Lourdes Arrieta reveló cómo se gestó la visita a genocidas en Ezeiza en una denuncia que presentó contra directivos del Servicio Penitenciario, el Diputado Beltrán Benedit y el padre Javier Olivera Ravasi, y aseguró que fue engañada para participar del encuentro.
La visita de seis Diputados Nacionales de La Libertad Avanza a genocidas recluidos en el penal de Ezeiza el pasado 11 de julio generó un cimbronazo dentro del bloque libertario, y en medio de cuestionamientos a los implicados, Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra directivos del Servicio Penitenciario Federal.
La Diputada libertaria había posado en el centro de la foto de la infame “visita humanitaria” organizada por el legislador Beltrán Benedit, estuvo en el eje de las críticas junto al resto de la comitiva, que completaron Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Rocio Bonacci.
En su presentación, reveló como se gestó el encuentro y expuso la participación de abogados, jueces y el padre Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida y figura vinculada a la Vicepresidenta Victoria Villarruel.
Además, Arrieta denuncia que viene recibiendo presiones por parte de integrantes de la Cámara de Diputados desde que estalló el escándalo y asegura que no comulga con las ideas de liberar genocidas. En un intento por limpiar su imagen, recientemente se presentó en el recinto con una copia del libro “Nunca Más”.
La denuncia de Lourdes Arrieta
La denuncia fue radicada en el juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y apunta contra el director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, al inspector general Fernando Martínez, director del Complejo penitenciario de Ezeiza, quien trabaja bajo la órbita de la Ministra Patricia Bullrich.
El pedido de la Diputada incluye la investigación por la posibilidad de que se hayan cometido delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, así como conspiración y malversación de caudales públicas.
También fueron denunciados Benedit, los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, Eduardo Riggi (exintegrante de la Cámara Federal de Casación Penal), Ferreyra, Montenegro y Sharif Menem (mano derecha de Martín Menem).
La presentación se suma a la denuncia que había presentado el juez Daniel Obligado (del Tribunal Oral Federal 5) ante el juez Kreplak para que se investigue el hecho.
En el caso de Arrieta, la legisladora libertaria habla de “visitas anteriores” a la del 11 de julio. “Debo mencionar que conforme consta en los grupos de la red social, anteriormente ya se habían organizado visitas y reuniones”, expresa el escrito, aunque “no he asistido a ningún tipo de reunión o visitas“.
Esto incluiría un encuentro con genocidas en Campo de Mayo, en la que habría participado el padre Javier Ravasi “y entiendo del personal con facultades suficientes del Servicio Penitenciario Federal”.
En este contexto, pidió que en la travesía a Ezeiza “se investigue si se han utilizados recursos de los ciudadanos para realizar esta visita por fuera de toda orden de tareas o trabajo legislativo”, como así también “la responsabilidad que pudiera caberle o no al jefe del servicio penitenciario y de la unidad del complejo penitenciario de Ezeiza en lo que respecta a los estándares de seguridad que hacen al ingreso a la unidad carcelaria”.
“No solo que no nos registraron para el ingreso, sino que, dentro de la unidad carcelaria se tomaron imágenes fotográficas con los propios teléfonos de algunos de mis compañeros”, completó.
La organización de la visita
Arrieta asegura que fue engañada por Benedit, quien hablaba de la visita como una “visita humanitaria” y la puso en contacto con “un tal ‘padre’ Javier Ravasi, quien me inspiraba por demás confianza en términos de fe y cultura, por la religión que profeso”.
Luego de mantener una conversación con el cura, él la agrego a “un grupo de WhatsApp a tales fines”. Es decir, para organizar visitas a represores y avanzar con el proyecto para otorgarles prisión domiciliaria.
Ahí “se discutían cuestiones relacionadas con personas mayores privadas de la libertad, y el plazo razonable de la duración de los procesos penales que padecen”, según la Diputada, quien además agregó que:
“Hablo de manipulación, porque lo que creí que sería un grupo de WhatsApp para debatir sobre situaciones o posibles proyectos, o discusión de ideas para lograr mejorar condiciones de detención de personas mayores, hoy me envuelve en una polémica en la que no sólo no he deseado estar, sino con la que no comulgo por ser contraria a mis valores cristianos, por la que también debo, en función de mi calidad de diputada, exponer a S.S para que pueda investigar y determinar si ha existido la comisión de algún ilícito“.
El grupo de Whatsapp fue creado el 21 de febrero e incluyó también a los Diputados Benedit, Ferreyra, Carlos Zapata y Celeste Ponce. También estaban los abogados Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, quienes pidieron a Casación que se flexibilizara el acceso a domiciliaria tras la asunción de Javier Milei. Otro de los incluidos es Riggi.
Cabe señalar que Ravasi es abogado e hijo del represor condenado a perpetua Jorge Olivera. Es uno de los aliados de Villarruel y además es un fervoroso militante por la libertad de los genocidas.
El 14 de marzo se realizó un encuentro para organizar la visita que varios de los participantes realizarían a la Unidad 34 de Campo de Mayo y la Unidad 31 de Ezeiza. El cura Ravasi había escrito al respecto:
“El diputado Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes“.
Ese 15 de marzo al menos Benedit y Ferreyra estuvieron en Campo de Mayo, y en el caso de Benedit, recibió en redes sociales un agradecimiento de la hija de uno de los detenidos. Él respondió que estaban trabajando por la “pronta liberación” de los “patriotas”.
Dos días antes de que la Cámara de Casación rechazara el pedido de Olea y de Saint Jean para discutir las condiciones de los genocidas y avanzar con el arresto domiciliario, el 20 de marzo el cura creó un grupo de chat llamado “proyecto decret“.
En aquel momento, ya estaba en poder del Ministerio de Defensa un proyecto de decreto para fijar en 25 años el plazo razonable para juzgar cualquier delito. El cura luego convocó a una nueva reunión para el 10 de abril a las 19.30 horas, en la casona de Montevideo 871.
Ravasi luego armó un nuevo grupo de chat junto a los participantes de la visita del 11 de julio, donde estaban los 6 diputados implicados en la visita a Ezeiza. De aquel encuentro surgió la infame foto, donde la única ausencia es Bonacci, quien luego expresó su repudió ante la iniciativa.
Según Arrieta, tanto el sacerdote como Benedit fueron dos de las personas que “tuvieran mayor actividad en los grupos que organizaron la visita a la Unidad Penitenciaria de Ezeiza”.
La jornada habría sido retratada por los teléfonos de Araujo y Montenegro, y en el Congreso aseguran que quien tomó la fotografía del momento fue una asesora de Montenegro, cuyo nombre no figura en los informes presentados por el SPF.
Montenegro luego propuso presentar un comunicado en el que decía que “la justicia no debe convertirse en un instrumento de venganza“, exigiendo la revisión de las causas, que finalmente no se publicó. Cabe señalar que el Diputado era una figura cercana a Villarruel hasta principios del año, compartiendo militancia con ella en la fundación Oíd Mortales.
“Los tipos que fueron a esa visita son todos cagones. Ante el primer ruido se escondieron, y dejaron solas a las mujeres que pedían aclarar la situación y el engaño. Cobardes. Se escondieron. Ni sus convicciones defienden”, denunció Arrieta.
El comunicado que querían difundir
Exigimos Respeto a los derechos humanos
El día jueves un grupo de Diputados de la Nación, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, realizamos una visita a la Unidad 31 de Ezeiza. Nuestro objetivo era evaluar la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad detenidos en
dicho establecimiento. Durante el recorrido, observamos con preocupación condiciones alarmantes que representan una grave violación a los derechos humanos.
Algunos de estos detenidos llevan años en prisión sin condena firme, la mayoría son personas mayores de 65 años, muchos de ellos gravemente enfermos. A estos individuos se les ha negado de manera injusta y arbitraria el beneficio de la prisión domiciliaria, en una clara transgresión de los derechos humanos fundamentales.
Esta situación es inaceptable y refleja una falta de consideración por parte de algunos jueces hacia la edad y el estado de salud de los detenidos.
La justicia no debe convertirse en un instrumento de venganza. La ley argentina contempla medidas humanitarias para los detenidos mayores de 65 años, como la prisión domiciliaria, cuando su estado de salud no puede ser adecuadamente atendido en un entorno penitenciario. Ignorar estas disposiciones es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad.
Es fundamental recordar que el derecho internacional, a través de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano. La falta de cumplimiento de estas normativas no sólo es una violación de la ley nacional sino también de los compromisos internacionales asumidos.
Queremos reconocer el arduo trabajo y el compromiso de las autoridades penitenciarias y del personal del servicio penitenciario, quienes, en muchas ocasiones, hacen todo lo posible para garantizar el bienestar de los internos en condiciones adversas.
Nos comprometemos a hacer todo lo posible para que en Argentina se respeten los derechos humanos y se aplique la ley con equidad y justicia. Exigimos que se revisen los casos de estos detenidos de manera inmediata y se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a quienes lo necesiten y cumplan con los requisitos.
Hacemos un llamado a la sociedad y a las autoridades judiciales a reflexionar sobre esta situación y a tomar medidas concretas para garantizar que nuestro sistema de justicia respete los principios fundamentales de la humanidad.
