La ONU advirtió por el rápido retroceso del país en materia de Derechos Humanos provocado por el brutal ajuste que viene llevando adelante Javier Milei en el área y el alarmante intento de imponer posturas negacionistas con respecto al Golpe de Estado de 1976.
A pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado de 1976, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un comunicado en el que expresa preocupación por el efecto que están teniendo las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei sobre las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina.
El documento señala que el país, considerado durante décadas un modelo internacional en justicia transicional, atraviesa un proceso de retroceso en ese campo, producto del brutal ajuste que el gobierno libertario viene llevando adelante en el área.
¿Qué dice el informe de la ONU?
El texto reconoce los avances históricos que posicionaron a Argentina como referencia mundial en la materia. “Aunque con vaivenes y lagunas, durante décadas el país avanzó enormemente en la lucha contra la impunidad y en garantizar los derechos a la verdad y a la memoria”, sostienen los firmantes.
Mencionan la creación de la CONADEP, el Juicio a las Juntas, la condena a más de 1.231 represores, la implementación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), la restitución de identidad de 140 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo, y el establecimiento de sitios de memoria en todo el país.
Sin embargo, el informe advierte que esto está en riesgo. “Lamentablemente, hoy estamos observando un rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina en este ámbito”, afirman. Los expertos señalan que desde 2024 enviaron seis comunicaciones al gobierno argentino expresando preocupación por distintas medidas regresivas, sin que se hayan producido cambios.
Entre las acciones cuestionadas, el informe menciona la reducción del rol del Estado en la promoción de investigaciones penales por crímenes de lesa humanidad, los obstáculos en el acceso a archivos de la dictadura, y el debilitamiento de los mecanismos de reparación y asistencia a las víctimas.
También señalan el desmantelamiento de instituciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas y la conservación de archivos históricos. “Estas medidas socavan los cimientos de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, a la vez que debilitan las garantías de no repetición“, indica el documento.
Frente a ese panorama, los expertos exigen una respuesta concreta: “Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”.
Asimismo, recuerdan que el cumplimiento de las obligaciones en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición no es discrecional. “Esto no es opcional”, subrayan.
El informe también aborda el aumento de discursos negacionistas en instancias públicas, incluyendo declaraciones que estigmatizan a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos, y que cuestionan la legitimidad de las políticas de justicia transicional.
“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, advierten los firmantes.
Por último, el documento se refiere a rumores difundidos en redes sociales sobre un posible indulto a militares condenados por crímenes de lesa humanidad. Los expertos fueron categóricos al respecto: “Los indultos por graves violaciones de los derechos humanos están estrictamente prohibidos por las normas perentorias del derecho internacional”. Y concluyeron:
“Argentina no puede cometer el mismo error otra vez. Por el contrario, debe consolidar y construir sobre su exitoso legado de justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición”.
El comunicado fue firmado por cinco expertos y organismos en derechos humanos avalados por la ONU: Bernard Duhaime, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, integrado entre otros por Gabriella Citroni; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; y Alice Jill Edwards, Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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El desmantelamiento de Milei
El informe de la ONU llega en el contexto de una serie de medidas concretas adoptadas por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) que afectaron estructuras estatales dedicadas a los derechos humanos y la memoria.
Entre las acciones documentadas se encuentran el desmantelamiento de los equipos de relevamiento de archivos de las Fuerzas Armadas, la disolución de las querellas que sostenía la Secretaría de Derechos Humanos en los juicios de lesa humanidad, y la eliminación del cuerpo de peritos que asistía en esos procesos judiciales.
A eso se suma la reducción de la CONADI y el vaciamiento de sitios de memoria, incluyendo espacios emblemáticos como el que funciona en el predio de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La propia Secretaría de Derechos Humanos fue degradada en su rango institucional.
En noviembre de 2024, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, cuestionó la cifra de desaparecidos y relativizó la magnitud de los crímenes cometidos durante la última dictadura ante un cuerpo de Naciones Unidas.
Cabe recordar que ese año también se registró la visita de Diputados Nacionales del oficialismo a genocidas recluidos en el penal de Ezeiza, lo que destapó toda una trama para intentar garantizarles el acceso a prisión domiciliaria o, directamente, su liberación.
En ese marco, también trascendió que el gobierno había evaluado proyectar un video en el museo del ex centro clandestino de la ESMA con motivo del 24 de marzo, con foco en la violencia previa al golpe. Según informó el Ministerio de Justicia, se trata de una “idea que no va a materializarse”.
Sin embargo, recientemente el Senado de la Nación dio otra muestra de la posición del oficialismo. Cuando se trató el proyecto para ratificar el compromiso del cuerpo con la Memoria, la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe de Estado, el bloque libertario decidió abstenerse.
La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, manifestó que su bancada acompañaría siempre y cuando la redacción “sea objetiva”. Sin embargo, lo que molestaba al oficialismo era la referencia al “terrorismo de Estado”, que el texto incluía.
La alternativa propuesta por los representantes de Milei reemplazaba esa formulación por la “condena a cualquier tipo de violencia”, eliminando además toda mención a la palabra “dictadura” y a los juicios por delitos de lesa humanidad.
En otras palabras, la estrategia libertaria era la de diluir la declaración para intentar imponer lo que desde el sector llaman “memoria completa”, que no es otra cosa que negacionismo y una reedición de la teoría de los dos demonios, con la intención de igualar los ataques de grupos guerrilleros con el plan sistemático de represión.
