La Justicia declaró nulo el protocolo antipiquetes impulsado por Patricia Bullrich, remarcando que el Poder Ejecutivo se excedió en sus atribuciones y que su aplicación vulneró derechos constitucionales. Desde el gobierno de Javier Milei adelantaron que apelarán el fallo.
El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes que había sido impulsado por Patricia Bullrich durante su gestión como Ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei.
La medida se adoptó tras un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a otras organizaciones. Sin embargo, la actual titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, anticipó que el Gobierno apelará la decisión judicial para mantener vigente el protocolo.
Los fundamentos del fallo judicial
El magistrado Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, determinó en un escrito de 38 páginas que la Resolución 943/23 presenta una “nulidad absoluta e inconstitucionalidad”. El eje central de su argumentación se basa en que el Ministerio de Seguridad carece de competencia para dictar una norma de esa naturaleza.
Según el fallo, el Poder Ejecutivo se arrogó facultades propias del Poder Legislativo al intentar regular mediante una resolución administrativa derechos fundamentales que solo pueden ser reglamentados por ley del Congreso.
El juez enfatizó que, bajo la apariencia de un protocolo interno, la resolución ministerial regula derechos constitucionales como el derecho a peticionar a las autoridades y el derecho de reunión, ambos protegidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
Uno de los aspectos más cuestionados fue que el protocolo habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial previa, bajo la figura de “flagrancia”. La norma consideraba que cualquier manifestación que interrumpiera el tránsito constituía un delito penal flagrante, lo que autorizaba la represión inmediata.
Para Cormick, esto implica que el Ministerio avanzó sobre materia penal y procesal, competencias exclusivas del Congreso. El magistrado también señaló la vaguedad de los términos utilizados en el texto, como “afectar la circulación”, que otorgaron una discrecionalidad excesiva y peligrosa a las fuerzas policiales.
Además, criticó la falta de motivación suficiente del acto administrativo, ya que el Ministerio se limitó a invocar de manera genérica problemas de orden público sin realizar una ponderación concreta entre esos objetivos y la magnitud de los derechos afectados.
El fallo remarcó que los estándares internacionales obligan al Estado no solo a tolerar la protesta social, sino también a facilitar su ejercicio mediante medidas como la reorganización del tránsito, y no a suprimirlas por vía administrativa.
Qué establecía el protocolo antipiquetes
El protocolo antipiquetes diseñado por Bullrich establecía la intervención directa de las cuatro fuerzas federales, junto al Servicio Penitenciario Federal, ante cualquier tipo de corte o bloqueo sin necesidad de orden judicial previa.
El objetivo declarado era despejar la vía pública mediante el uso de una fuerza “mínima y suficiente”, que debía escalar según el nivel de resistencia. La resolución preveía la identificación obligatoria de todas las personas que participaran, organizaran o instigaran protestas.
También autorizaba el relevamiento de conductores y vehículos utilizados para trasladar manifestantes, con la posibilidad de aplicar sanciones que incluían la incautación de los transportes, lo que se tradujo en retenes en los accesos a CABA los días en los que se realizaban manifestaciones.
Por otro lado, se establecía la notificación a la Justicia en casos de supuestos daños ambientales, como la quema de neumáticos, y la intervención de organismos de protección cuando hubiera presencia de niños o adolescentes en las movilizaciones, contemplando sanciones para los adultos responsables.
Lo paradójico es que la implementación del protocolo no solo dejó más de mil heridos y propició detenciones arbitrarias de manifestantes (que luego fueron liberados por la Justicia por falta de pruebas en su contra), sino que en algunas ocasiones las víctimas de las agresiones fueron justamente niños o adolescentes que se encontraban en las marchas.
El impacto del protocolo quedó reflejado en las cifras. Según datos del CELS, desde su implementación se registraron 1.399 manifestantes heridos, con 750 casos en 2024 y 649 en lo que va de 2025. La aplicación del esquema represivo tuvo uno de sus focos más visibles en las marchas de jubilados.
Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza durante una represión frente al Congreso. La semana pasada quedó confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por ese operativo. Grillo aún permanece en rehabilitación física.
La brutal represión de Bullrich contra jubilados terminó con cientos de detenidos y un periodista luchando por su vida
Las reacciones de Bullrich y Monteoliva
Patricia Bullrich, quien dejó el Ministerio de Seguridad hace semanas para asumir su banca en el Senado, cuestionó duramente la decisión judicial. “El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos“, expresó a través de redes sociales, y luego agregó:
“¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización“, expresó.
La exministra agregó que “los perjudicados son siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz. Este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día uno, con decisión y firmeza. El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás“.
No es la primera vez que el Gobierno de Javier Milei utiliza esta retórica y, de hecho, intentó justificar la brutal represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso acusando a los manifestantes de “terroristas” que buscaban realizar un intento de “golpe de estado”.
Ante las críticas internacionales, el oficialismo incluso defendió esta versión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo cierto es que la Justicia argentina no encontró pruebas del supuesto intento de sedición y debió liberar a los detenidos arbitrariamente durante la protesta.
SIN PROTOCOLO NO HAY ORDEN, HAY CAOS
Un Juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina. No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar.
Este Protocolo tiene…
— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) December 29, 2025
Por su parte, la actual ministra Alejandra Monteoliva siguió la línea de su jefa política y advirtió: “Sin protocolo no hay orden, hay caos”. La funcionaria vinculó la decisión del juez con intereses políticos y afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”.
Monteoliva anticipó la estrategia oficial: “No vamos a dar un paso atrás: la vamos a apelar”. El Ministerio de Seguridad publicó un comunicado oficial titulado “Sin protocolo antipiquetes no hay orden“, donde destacó que la Justicia “ya ha validado el Protocolo en reiteradas ocasiones” y que la sociedad respalda su aplicación.
“El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar pero es con orden y respeto a la libre circulación”, afirmó la cartera en su comunicado. La cuenta oficial del Ministerio ratificó: “Se apelará esta decisión de la Justicia. Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple“.
Lo curioso es que en reiteradas ocasiones, la aplicación del protocolo no solo no sirvió para dispersar las protestas, sino que entorpeció aún más la circulación para el resto de los transeúntes, que debían esquivar los cortes de calle que llevaba adelante la propia policía.
