Desde la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, la Corporación de Viviendas de la Armada atraviesa una situación límite, con despidos, obras paralizadas, un déficit creciente y la puja entre funcionarios por sus terrenos en CABA, Bahía Blanca, Punta Alta y Magdalena, entre otros.
A partir de la llegada de Javier Milei a Casa Rosada, comenzó un proceso de desguace de la Corporación de Viviendas de la Armada (COVIARA) que llevó al organismo creado en 1966 a una crisis sin precedentes.
La entidad es presidida por Leonardo Salvini y tiene como director vocal de su directorio a Tomás Marisco, quien fuera funcionario en la gestión del municipio de Bahía Blanca durante la administración de Héctor Gay, primero como secretario privado y luego como secretario de movilidad urbana.
Creada para construir viviendas sociales para el personal militar, en los últimos años la empresa pasó de tener un leve superávit a acumular un déficit de mil millones de pesos, con el 25% de su personal despedido, salarios impagos y obras paralizadas.
En medio del proceso de desguace y privatización de COVIARA, los inmuebles de la empresa en sitios como la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Punta Alta y Magdalena, se convirtieron en territorio de disputa entre el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri y Playas Ferroviarias, cuyo titular responde a Federico Sturzenegger.
“Los empleados tenemos la certeza de que quieren que la entidad desaparezca porque pone en evidencia la especulación inmobiliaria propia del mercado”, reveló un trabajador al periodista Julián Maradeo, “hay 800 desarrolladores privados”.
“Si avanza este modelo, el Estado los contratará gracias a que el IAF [Instituto de Ayuda Financiera] le presta plata a los militares para que se compren viviendas. Así las cosas, el Gobierno propone no la construcción sino la compra, para terminar siendo un negocio financiero con una de las fuerzas del Estado“, completó.
Desmantelamiento, especulación y motosierra sin control
Desde diciembre de 2023, COVIARA (que depende del Ministerio de Defensa) enfrenta un vaciamiento acelerado. De 40 empleados, solo quedan 29. Los trabajadores denuncian salarios atrasados, falta de pago de paritarias y un edificio en condiciones insalubres (con infestación de roedores y ascensores sin mantenimiento).
Los propios trabajadores de la entidad también remarcan que aunque varios gobiernos nacionales los excluyeron del presupuesto desde 1996 (lo que impidió que recibieran partidas), esto no impidió que construyeran más de mil viviendas para personal de la Armada.
La empresa, que venía jactándose de ser superavitaria, pasó a acumular déficit a partir de la gestión libertaria. Además, fue incluida en la lista de empresas susceptibles a ser privatizadas de la Ley Bases.
La única razón por la que el proceso de conversión a sociedad anónima no avanzó es porque Casa Rosada aún no cumplió con los pasos administrativos correspondientes. El proceso se estancó por falta de auditorías que resultan impagables para la empresa.
Cuando pidieron un presupuesto a la Auditoría General de la Nación, el organismo manejado por el Congreso habló de un valor cercano a los 120 millones de pesos. Al consultar a consultoras privadas, el monto demandado fue de la mitad, aún muy lejos de los fondos que ostenta COVIARA.
Como si esto fuera poco, el proceso quedó estancado por una puja entre el Ministerio de Defensa y Playas Ferroviarias (en manos de Diego Chaher), controlada por la Agencia de Bienes del Estado.
El botín que se disputan son los valiosos inmuebles de la organización. COVIARA posee inmuebles en Buenos Aires, Bahía Blanca, Punta Alta y Magdalena, entre otros, que estarían valuados en millones de dólares. En el caso de Bahía Blanca, se trata del “Coviara 89”.
“Podemos tener una empresa desarrolladora que hace lo mismo que cualquier privado solo que con una lógica social para la Armada”, detalla uno de los trabajadores, “porque esa es la función con la que se la creó y no con el objetivo de la especulación inmobiliaria, que naturalmente rige al mercado”. “Pero esta es la voluntad política del gobierno actual”, completó.
Otros remarcan que “quienes se quieren repartir los inmuebles de COVIARA están dentro del ministerio de Defensa”. “Más allá de lo que dice la norma que nos traspasa a Playas Ferroviarias, con la gente de Sturzenegger no tenemos contacto“, agregan.
“Nos podemos jactar de que de todas las empresas que debían privatizarse somos la única que se mantiene en pie, por ahora”, comentan, aunque a corto plazo el temor de los empleados es que los terrenos sean traspasados por decreto a Playas Ferroviarias.
La obra social de las Fuerzas Armadas: otro foco de conflicto
El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), la tercera más grande del país, también está en el ojo de la tormenta. Luis Fiochi, designado por Petri en noviembre de 2024, enfrenta acusaciones del Directorio por tomar un préstamo de 40 mil millones de pesos al 52% de interés (CFT 64,48%) del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que él mismo presidía antes.
Así lo explicó el director vicealmirante Eduardo Urrutia, quien en marzo envió una nota dirigida a Fiochi remarcando que “usted nos expresó que la tasa de interés estaría en el orden del 35 al 37% y finalmente se negoció 52,05 %. Con una CFT Anual de 64.48%”.
Para colmo, según Urrutia, “los miembros del Directorio que votamos a favor de la tramitación del préstamo no nos enteramos de las condiciones finales sino hasta que se concretó el mismo”.
A esto se suman nombramientos arbitrarios, como el de Lucila Pagani (una abogada sin experiencia) que saltándose el proceso de selección pasó a estar al frente de Transparencia. La nota lleva la firma de todos los miembros del directorio de IOSFA.
Una muestra del enojo de los trabajadores fue la inusual convocatoria a ATE. Específicamente, al delegado de la Escuela Nacional de Náutica, Luis Rodríguez. Se trata de la primera vez que el sector se contacta con el sindicato de los trabajadores del estado.
“Generalmente se muestran reacios a la participación de los sindicatos“, contó Rodríguez, quien además recordó que “cuando nos convocaron, nos contaron que les liquidaban el sueldo sin la paritaria correspondiente. La verdad es que es la primera vez que ATE encuentra que el Estado como empleador no paga salarios“.
“Entonces, cuando apareció ATE, los organizó y elevó las correspondientes notas. Recién ahí aparecieron los sueldos de diciembre y enero”, completó. Las notas incluyeron otras denuncias, como la falta de higiene por el despido del personal de limpieza, que derivó en una infestación de ratas en el edificio.
“Ante la grave situación que atravesamos en materia de condiciones mínimas de salubridad, seguridad e higiene en nuestros lugares de trabajo” se elevó una queja a través de una carta documento firmada por 15 trabajadores.
