Desde Kicillof hasta Frigerio, los representantes de todas las provincias firmaron un documento conjunto en el que reclaman eliminar los fondos fiduciarios correspondientes al impuesto a los combustibles y modificar la distribución de los aportes del Tesoro Nacional.
Este lunes, los gobernadores de todos los espacios políticos se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para consensuar una estrategia común ante la retención de recursos por parte del Estado nacional.
Es que el Gobierno de Javier Milei logró lo impensado: que todos los mandatarios provinciales estuvieran de acuerdo para emitir un documento conjunto reclamando los fondos que corresponden a sus provincias.
Los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño firmaron un proyecto de ley que busca redistribuir el impuesto a los combustibles líquidos y eliminar los fondos fiduciarios que actualmente maneja la Nación de forma discrecional.
El reclamo central de las provincias apunta a recuperar el control sobre recursos que les corresponden legítimamente, y que ganan importancia en un contexto de ajuste fiscal nacional que ha impactado directamente en las finanzas provinciales.
Los mandatarios exigen que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles sean redistribuidos según la coparticipación federal, alejándolos del manejo centralizado que ejerce actualmente el Poder Ejecutivo nacional.
Un reclamo unificado contra el ajuste de Milei
La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias se ha intensificado en los últimos meses debido a la política de ajuste implementada por La Libertad Avanza para alcanzar el equilibrio fiscal, uno de los ejes del relato del oficialismo.
Esta estrategia ha dejado a los territorios regionales en una situación financiera compleja, con la paralización del envío de recursos clave como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la subejecución de fondos destinados a obra pública.
Durante una entrevista que brindó luego de la reunión, el gobernador bonaerense Axel Kicillof explicó que “todos los gobernadores estamos reclamando que fondos que se apropió el gobierno nacional como los ATN y los fondos que provienen de los impuestos a los combustibles vayan a las provincias”.
La situación se ha vuelto particularmente crítica en el ámbito de la obra pública, donde los gobernadores denuncian el grave deterioro del pavimento, la falta de señalización adecuada y la presencia de baches profundos en las rutas nacionales.
Estas deficiencias generan condiciones propicias para accidentes de tránsito, poniendo en riesgo la vida de conductores, pasajeros y peatones, según alertan las autoridades provinciales. A esto se suma la paralización de obras hídricas y de infraestructura esencial, así como el costo que trae aparejada la falta de mantenimiento a largo plazo.
El documento firmado por los gobernadores subraya que esta modificación fiscal “no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales y que, complementariamente, generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional”.
Todo esto, “propiciando mayor capacidad de respuesta tanto a Nación y Provincias de las demandas de la sociedad en el marco de la crisis”.
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Desde Kicillof, hasta Macri: Todos presentes
La reunión en la sede del CFI contó con una participación prácticamente total de los mandatarios provinciales. Además de Kicillof, estuvieron Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
A ellos se sumaron Hugo Passalacqua (Misiones), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) e Ignacio Torres (Chubut).
También estuvieron representados por sus vicegobernadores Gloria Ruiz (Neuquén), Silvana Schneider (Chaco), Teresita Madera (La Rioja) y Fabián Leguizamón (Santa Cruz). Además, firmaron Gustavo Valdés (Corrientes) y Gildo Insfrán (Formosa), quienes se ausentaron con aviso previo.
Por parte del Gobierno nacional, asistieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien reemplazó a Guillermo Francos debido a un compromiso previo con la Fundación Mediterránea en Córdoba.
Los funcionarios tenían el encargo de trasladar una respuesta oficial después de estudiar la posibilidad de elevar al 50% la coparticipación del impuesto a los combustibles, propuesta que había sido planteada en encuentros anteriores.
Sin embargo, para los mandatarios la respuesta del Gobierno nacional “tuvo gusto a poco”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había advertido públicamente antes de la reunión que el Poder Ejecutivo tiene “actitud positiva” para encontrar una solución, pero se escudó diciendo que “los números no cierran”.
Francos también aprovechó para exigir mayor compromiso fiscal a las provincias, asegurando que algunas “hicieron mucho esfuerzo, pero nunca lo necesario“. “Hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes y otros que no dicen nada“, exclamó.
“En la Nación hemos hecho ajustes y bajado muchos impuestos y esperamos que la actitud sea recíproca porque la situación económica del Estado Nacional y de los provinciales deben ser motivo de preocupación de todos los líderes”, añadió.
No obstante, es importante señalar que el propio proyecto presentado por los gobernadores remarca específicamente que la propuesta no generará más gasto para el gobierno nacional, una aclaración que echa por tierra el habitual argumento oficialista sobre las limitaciones fiscales.
Por lo pronto, el Gobierno nacional solo se comprometió a mantener abierta una mesa de diálogo “constante” para continuar las negociaciones. Lo cierto es que parece que el ajuste de Milei ha desgastado el vínculo de Casa Rosada con los mandatarios provinciales.
Sin ir más lejos, figuras como Jaldo (cuyos gobernadores habían sido clave para que el presidente pueda defender sus vetos en el Congreso) comenzaron a marcar distancia del gobierno. “Yo puedo ser dialoguista, pero dialogo en favor de la provincia“, había dicho recientemente.
Jaldo tomó distancia de Milei: “Yo puedo ser dialoguista, pero dialogo en favor de la provincia”
Los puntos clave del proyecto
El proyecto de ley consensuado por los gobernadores propone modificaciones sustanciales en tres áreas principales: la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, la eliminación de fondos fiduciarios específicos y la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (los famosos ATN que el gobierno reparte discrecionalmente).
En primer lugar, respecto al impuesto a los combustibles líquidos regulado por la Ley 23.966, el proyecto establece una nueva distribución que beneficia significativamente a las provincias. Según la propuesta, el 58,36% de la recaudación iría directamente a las provincias, mientras que el Tesoro Nacional recibiría apenas el 10,40%.
El resto se distribuiría entre el Sistema Único de Seguridad Social (28,69%) para atender las obligaciones previsionales nacionales, y una compensación para el transporte público (2,55%) según el Decreto 652/2002.
Esta redistribución representa un cambio radical respecto al esquema actual, donde el 29% va al Tesoro Nacional, otro 29% a las provincias, el 21% a la ANSES y el 42% al Fondo Nacional de la Vivienda. La nueva propuesta prácticamente duplica la participación provincial en estos recursos.
En segundo lugar, el proyecto contempla la disolución de dos fondos fiduciarios específicos: el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT), creado por Decreto 976/2001, y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH), establecido por Decreto 1381/2001.
La eliminación de estos instrumentos busca que tanto la Nación como las provincias puedan “destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”, otorgando mayor autonomía y flexibilidad en la gestión de los recursos.
Finalmente, el tercer eje del proyecto aborda la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), fondos que tradicionalmente se han manejado de manera discrecional por parte del Poder Ejecutivo nacional.
La propuesta establece que estos recursos se distribuyan “de forma automática y diaria” entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siguiendo los criterios de coparticipación primaria y secundaria establecidos en la Ley 23.548.
Esta modificación eliminaría el componente discrecional que ha caracterizado históricamente a los ATN, convirtiéndolos en una transferencia automática basada en criterios objetivos. Los gobernadores argumentan que estos fondos deben destinarse exclusivamente a cubrir emergencias y desequilibrios financieros, pero sin depender de decisiones políticas del gobierno central.
Este es el eje de las demandas: ponerle un límite al modelo centralista que Milei viene abusando desde su llegada a Casa Rosada. Considerando que cuenta con el respaldo unánime de las provincias, el proyecto tiene altas probabilidades de obtener sanción parlamentaria (la incógnita es si la tropa libertaria decidirá vetarlo).
El documento firmado por los gobernadores busca, en definitiva, reequilibrar la distribución de recursos entre Nación y provincias, argumentando que esto “generará más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva de recursos originados en todo el territorio nacional”.
La reunión se desarrolló precisamente en vísperas de la primera reunión formal del Consejo de Mayo, programada para el martes siguiente en Casa Rosada. Este organismo, formalizado por el Decreto 382/2025, había quedado prácticamente inactivo desde la firma del Pacto de Mayo en Tucumán.
Sin embargo, recientemente el gobierno lo reactivo en medio de las tensiones entre Nación y provincias, y con las elecciones nacionales en el horizonte. Los comicios tendrán lugar el 26 de octubre, pero previamente habrá varios actos electorales provinciales.
