El ex Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi, se presentó ante la Comisión de Juicio Político de Diputados y acusó a Silvio Robles, el vocero de Horacio Rosatti, de amenazarlo a él y a otros funcionarios judiciales. También apuntó contra el supremo Juan Carlos Maqueda por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJ).
El hombre cercano al juez Ricardo Lorenzetti y exadministrador de la Corte durante casi 20 años se sentó al lado de la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard, y pidió la palabra antes de comenzar con las preguntas:
“Desde que comenzó este juicio político se produjeron muchos hechos referidos a mi persona, no sólo al dividir la Secretaría General de Administración, sino a un traslado que considero que es una sanción encubierta. Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo. Son cosas que generan presión pero no me impiden venir y contar la verdad”.
Marchi había sido desplazado de su cargo el jueves pasado en una acordada firmada por la mayoría de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda.
El argumento del trío supremo para removerlo había sido que se estaba avanzando en una “reestructuración” de la Secretaría, pero Marchi denunció lo que él considera una “sanción encubierta“.
En concreto, Marchi siente que lo están sancionando por cuatro informes que elaboró en 2021 y 2022 en los que expuso numerosas irregularidades en la OSPJ.
Esos informes revelaron los diversos desmanejos que arrastró la OSPJ durante los últimos 15 años: ausencia de balances contables, inexistencia de presupuestos oficiales, un vulnerable sistema informático, inexistencia de cualquier tipo de auditorías sobre proveedores, faltantes de medicamentos y pérdidas millonarias.
Amenazas de Silvio Robles
“En mis informes yo no sólo sugerí cambios sino que hice 30 recomendaciones y, a veces, las recomendaciones caen muy mal. Por eso las amenazas. Hay gente a la que le conviene que esto no cambie“, aseguró Marchi durante su exposición.
Precisó que el origen de las amenazas tenía que ver en el informe número 4:
“Ahí está la punta del ovillo, porque en el informe aparecía (el actual director de la OSPJN) Mariano Althabe, que fue propuesto por Rosatti, y (Silvio) Robles escondió ese informe“, denunció.
No fue la única acusación dirigida al vocero de Rosatti, sino que agregó que Robles había eliminado el mail de la presidencia de la Corte y que, luego, “había dado la orden de que todo se lo enviaran a él“.
En ese momento, Mara Brawer (FdT) intervino y preguntó: “¿Es Robles el que lo amenaza?” “Por supuesto”, respondió Marchi.
“Operaciones de prensa. Ha amenazado a funcionarios diciéndoles que iban a terminar en la Siberia si hablaban conmigo. Hay seguimientos, saben cuando me reúno con alguien”, relató.
Inmediatamente, el FdT y Juntos por el Cambio discutieron sobre si había que garantizarle algún tipo de protección. Marchi precisó que no quería protección policial y aseguró que eran los funcionarios que habían trabajado con él los que estaban siendo amenazados y que, incluso, en el cuarto piso de Tribunales había policías que vigilaban las puertas.
La responsabilidad de Maqueda
Además de apuntar contra Robles, Marchi apuntó contra el cortesano Juan Carlos Maqueda, a quien señaló como el responsable de supervisar la OSPJ.
“El doctor Maqueda no sólo supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se llevaban a cabo“, afirmó y, consultado por un mail que envió el propio Maqueda 2021 en el que aseguró que nunca se había designado oficialmente a ningún cortesano como supervisor.
“Cualquier movimiento tenía que ser autorizado por el doctor Maqueda. No se necesitaba ningún tipo de designación: cuando tomamos una responsabilidad nos tenemos que hacer cargo”.
Marchi será nuevamente citado para declarar la próxima semana. Gaillard justificó la medida en que, como los cuatro informes de la Corte ingresaron a la Comisión recién el lunes a la noche y acumulaban unas 20 mil fojas, no hubo tiempo de repasarlos, por lo que se buscaría volver a citarlo para interrogarlo en profundidad.
Además de Machi, este martes también declararon Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte, y Gustavo Montanini, contador público. Ambos participaron de la auditoría de la Obra Social que se hizo a pedido de la Corte post informe de la secretaría general de Administración.
De Vedia y Montanini también confirmaron las irregularidades de las que dio cuenta el trabajo que confeccionaron.
