Javier Milei prepara una batería de decretos antes del 8 de julio, fecha en la que perderá sus facultades delegadas y dependerá de alianzas en el Congreso para avanzar con sus reformas, en un contexto de creciente tensión con los gobernadores por la suba de retenciones y la distribución de los fondos nacionales.
El próximo 8 de julio vencen las facultades delegadas otorgadas al Gobierno de Javier Milei a través de la Ley Bases, en un contexto de creciente tensión con varios gobernadores que hasta ahora habían sido aliados del Gobierno nacional.
Es que la decisión de incrementar las retenciones al agro generó un fuerte rechazo en provincias clave de la zona núcleo productiva, cuyos gobernadores vienen siendo clave para que el oficialismo pueda aprobar sus proyectos en el Congreso, donde ya enfrenta dificultades para conseguir mayorías parlamentarias.
Los cuestionamientos llegaron desde Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, provincias gobernadas por dirigentes que habían mantenido una relación oscilante pero generalmente colaborativa con Casa Rosada.
Con el fin de los superpoderes y el deterioro de las relaciones con las provincias, cobra fuerza la posibilidad de que el Gobierno Nacional apure por decreto varias de las reformas que el Ministro Federico Sturzenegger tiene en mente.
Las facultades delegadas llegan a su fin: ¿Qué hará Milei?
El vencimiento de las facultades delegadas encontrará a Milei y su gabinete en la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán. Se trata de una herramienta que permitió al Ejecutivo avanzar con reformas sin depender de las mayorías parlamentarias.
Desde Casa Rosada confirmaron que no buscarán renovar esta prerrogativa, pero no rechazaron la posibilidad de aprovechar los días restantes para publicar una batería de decretos que les habían quedado pendientes.
La elaboración de normativas tiene lugar en los despachos que dependen del ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y la Secretaría de Legal y Técnica, comandada por María Ibarzábal Murphy, donde se trabaja a contrarreloj para dar forma final a los textos.
Entre las medidas más significativas que podrían concretarse en estos días se encuentra una reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Los planes oficiales contemplan ajustes presupuestarios, reducción de personal y el cierre de varias sedes regionales.
Incluso se evalúa un desmantelamiento que convertiría al organismo (actualmente autárquico y bajo la órbita del secretario de Agricultura Sergio Iraeta) en una dependencia reducida del Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo (y que viene absorbiendo carteras del Estado), perdiendo su presupuesto propio y transfiriendo los centros regionales a las provincias.
También está prevista la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), una medida que ya estaba contemplada en el artículo 161 de la Ley Bases pero que aún no había sido implementada.
Es que el oficialismo enfrenta una realidad parlamentaria completa: La Libertad Avanza carece de los dos tercios necesarios en ambas cámaras para ratificar vetos presidenciales o impulsar reformas constitucionales. Tampoco tiene una mayoría propia como para asegurarse el avance de las leyes en el Congreso sin depender de sus aliados.
Milei viene de vetar la Ley de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca y está a la espera de que la oposición impulse su reforma previsional en el Senado, con la promesa de vetar también esa iniciativa. A esto se suma la Ley de Financiamiento Universitario, que está próxima a tratarse en Diputados.
Esta situación explica por qué Milei decidió reflotar el Consejo de Mayo, que había quedado olvidado durante un año y que Casa Rosada pretende utilizar para avanzar con proyectos considerados clave, como la reforma laboral, aunque el documento final con propuestas concretas para el Congreso recién estaría listo en diciembre.
El rol futuro de Sturzenegger tampoco es claro. No solo porque el vencimiento de las facultades delegadas lo convierte en un mero consejero del Presidente, sino también por que el ministro aparece como posible candidato para las elecciones legislativas, lo que podría implicar cambios en la estructura gubernamental en los próximos meses.
Milei se acordó del Consejo de Mayo: Convocó a una reunión de las autoridades que él mismo nombró por decreto
Retenciones y relaciones con las provincias
Para colmo, la decisión del Gobierno nacional de incrementar las retenciones a la soja del 26% al 33% y las del maíz y sorgo del 9,5% al 12% generó una ola de críticas desde las principales provincias productivas, que hasta ahora habían acompañado, con matices, las políticas del oficialismo.
Martín Llaryora, gobernador de Córdoba, expresó su “más enérgico rechazo y preocupación” ante la medida, calificándola como “profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”.
El mandatario cordobés contrastó las políticas nacionales con las implementadas en su provincia, donde eliminaron los Ingresos Brutos a la producción y suprimieron el Impuesto a la Mera Compra. “Subir las retenciones es volver a ponerle un freno al campo“, sentenció Llaryora.
Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro fue igualmente contundente al calificar la medida como “un error” que demuestra una falta de comprensión hacia “el interior productivo de la República Argentina”.
El gobernador santafesino argumentó que los recursos generados en el campo “deben quedar en los pueblos y en las ciudades del campo”, destacando que los productores “invierten absolutamente todo lo que ganan en tecnología para poder producir más, o en poner ladrillos en las ciudades”.
Por su parte, Rogelio Frigerio, desde Entre Ríos, reafirmó su compromiso con el sector agropecuario y advirtió sobre la necesidad de que “Nación empiece a bajar las retenciones hasta su eliminación”.
El gobernador del PRO, quien se reunió con referentes de la Mesa de Enlace, subrayó que “el diálogo con el campo es permanente desde el primer día de nuestra gestión, después de décadas de gobiernos que le dieron la espalda”.
Por su parte, la Mesa de Enlace del campo, integrada por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), CONINAGRO y la Federación Agraria, emitió un comunicado particularmente duro contra el Gobierno.
Las entidades cuestionaron los derechos de exportación como “un impuesto distorsivo, anacrónico y perjudicial” que ha hecho que el país “desaproveche inmejorables oportunidades para la inversión y el desarrollo federal”, una posición con la que Milei habría estado de acuerdo antes de su llegada a Casa Rosada.
“No hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón“, advirtieron las organizaciones rurales, exigiendo “reglas claras, previsibilidad y una Argentina sin retenciones”.
El comunicado también criticó “la presión fiscal asfixiante, inequitativa e injusta que ataca la competitividad del sector en cada provincia donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, el empleo y la calidad de vida”.
Javier Milei le volvió a subir las retenciones a la soja y el maíz
Las maniobras de Casa Rosada para recuperar el apoyo
Frente a este escenario de creciente tensión, el jefe de Gabinete Guillermo Francos intentó justificar la medida reconociendo la legitimidad de los reclamos, pero defendiendo la necesidad fiscal del Gobierno.
“Siempre escuchamos el reclamo de los productores y entendemos que los gobernadores de provincias agropecuarias puedan sumarse a ese reclamo. Es razonable“, admitió Francos en declaraciones radiales.
Sin embargo, el funcionario también señaló que “es irrazonable que no entiendan que el gasto y el equilibrio fiscal del Gobierno se mantiene con muchos impuestos que no fueron creados por nosotros”.
Francos insistió en que “no se puede pedir que se bajen de un día para otro impuestos que generan recursos importantes”, aunque aseguró -paradójicamente- que las retenciones constituyen “un impuesto que no debiera existir”.
Es que las críticas de las provincias productivas se enmarcan en un foco de tensión que abarca a todos los mandatarios provinciales: el reclamo conjunto de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño por la distribución de recursos que actualmente retiene el Ejecutivo nacional.
Los líderes de las provincias (y el alcalde de CABA) se reunieron recientemente en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para consensuar un proyecto de ley para coparticipar recursos correspondientes al impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El reclamo provincial asciende a cifras millonarias: 5,5 billones de pesos recaudados por combustibles y otros 900 mil millones en ATN que, según los gobernadores, el Gobierno no distribuyó entre las provincias como corresponde. La propuesta busca incorporar estos recursos a la masa coparticipable para su reparto proporcional entre todos los distritos.
La Casa Rosada sintió el impacto de esta muestra de unidad provincial, no solo por la magnitud económica del reclamo (recursos que Economía coloca en la columna del superávit en sus cuentas) sino por la señal política de debilidad que representaría quedar expuesto sin los aliados que le permitieron gestionar hasta ahora.
Como respuesta a esta presión, desde el oficialismo convocaron a los ministros de Economía provinciales para que se reúnan con el secretario de Hacienda Carlos Guberman y el secretario de Interior Lisandro Catalán, para intentar alcanzar un acuerdo.
Sin embargo, las expectativas son moderadas, considerando que en encuentros anteriores los funcionarios nacionales no lograron convencer a los mandatarios provinciales, quienes se retiraron con varias recriminaciones por las promesas incumplidas.
