivel del Departamento de Guerra estadounidense expuso ante los países de la región.
El principal vocero fue el subsecretario de Guerra para Políticas, Elbridge Colby, quien remarcó que “es fundamental que inviertan más en su propia defensa“. Todo esto pese a que la mayoría de los países de la región no enfrenta conflictos militares.
Colby cuestionó que varios países del continente destinen menos del 1% de su PBI a Defensa, cuando el promedio regional se ubica entre 1,2% y 1,3%, un nivel que calificó como “una afrenta al sentido común”.
El funcionario vinculó ese déficit de inversión con el avance del narcotráfico y el crimen organizado transnacional, y sostuvo que el problema afecta directamente a Estados Unidos: “esto no solo nos afecta indirectamente, nuestra gente está muriendo en grandes cantidades a causa de las drogas que ingresan a nuestro país y la delincuencia que las acompaña”.
El planteo de Washington se enmarca en lo que Colby definió como la “enmienda Trump a la Doctrina Monroe” o “Donroe Doctrine”, una estrategia que busca aliados “confiables y eficaces” en el hemisferio, capaces de asumir su propia defensa en lugar de depender del apoyo estadounidense.
En ese sentido, la propuesta concreta apunta a que los países eleven su gasto militar al 3,5% del PBI, con un 1,5% adicional destinado a áreas de seguridad, en línea con las exigencias que Washington ya había trasladado a sus socios europeos en el marco de la OTAN. Alcanzar esa meta implicaría, para el promedio regional actual, un incremento cercano al 170%.
En el caso argentino, que según el Banco Mundial destina apenas 0,6% del PBI a Defensa (uno de los porcentajes más bajos de la región), acercarse al promedio latinoamericano exigiría duplicar la inversión actual, mientras que llegar al objetivo sugerido por Estados Unidos demandaría multiplicarla por más de cinco.
La única etapa donde el Estado Nacional llegó a invertir cantidades similares en Defensa fue a fines de los años ’70, en un contexto de militarización, persecución interna y dictadura militar, que llevó el presupuesto para el área a representar hasta 4,7 puntos del PBI.
Más allá de que el gobierno asegura haberle “devuelto el respeto” a las Fuerzas Armadas, en mayo pasado dispuso un recorte de casi $50.000 millones en partidas de Defensa, lo que dejó sin financiamiento a programas de reequipamiento previstos dentro del Plan de Modernización de las Fuerzas Armadas (Plan ARMA).
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Las insólitas denuncias de Milei sobre golpes e impeachments
Lo alarmante es que, en este contexto, Javier Milei volvió a insistir en sus insólitas acusaciones contra la oposición, a la que acusó de intentar hacerle un golpe de Estado y “sembrar el terror en las calles”, lo que en rigor es una acusación de terrorismo.
Durante una conferencia en la Universidad San Martín de Porres, en Perú, donde fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa, el mandatario aseguró que el Congreso impulsó siete pedidos de juicio político en su contra y afirmó que se trató de un intento de golpe de Estado.
“Nosotros, el año pasado, tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso envió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico. Intentó un golpe de Estado con siete intentos de juicio político y, además, sembraban el terror en las calles“, sostuvo Milei ante el auditorio universitario.
Sin embargo, ninguno de los pedidos de juicio político presentados contra el Presidente obtuvo dictamen de comisión ni fue tratado en el recinto, pese a que varios de ellos lo acusan de mal desempeño de sus funciones y de posibles delitos en el ejercicio del cargo, como en el caso $LIBRA.
El primer pedido formal se presentó en abril de 2024. Luego se sumaron dos proyectos del bloque Unión por la Patria (el último presentado por el diputado Juan Marino) y uno más del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, a través de los legisladores Romina Del Plá y Néstor Pitrola. Todos permanecen sin avanzar en la Cámara baja.
Un dato central para entender por qué estos pedidos no prosperaron es que la propia Comisión de Juicio Político del Congreso está controlada por el oficialismo: su presidenta es la diputada Lilia Lemoine, una de las legisladoras más cercanas a Milei, quien asumió el cargo el 31 de marzo pasado.
Desde que comenzó su gestión, la comisión nunca llegó a funcionar, luego de que un conflicto interno por la designación de autoridades (que en un primer momento iba a estar a cargo de la diputada Marcela Pagano) derivara en un enredo administrativo y la eventual ruptura con la legisladora.
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Los anuncios de Perú podrían ser un antecedente peligroso
Más allá del impacto fiscal, las denuncias de Milei sobre golpes de Estado y complots en su contra podrían derivar en medidas de mayor alcance si el Gobierno decide profundizar ese discurso, tomando como referencia lo ocurrido esta semana en Perú.
Keiko Fujimori asumió el martes la presidencia peruana y, en su discurso de investidura ante el Congreso, anunció que las Fuerzas Armadas pasarán a liderar las operaciones de seguridad y el control del orden interno en las zonas afectadas por el crimen organizado durante los estados de emergencia.
“Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos“, afirmó Fujimori.
La medida apunta a enfrentar al narcotráfico y a la minería ilegal, y se enmarca en una estrategia de “mano dura” que la propia mandataria dijo inspirarse en las políticas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Entre sus propuestas también figura la construcción de una cárcel de máxima seguridad.
El anuncio se dio en un contexto de fuerte inestabilidad política: Fujimori es la novena presidenta que asume en Perú en la última década y reemplazó al mandatario interino José Balcázar. Antes de que comenzara su discurso, la bancada de izquierda se retiró del recinto en señal de rechazo.
Actualmente, Perú mantiene el estado de emergencia en las provincias fronterizas con Ecuador, Tumbes y Zarumilla, en momentos en que el país atraviesa uno de los años con mayores índices de criminalidad de la última década.
