La decisión de Javier Milei de paralizar la obra pública no solo impide la finalización de los proyectos, sino que además implicará un enorme coste económico a la larga: La falta de mantenimiento y el deterioro de la infraestructura obligará al país a invertir el equivalente a más del doble del PBI para recuperarla.
Poco después de su asunción en diciembre de 2023, el Presidente Javier Milei decidió frenar la obra pública en todo el país, lo que derivó en la paralización de casi todos los proyectos que se encontraban en ejecución.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Obras Públicas, hasta el mes de mayo de 2025 el Gobierno libertario inició sólo 18 proyectos nuevos. Entre tanto, el 54% de las obras “heredadas” que se encontraban en ejecución no presentan ningún avance físico.
Para contextualizar la gestión de Milei, basta con señalar que la inversión en obra pública cayó en un 77,3% en 2024, en comparación con las cifras de 2023. Se trata del registro más bajo desde 2002.
El oficialismo se había escudado en su intención de proteger el superávit fiscal y reducir el gasto público para justificar esta decisión, aunque un informe de la Cámara Argentina de la Construcción reveló que el país pierde alrededor de 25 mil millones de dólares anuales por el abandono de obra pública.
El número se explica por la pérdida de valor de la infraestructura a medida que pasa tiempo, deterioro que se profundiza cuando rutas, puentes, redes de agua, saneamiento, hospitales y escuelas, no reciben un mantenimiento mínimo.
Todo esto sin tener en cuenta el efecto inesperado que tienen sobre las construcciones las catástrofes climáticas, que además generan complicaciones para los vecinos de la región. Un ejemplo de esto es la Ruta Nacional 35, que conecta Bahía Blanca con La Pampa.
La ruta lleva meses interrumpida en el kilómetro 65 tras el colapso del puente sobre el arroyo Chasicó por la inundación que sufrió el municipio bonaerense el pasado 7 de marzo. Pese a que Vialidad Nacional había asegurado que en dos semanas completaría un paso provisorio en el lateral del puente, el desvío aún no se completó.
Un recorte que costará más que el PBI argentino
Según explica el informe, el “stock de capital del país se deprecia a lo largo de la vida útil y debe ser reemplazado, para mantener la competitividad del país”. “Para la nueva construcción, debe erogarse el Valor de Reposición del bien“, comentan, y agregan que:
“Aunque se realice un adecuado mantenimiento, el bien se deprecia por el paso del tiempo, hasta llegar al fin de su vida útil. A cada momento hasta entonces mantiene un Valor Actual o Remanente, neto de Depreciación. Según su estado, puede estimarse una Vida Útil Remanente“.
Más adelante, el estudio remarca que el Valor de Reposición del Capital de Infraestructura de uso público oscila en 2,56 veces el PBI, mientras que el Valor Actual de la Infraestructura de uso público en el país, depreciada se calcula 1,14 veces el PBI.
En otras palabras, para reconstruir la infraestructura deteriorada será necesario invertir 1.4 billones de dólares, según los cálculos del organismo que preside Gustavo Weiss. La inversión debería abarcar una larga lista de elementos detallados en el informe:
“A nivel país, Argentina tiene un stock de capital, compuesto por un lado por construcciones, equipos de producción y de transporte, privados, de uso privado. Por el otro lado, cuenta con activos de infraestructura de uso público como usinas, presas, redes eléctricas y de gas, redes de comunicación, caminos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, servicios de agua, saneamiento, desagües, equipamiento urbano, hospitales, escuelas, cárceles, etc. Ese bien, de uso público, puede haber sido construido, y ser operado, por el sector público o privado”.
Puntualmente, el 52% de los activos es gestionado por operadores privados, pero esto no significa que no sean propiedad (y responsabilidad) del Estado. Más allá de la expectativa por convencer al sector privado de hacerse cargo, la situación no es alentadora.
