El gobierno de Javier Milei benefició a la “familia judicial” en la primera tanda de pliegos que el ministro Juan Bautista Mahiques envió al Senado, quien incluyó a Emilio Rosatti y a Carlos Mahiques en el listado.
El gobierno de Javier Milei dio el puntapié inicial al proceso de designación de magistrados con el envío de una primera tanda de pliegos al Senado. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remitió alrededor de 64 candidaturas para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías, defensorías y cámaras de todo el país.
Entre los nombres figuran el hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti y el padre del propio ministro (Carlos Mahiques), a quienes se sumará posteriormente la esposa de un juez que tiene en su escritorio una causa que involucra directamente a la familia presidencial, Marcelo Martínez de Giorgi.
La “familia judicial” en la lista de pliegos
El nombre que concentró mayor atención fue el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El candidato fue propuesto para integrar el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, provincia de la que el titular del máximo tribunal es oriundo.
Aunque figura entre los primeros de la terna para ese cargo, desde la oposición se advirtió que varios de los elegidos para otras vacantes no encabezaban su orden de mérito respectivo, lo que abrió interrogantes sobre los criterios de selección, ya que además es el único de los expedientes que apunta específicamente a cubrir una vacante en Santa Fe en esta primera ronda.
El propio Horacio Rosatti no firmó la acordada presentada ese mismo lunes por los otros dos integrantes de la Corte (Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti) en la que se proponía modificar el reglamento de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.
Desde el tribunal explicaron que el santafesino debía abstenerse porque tendría que expedirse sobre esa propuesta en instancias posteriores. Sin embargo, la coincidencia temporal no pasó inadvertida para los observadores del mundo judicial.
Carlos Mahiques, padre del ministro, es otro de los pliegos incluidos en el lote. El juez del Tribunal de Casación Penal ingresó a ese cargo durante la gestión de Mauricio Macri y cumplirá 75 años el 1° de noviembre de este año, edad que obliga a la jubilación automática según la Constitución.
El gobierno solicitó al Senado una prórroga excepcional de cinco años para que pueda continuar en funciones. La audiencia pública para debatir esa extensión fue fijada para el 16 de abril, por lo que fue el propio hijo envió ese expediente al Congreso
La tercera figura que despertó señalamientos fue Ana María Cristina Juan, pareja del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Fue propuesta para el Juzgado Federal de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires.
Desde el entorno de Mahiques respondieron que el ministro ya había recomendado su designación cuando representó al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura durante la gestión anterior: “¿Por qué no volvería a recomendar su nombramiento?“, se defendieron.
El expediente de Juan no habría llegado formalmente al Senado al cierre de las ediciones, pero fuentes del Gobierno confirmaron su inclusión en la tanda. Cabe recordar que Martínez de Giorgi tiene en su escritorio la causa $LIBRA.
También generó comentarios la inclusión de María Julia Sosa, secretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini, magistrado que participó del polémico vuelo a Lago Escondido (al igual que los Mahiques).
Sosa fue propuesta para integrar un tribunal penal federal en La Plata. Desde el Ministerio de Justicia indicaron que Mahiques también había impulsado su pliego hace ocho años.
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Otros pliegos que generaron cuestionamientos
Más allá de los vínculos familiares y laborales, la oposición detectó otros casos que motivaron preguntas sobre el proceso de selección. Uno de ellos es el de Pablo Wilk, exsecretario del juez federal Luis Armella, propuesto para el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata, uno de los más relevantes de la provincia de Buenos Aires fuera de la Ciudad.
En Formosa, el candidato a integrar el tribunal federal de juicio, Gerado Daniel Cacace, figura en el concurso como segundo suplente: Mahiques habría salteado a cuatro candidatos mejor ubicados en el orden de mérito. Se espera que los senadores pregunten en las audiencias las razones de esa elección.
En la cámara penal económica, que interviene en casos de evasión impositiva y contrabando, el ministro propuso a Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway como vocales, en medio de versiones sobre presiones internas de la “familia judicial” para que esas vacantes no se cubrieran y así fortalecer el poder de los magistrados subrogantes.
Cabe señalar que, del total de vacantes existentes en los juzgados federales (que superan las 300), esta primera tanda cubre solo una fracción. En particular, cuatro juzgados federales vacantes en Retiro, que tramitan causas de corrupción, ni siquiera tienen terna formada y quedaron fuera del lote por ahora.
El objetivo de Mahiques y el contexto judicial del gobierno
El envío de los pliegos coincide con un momento de particular sensibilidad para el Ejecutivo en materia judicial. La causa más delicada es la que investiga la criptomoneda $LIBRA, que compromete a figuras cercanas al presidente Milei y que está precisamente a cargo de Martínez de Giorgi, el juez cuya pareja fue incluida entre los candidatos.
El gobierno ha buscado públicamente reducir el impacto de esa investigación, mientras que el fiscal Eduardo Taiano fue señalado por su actuación en el expediente desde el propio entorno oficial. Varios legisladores opositores hablaron incluso de encubrimiento.
Desde el Ministerio de Justicia no ocultaron que la decisión de incluir el pliego del hijo de Rosatti y el de la esposa de Martínez de Giorgi en la misma tanda que el del padre del ministro respondió, entre otras razones, a una estrategia para atenuar el impacto político de este último.
En palabras de fuentes del Gobierno, la idea era “diluir” el efecto del nombramiento de “Coco” Mahiques en el conjunto de la tanda.
El proceso también se enmarca en el reordenamiento de fuerzas dentro del propio Gobierno. Las tensiones que la Casa Rosada tuvo con la Corte Suprema en los dos primeros años de gestión (cuando intentó designar por decreto a Ariel Lijo y a Manuel García Mansilla) habrían dado paso a una etapa de acercamiento.
Según trascendió, Mahiques le transmitió a los miembros del Máximo Tribunal que el Ejecutivo no avanzará en la cobertura de las dos vacantes que el cuerpo tiene actualmente, lo que les daría estabilidad a Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti en un momento en que los tres redefinen sus equilibrios internos.
Una vez que los pliegos tomen estado parlamentario en sesión formal, la comisión puede convocar audiencias públicas a los 21 días. Si los expedientes son dictaminados antes de fin de abril, podrían llegar al recinto en mayo con los votos necesarios. La Libertad Avanza cuenta con al menos diez votos aliados para alcanzar la mayoría simple que se requiere.
Mahiques trabaja en la cobertura de vacantes en estrecha coordinación con el asesor Eduardo Lule Menem y con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes asesoran cotidianamente a Karina Milei en la estrategia judicial. El ministro anticipó que habrá nuevas tandas de pliegos hasta cubrir la totalidad de las más de 300 vacantes existentes.
El mismo día en que se conocía la lista de candidatos, Lorenzetti presentó la propuesta de la Corte para reformar el sistema de selección de jueces y afirmó que “se trata de evitar que la selección de jueces y juezas sea algo arbitrario, discrecional, oscuro, que responda a intereses poco claros”.
La acumulación de vínculos familiares y laborales en la primera tanda de pliegos del Gobierno pareces ser una señal de que el Ejecutivo se mueve en sentido opuesto.
