Javier Milei finalmente decidió subir las retenciones a la soja y el maíz, que se volverán a ubicar en los mismos niveles que a principios del año, cuando el gobierno nacional había anunciado una reducción de los derechos de exportación.
A través del decreto 439/2025, el gobierno de Javier Milei dispuso el aumento de las retenciones para la soja, el maíz, el sorgo y el girasol a partir del 1 de julio, mientras extendió hasta marzo de 2026 la rebaja de los derechos de exportación para el trigo y la cebada.
El mandatario ya había adelantado en abril que “en junio las retenciones vuelven a subir” y había avisado a los productores que “si tienen que liquidar, liquiden ahora“, un ultimatum que amargó los festejos del campo, que venía celebrando la devaluación y la flexibilización del cepo cambiario, y que ahora se confirma con el decreto.
El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, establece aumentos diferenciados según el tipo de cultivo.
Para la soja, la alícuota volverá a ubicarse en el 33%, tras haber sido reducida al 26% de forma temporal a principios de año. En el caso del maíz y el sorgo, la retención subirá del 9,5% al 12%. También habrá un ajuste en el tributo para el girasol, que pasará del 5,5% vigente en los últimos cinco meses al 7%.
La medida entrará en vigencia a partir del 1 de julio y se extenderá hasta fines de marzo del próximo año, según lo establecido en el decreto. Entre tanto, los aumentos aplicados al trigo y la cebada mantendrán una alícuota reducida del 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026.
El decreto también incluyó modificaciones en el plazo para la liquidación de divisas. A partir de julio, los exportadores de trigo y cebada deberán ingresar al menos el 90% de las divisas dentro de los 30 días hábiles posteriores a la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), aumentando el plazo estipulado por el decreto anterior.
El reclamo previo del sector agropecuario
Antes del vencimiento de la rebaja de retenciones el 30 de junio, entidades del campo habían intensificado sus reclamos al gobierno para la eliminación del impuesto. Las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestaron su:
“Preocupación ante la continuidad y el impacto negativo que tendrá restablecer los Derechos de Exportación (retenciones) aplicados a los granos, en un contexto productivo extremadamente adverso”.
La entidad añadió que “el escenario actual –caracterizado por precios internacionales en baja, costos internos elevados y márgenes de rentabilidad mínimos o nulos- exige medidas urgentes y concretas”.
Por su parte, Coninagro Córdoba sostuvo que “no se puede hablar de libertad si el sector agropecuario sigue siendo el único obligado a pagar por exportar, ni exigir competitividad global con impuestos internos que duplican o triplican los costos de producción”.
La entidad calificó la situación como crítica, “especialmente para el más del 70% de la superficie sembrada en tierra alquiladas. La estructura de costos actual, sumada al atraso cambiario y la presión impositiva, hace que la producción no sea rentable”.
“Al Presidente, que invoca la libertad, se le pide que honre esa palabra para el sector más aportante al PBI”, señaló la regional cordobesa de Coninagro.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) recordó que “el presidente Javier Milei calificó públicamente a los derechos de exportación como ‘un robo’, definición que compartimos plenamente y que alimentó la esperanza de una eliminación definitiva de estos tributos distorsivos”.
“Instamos al Gobierno Nacional a honrar los compromisos asumidos durante la campaña electoral, trazando con urgencia un camino claro hacia la eliminación total de los derechos de exportación, y fortaleciendo al agro como verdadero motor del desarrollo nacional que devolverá con mas producción e inversión, para tener un legítimo equilibrio fiscal, sin dependencia de los Dex”, agregó CARBAP.
Desde la Sociedad Rural de Córdoba señalaron que “en 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, lo que también queda claro es que fue el propio Gobierno nacional el que no cumplió su compromiso asumido ante la sociedad y ante el sector productivo”.
Todo esto, “bajo el argumento de cargarnos con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan”. “Un argumento que no resulta válido, ya que dichas variables no se vieron afectadas entre enero y la actualidad”, completaron.
