Javier Milei tiene previsto oficializar el veto a la Ley de Financiamiento para las universidades tras la marcha federal universitaria, pero en el gobierno reconocen que no tienen los votos para sostenerlo en el Congreso.
Este 2 de octubre se llevará adelante la segunda marcha federal universitaria en repudio a las políticas de ajuste de Javier Milei y su eventual veto total a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el congreso.
Aunque el Presidente ya tiene preparado el decreto de rechazo a la iniciativa que busca garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento de las casas de altos estudios, pero el Gobierno Nacional tiene planeado esperar hasta después de la movilización y publicarlo sobre la medianoche en el Boletín Oficial.
Milei había adelantado la decisión antes de que fuera tratada en el Senado, pero esperará hasta el filo del vencimiento del plazo para oficializarla. Es que este jueves se cumplen los 10 días hábiles desde que el proyecto fue comunicado al Poder Ejecutivo.
Aunque desde Casa Rosada aseguraron que “no queríamos hacer nada que pareciera que buscábamos incentivar el conflicto” de cara a la marcha, lo cierto es que en los últimos días generaron malestar las acusaciones de varios funcionarios del gobierno contra las Universidades.
Cabe recordar que recientemente el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, había acusado a las instituciones de “inventar alumnos”, una acusación a la que se plegó la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien insiste en que los reclamos están resueltos.
El principal argumento oficialista para defender el veto es que la ley atenta contra la política de reducción de déficit que viene implementando el libertario. Sin embargo, en el gobierno reconocen que aún no tienen los votos para defender la medida en el Congreso y está en duda el apoyo del PRO.
Torrendell acusó a las universidades de inventar alumnos tratando de deslegitimar el reclamo universitario
Situación en el Congreso
De confirmarse el veto, la oposición deberá reunir dos tercios en la Cámara de Diputados y luego en el Senado para sostener la ley y rechazar la decisión presidencial. El antecedente más reciente de esta situación ocurrió con el veto al aumento jubilatorio, ocasión en la que el Presidente recibió el apoyo de 87 legisladores y luego lo celebró con un asado en la Quinta de Olivos.
Cabe recordar que en aquella oportunidad habían tenido el apoyo de PRO, MID y UCR. Sin embargo, ahora la situación es diferente y La Libertad Avanza no cuenta con el tercio del recinto que necesita, por lo que el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, recorre despachos intentado convencer a los legisladores aliados y colaboracionistas.
En este contexto, la posición de la Unión Cívica Radical y sus 33 integrantes será clave. Por lo pronto, Casa Rosada confía en que volverá a contar con el apoyo de los 5 radicales que apoyaron el veto al aumento jubilatorio tras las negociaciones con Milei: Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y José Federico Tournier.
Sin embargo, suponen que el resto de la bancada votará en favor del presupuesto universitario, ya que, según deslizaron desde el gobierno, “es la última bandera que les queda“.
Con la ayuda de radicales y del PRO, el oficialismo ratificó el veto presidencial al aumento de jubilaciones
La posición del PRO
La situación que más preocupa al gobierno es la del PRO. En Casa Rosada reconocen: “Que no hayan dicho que no, no es poco”. Sin embargo, también consideraron que sería un “acto de mezquindad fuerte” por parte de los liderados por Cristian Ritondo no apoyar el veto.
Al respecto, insisten en que “el Estado cuida las cuentas públicas“, y el problema “no es contra las universidades, sino contra un Congreso empecinado en sacar leyes sin financiamiento”.
Lo cierto es que la relación con el partido de Mauricio Macri es cada vez más tensa. No ayudó a la situación el reciente acto de La Libertad Avanza que encabezaron Milei y su hermana, Karina Milei, en la Ciudad de Buenos Aires (el bastión del PRO). Además, en la bancada aseguran que “no nos vamos a pegar al fracaso del Gobierno“.
A esto se suma que los gobernadores amarillos, Rogelio Frigerio y Ignacio Torres, también tienen su propia agenda provincial con preocupaciones relacionadas con sus territorios, lo que puede desembocar en ausencias en el recinto.
“El PRO no ha tomado una decisión dentro del bloque. Si bien el veto es una herramienta legal del Poder Ejecutivo, en Argentina hay prioridades y la educación universitaria debería ser una prioridad“, comentó Ritondo al ser consultado sobre su posición.
“Los docentes universitarios tienen que tener una solución a su atraso salarial, no pueden ser los que pierdan en esta disputa sectorial”, agregó.
El jefe del bloque también se enfrenta a problemas internos en la Provincia de Buenos Aires. Cabe recordar que Ritondo es presidente del partido a nivel provincial y en la legislatura bonaerense se enfrenta a una embestida de Patricia Bullrich, Karina Milei y Sebastián Pareja, que anunciaron la fusión entre los legisladores bullrichistas y la bancada de La Libertad Avanza.
Por lo pronto, cabe señalar que son 38 los diputados macristas, y en la votación pasada fueron esenciales para que el oficialismo pudiera sostener el veto a las jubilaciones. El número que necesita reunir el gobierno es de 85 voluntades en la Cámara Baja, y los libertarios apenas suman 39 legisladores.
Consecuencias del veto al financiamiento
En el gobierno suponen que la marcha será multitudinaria, aunque confían en que no incluirá una participación tan marcada de manifestantes que vayan espontáneamente, sino más bien de “los aparatos”. Entre ellos la CGT.
Sin embargo, el gobierno ya conoció el impacto que un veto puede tener en la opinión pública, y ahora la imagen del presidente se expone a un nuevo golpe de parte del sector universitario, anclado en la clase media, donde se encuentra el núcleo duro de sus votantes.
A diferencia de lo ocurrido con los jubilados, cabe señalar que en este caso Milei no obtuvo el apoyo instantáneo de Macri, quien en aquella oportunidad había publicado un comunicado respaldando la decisión del Presidente, un silencio que preocupa a los libertarios.
En este contexto, en Casa Rosada comenzaron a pensar en planes de acción si finalmente el veto es rechazado. “De algún lado la plata la vamos a sacar“, comentan en el entorno presidencial, y apuntan a la obra pública, la seguridad o la defensa, entre otras.
La discusión amenaza con colarse en la discusión del Presupuesto 2025, que comenzará la semana próxima en el Congreso. Es que el Gobierno había aumentado el presupuesto para los ministerios de Patricia Bullrich y Luis Petri.
“Recortaremos la obra pública, no hay muchos lados de dónde sacarla“, comenta otra fuente al respecto, una decisión que podría complicar las relaciones con los gobernadores.
Si el veto no se sostiene, también piensan en un camino legal si no hay negociación en el marco del presupuesto, que sería apelar a la ley de administración financiera que, entre otras cosas, “comprende el conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado”.
