El gobierno de Javier Milei espera a que el juez Pablo Bertuzzi ratifique el fallo que mantiene paralizada la causa $LIBRA para avanzar con su pliego en el Senado, en una maniobra similar a la que utilizó para premiar al juez que volteó la cautelar que frenaba la reforma laboral.
El gobierno de Javier Milei mantiene frenado el pliego de Pablo Bertuzzi para continuar en la Sala I de la Cámara Federal porteña, a la espera de que el juez ratifique el fallo que apartó a las querellas de la causa $LIBRA, una investigación sensible para el oficialismo que -de confirmarse esa decisión- podría quedar prácticamente paralizada.
Un fallo a cambio de un pliego
Bertuzzi, trasladado a Comodoro Py en 2018 por Mauricio Macri, concursó para conservar su cargo y quedó ternado en segundo lugar, por debajo de la fiscal Cecilia Incardona. Es por eso que el juez evalúa votar junto a Mariano Llorens para ratificar la resolución de Marcelo Martínez de Giorgi que apartó a los querellantes de la causa $LIBRA.
Ahora mismo, la Sala I debe resolver la apelación presentada por los denunciantes antes de la feria judicial. Sin embargo, de confirmarse el fallo, la investigación quedaría a cargo exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano, cuya lentitud para impulsar el expediente ya fue señalada en instancias anteriores.
El Ejecutivo explota la disputa entre Bertuzzi e Incardona para sostener esa estrategia judicial. La composición de ese tribunal también podría modificarse: la vacante que dejará Leopoldo Bruglia sería ocupada por Pablo Yadarola, magistrado que trabajaría en sintonía con Llorens y cuyo pliego el Ejecutivo remitiría al Congreso próximamente.
Esa maniobra, atribuida al ministro Juan Bautista Mahiques, podría además repercutir en la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, este último a punto de cumplir 75 años sin que su propio pliego de prórroga haya sido enviado al Senado.
No sería la primera vez que el Gobierno recompensa con un pliego a un magistrado que falló a su favor.
En abril pasado, el juez Víctor Arturo Pesino, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se reunió con Mahiques y, días después, votó a favor de la plena vigencia de la reforma laboral, dejando sin efecto una cautelar que la CGT había obtenido ante el juzgado laboral N°63. Poco después, intervino la Unión Obrera Metalúrgica.
Tras esas decisiones, el Ejecutivo impulsó su prórroga en el cargo por cinco años más, ya que Pesino está próximo a cumplir 75 años, el límite constitucional para ejercer la magistratura. El pliego obtuvo dictamen favorable en la comisión de Acuerdos del Senado, aunque todavía resta su tratamiento en el recinto.
Durante su exposición ante los senadores, el peronismo lo interpeló por versiones sobre supuestos pagos a cambio de sentencias. Paradójicamente, el juez respondió: “No pertenezco a un Poder Judicial corrupto”.
Lo cierto es que más de diez organizaciones de abogados y abogadas laboralistas presentaron un escrito ante la Cámara Alta para pedir que se rechace su continuidad, al considerar que el fallo sobre la reforma laboral contradice principios de protección hacia los trabajadores reconocidos por la Corte Suprema y por normas internacionales.
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El fallo que apartó a las querellas de $LIBRA
La causa $LIBRA investiga el lanzamiento de la criptomoneda promocionada por Milei en febrero de 2025, que según las reconstrucciones del expediente fue comprada por unas 74.000 personas, mientras que nueve cuentas fundadoras retiraron alrededor de 286 millones de dólares y provocaron el colapso del token.
Un peritaje informático del Ministerio Público Fiscal detectó que el Presidente mantuvo al menos cinco llamados telefónicos con el trader Mauricio Novelli en los minutos previos al lanzamiento del token, además de comunicaciones con Karina Milei y Santiago Caputo, y documentos que sugerirían un acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del respaldo presidencial.
En ese marco, la semana pasada Martínez de Giorgi resolvió apartar como querellantes a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, tras un planteo presentado por la defensa de Novelli.
El pedido sostenía que los denunciantes carecían de legitimación para continuar en la causa, dado que la hipótesis de estafa que había justificado su incorporación inicial ya no tendría, a su criterio, sustento suficiente.
El juez avaló ese argumento y sostuvo que las eventuales pérdidas económicas por la compra de $LIBRA no alcanzan, por sí solas, para acreditar la condición de damnificado directo. Su fallo apuntó a los mismos argumentos que utilizó Milei para intentar despegarse del tema. En su resolución, explicó que:
“Aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de ‘$LIBRA’, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley procesal para reconocer la condición de particular damnificado, ni que aquello se vincule de forma concreta con el accionar de quienes se encuentran sometidos a investigación”.
El magistrado agregó que se trata de un mercado de “regulación limitada” y alta volatilidad, y remarcó que quienes invierten en ese tipo de activos asumen riesgos inherentes a esa decisión. Previamente, el libertario había dicho: “Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías las condiciones. Todos lo hicieron voluntariamente”.
Como argumento adicional, el juez sostuvo que las pruebas aportadas por las querellas (enlaces, capturas de pantalla y datos de billeteras) no resultan suficientes para acreditar la titularidad de las billeteras utilizadas ni el origen de los fondos con los que se compró la criptomoneda.
En su presentación, la defensa de Novelli había cuestionado cualquier responsabilidad del Presidente por la difusión: “Una cuestión es que una publicación determinada genere atención pública o impacto político. Y otra completamente distinta es que constituya una maniobra engañosa jurídicamente apta para provocar una disposición patrimonial típica”, señaló ese escrito.
La decisión de Martínez de Giorgi puede ser apelada, y de hecho las querellas ya recurrieron la resolución ante la Cámara Federal. Será esa instancia, con la eventual participación de Bertuzzi, la que determine si la medida queda firme.
De ratificarse, la causa $LIBRA continuará con Taiano como único acusador, mientras el Gobierno resuelve, en paralelo, la suerte del pliego de Bertuzzi y la composición futura de los tribunales que intervienen en el expediente.
