Luis Petri ratificó sus intenciones de cerrar definitivamente COVIARA, en un contexto en el que la empresa de construcción de viviendas de la Armada enfrenta un brutal ajuste y el Gobierno Nacional ya suspendió el 70% de los proyectos de obra pública que tenía bajo su órbita.
El Ministro de Defensa Luis Petri confirmó ante el Congreso que el Gobierno de Javier Milei procederá al cierre de la empresa COVIARA (Construcción de Viviendas de la Armada). “Nuestra intención es cerrar definitivamente COVIARA y generar planes de vivienda para las Fuerzas e incrementar las posibilidades de acceso a la vivienda de manera real”, declaró el funcionario.
Petri justificó la medida señalando que “el Ministerio de Defensa no está para construir viviendas, para eso están otros”. Además, el ministro cuestionó la gestión de la empresa constructora, asegurando que “no ha cumplido su objetivo y tiene problemas de opacidad“.
Además, identificó una deuda millonaria que alcanza los 250 millones de pesos. Según Petri, esta situación se debe a que “sus recursos en lugar de ir a efectivamente viviendas, lo que hacen es pagar estructuras administrativas sobredimensionadas“.
Como contrapartida a este cierre, el funcionario anunció un incremento en los créditos hipotecarios destinados a miembros de las Fuerzas Armadas, con el que pretende compensar la pérdida de la herramienta constructiva que representaba COVIARA para el sector militar.
Lo cierto es que, desde la asunción de Milei, la Corporación de Viviendas de la Armada atraviesa una crisis sin precedentes. La entidad creada en 1966 hoy está presidida por Leonardo Salvini y tiene en su directorio a Tomás Marisco, quien fuera funcionario en la gestión del municipio de Bahía Blanca durante la administración de Héctor Gay.
La empresa, originalmente diseñada en 1966 para construir viviendas sociales destinadas al personal militar, experimentó un deterioro acelerado. En pocos años pasó de mantener un superávit modesto a acumular un déficit que supera los mil millones de pesos.
El impacto en el personal ha sido devastador, con el despido del 25% de la plantilla laboral. Para colmo, los trabajadores que permanecen enfrentan demoras en el pago de salarios, mientras las obras en desarrollo se encuentran paralizadas indefinidamente.
La crisis abarca múltiples frentes operativos, desde la falta de financiamiento hasta la paralización de proyectos habitacionales, que tienen como telón de fondo la disputa por sus inmuebles entre el Ministerio de Defensa y Playas Ferroviarias, cuyo titular responde a Federico Sturzenegger.
Petri y Sturzenegger tironean por los terrenos de COVIARA en medio del desguace
Javier Milei contra la obra pública
Más allá de la promesa de ofrecer alternativas a los integrantes de la Armada, lo cierto es que el Gobierno Nacional no parece tener previsto modificar sus políticas relacionadas con la obra púbica.
Cabe recordar que, tras su llegada a Casa Rosada, Milei paralizó proyectos en todo el país. Ahora, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, defendió los recortes implementados en el sector ante empresarios de la construcción reunidos en la convención de CAMARCO.
Giovine aseguró que al asumir la gestión encontraron “desorden en lo conceptual, administrativo, en la lógica y las deudas muy importantes” y apuntó que su administración heredó un universo de 2.337 obras bajo jurisdicción nacional, situación que calificó como “caótica“.
El funcionario explicó que la primera medida fue “dar orden al caos“, priorizando proyectos según criterios de viabilidad financiera y descartando inmediatamente obras de carácter municipal, argumentando que estas “obras eran lugares en los que el gobierno nacional no tenía que estar“.
Por otro lado, celebró el traspaso de 500 obras a las administraciones provinciales y municipales, con el compromiso de continuarlas. “Muchas provincias prefirieron hacerlas ellas”, aseguró al respecto, “las transferencias ya efectivizadas representan el 59% de esas 500 obras”.
Puntualmente, “21 provincias firmaron estos acuerdos de transferencia y de acuerdo de bajas y continuidades con el Gobierno nacional”, al tiempo que señaló que “122 de las 183 obras que iba a ejecutar Nación” reiniciaron su actividad.
Algo que el funcionario omitió mencionar es que en la amplia mayoría de los casos las gestiones provinciales solicitaron que se transfirieran las obras en ejecución a sus gobiernos para sobrellevar la decisión de Milei de paralizarlas, y así garantizar la continuidad de los proyectos.
Respecto a la vivienda social, Giovine anunció cambios estructurales en el modelo de gestión. Argumentó que “el objetivo desde la disolución del PROCREAR es transferir todas las obras en ejecución dando prioridad a las provincias y, de no encontrar interés, resolver todos los programas y grupos de viviendas que no son aceptados por las provincias”.
Según explicó, ahora “puede intervenir la iniciativa privada”, y adelantó que habrá novedades en el corto plazo, aunque sin dar ninguna precisión al respecto.
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El ajuste de la construcción en cifras
Los números oficiales contrastan con el optimismo del Gobierno Nacional. De las 2.337 obras iniciales, 1.668 fueron dadas de baja definitivamente, representando el 71,3% del total. Otras 486 obras fueron transferidas a provincias y municipios.
Solamente 183 proyectos mantuvieron continuidad bajo ejecución nacional directa, equivalente al 7,8% del total original. De estas obras remanentes, 122 lograron reiniciarse, mientras 42 permanecen en proceso de reinicio.
Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción expresó preocupación por la situación sectorial. Después de un año de ajuste severo, la actividad no logró recuperar los 120.000 puestos de trabajo perdidos entre junio de 2023 y 2024.
Gustavo Weiss, titular de CAMARCO, enfatizó que “la inversión en infraestructura debe ser una prioridad absoluta“. Estimó que la falta de mantenimiento requerirá una inversión futura de 25.000 millones de dólares anuales para revertir el deterioro acumulado.
El dirigente señaló el encarecimiento de costos constructivos en un contexto inflacionario. Como ejemplo, explicó que construir un metro cuadrado pasó de 700 a 1.400 dólares en solo un año, duplicando la inversión necesaria.
A pesar de las dificultades, el sector mantiene expectativas sobre participar en procesos de privatización de rutas y proyectos de infraestructura. La Secretaría de Transporte ya convocó a licitar más de 700 kilómetros de la ruta del Mercosur en dos tramos diferentes.
