Milei quiere impulsar una ambiciosa agenda en el Congreso, pero aún no tiene interlocutor para hablar con las provincias

El gobierno de Javier Milei confirmó que llamará a sesiones extraordinarias y espera tratar el presupuesto y sus reformas estructurales en apenas 3 semanas, un cronograma que roza lo imposible y que además se complica por la falta de interlocutores claros para las negociaciones.

El gobierno de Javier Milei tiene una ambiciosa agenda para las sesiones extraordinarias en el Congreso, que incluye el Presupuesto 2026 y tres reformas estructurales, a tratarse en apenas 3 semanas (según el calendario oficial).

Sin embargo, la administración libertaria enfrenta un problema tras las salidas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán: aún no tiene un interlocutor claro para negociar con las provincias, lo que genera incertidumbre entre los gobernadores sobre quién será el canal oficial de diálogo, ya que Diego Santilli aún se mantiene en su puesto en el Congreso.

Javier Milei convoca a sesiones extraordinarias

El Poder Ejecutivo confirmó que convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso entre el 10 y el 31 de diciembre, aprovechando el recambio legislativo tras las elecciones del 26 de octubre. La estrategia del oficialismo es capitalizar el momento político con la victoria de La Libertad Avanza todavía fresca y el nuevo equilibrio de fuerzas en ambas Cámaras.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, manifestó en una entrevista en AM Rivadavia: “Estamos convencidos de que en extraordinarias vamos a poder aprobar todo”.

No obstante, el funcionario no descartó potenciales llamados a extraordinarias en enero o febrero, siguiendo el esquema utilizado a fines de 2024 y principios de 2025, cuando el gobierno logró aprobar las leyes electorales que eliminaron las PASO y establecieron la Boleta Única a nivel nacional.

La idea es implementar un diciembre con movimiento, un breve receso al inicio de enero y luego un sprint final desde la segunda quincena del primer mes del año. Esta versión de la agenda es compartida tanto en la Casa Rosada como en el despacho principal de la Cámara de Diputados.

El temario incluye cuatro proyectos sensibles: el Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y penal. Meter estos expedientes en tres semanas, con todo el camino legislativo que incluye sanción en Diputados, Senado y paso previo por sus respectivas comisiones, es considerado por algunos legisladores como “más que ambicioso” e incluso “imposible”.

El Presupuesto 2026 es el único de los expedientes que no tiene que pasar por comisiones: ya cuenta con dictamen y está listo para tratarse en Diputados.

El titular de Hacienda y Presupuesto, Bertie Benegas Lynch (reemplazante de José Luis Espert), puso su doble firma para que el expediente de La Libertad Avanza sea el de mayoría y pueda superar al de Unión por la Patria, que era de rechazo. Sin embargo, este dictamen perderá vigencia a partir del 30 de noviembre.

Voces libertarias en el Senado creen directamente que es “imposible” sancionar todo en las tres últimas semanas de 2025 y estiman que “con dictaminar o conseguir alguna media sanción, estarán hechos”.

Desde las inmediaciones de una bancada aliada al oficialismo en Diputados calcularon: “Por ahí trabajan durante noviembre, como para tener un poco avanzados los temas. El presupuesto va a salir, y alguna de las otras tres reformas seguramente también”.

La oposición, por su parte, reconoce no tener los números. Desde uno de los bloques opositores lamentaron: “Nadie cree tener el número, ni para el quorum ni para aprobar alguno de los dictámenes”, y conjeturaron que el oficialismo puede sacar el presupuesto en la semana del 14 al 18 de diciembre, la última antes de navidad y año nuevo.

La oposición forzó un dictamen para el Presupuesto 2026, pero el oficialismo se quedó con el de mayoría

La oposición forzó un dictamen para el Presupuesto 2026, pero el oficialismo se quedó con el de mayoría

La confusión sobre el interlocutor provincial

Es que el Gobierno sigue sin tener un interlocutor claro para hablar con las provincias, lo que genera alertas en varios distritos. La designación de Manuel Adorni como jefe de gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior no frenaron las conversaciones paralelas que Santiago Caputo y Lule Menem mantienen con los gobernadores.

En el posteo que confirmó el desembarco de Santilli a la gestión nacional, el propio Milei fue claro: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Sin embargo, desde el gobierno también trascendió que Adorni se prepara para convocar a un grupo de gobernadores en los próximos días para avanzar en las negociaciones sobre las reformas.

La decisión de dejar en Adorni las conversaciones con las provincias contrasta con la imposición presidencial de dejar a Santilli como único interlocutor con los aliados. Además, generó escepticismo entre mandatarios provinciales.

Si bien desde el entorno de ambos funcionarios advierten que trabajarán “en tándem”, en varias provincias se prendieron las alertas. Un ladero de un importante gobernador con vínculo directo con la Casa Rosada expresó: “Me parece que acá están cambiando nombres, pero mantienen las formas”.

La posibilidad de repetir la encrucijada del doble comando que eyectó a Guillermo Francos de la gestión y amplificó la interna entre Santiago Caputo y el tándem Martín – Eduardo “Lule” Menem está cada vez más latente.

Según fuentes del círculo del asesor, Caputo sigue recibiendo llamadas con pedidos específicos de parte de los gobernadores, quienes al parecer no están conformes con la idea de volver a reiniciar las conversaciones con nombres distintos a los que ya hablaban.

Durante la jura de Adorni como jefe de gabinete, los ojos de los presentes estuvieron puestos en los movimientos de los protagonistas del poder oficialista. Karina Milei se acercó a saludar a Santiago Caputo, quien llegó cabizbajo y con gafas de sol al Salón Blanco.

“¿Mucho sol?”, le preguntó entre risas la secretaria general de la presidencia. Los intercambios incómodos se sucedieron con la reedición del saludo entre Caputo y Eduardo “Lule” Menem, quienes mantuvieron una corta pero amena charla.

Quienes conocen la dinámica entre el riojano y el asesor advierten que el vínculo entre ambos nunca fue tan malo como se especuló por meses. Hay quienes señalan que la mala concordancia del último tiempo se debe a la mala relación que mantienen las segundas líneas de los silenciosos asesores del presidente y la hermana de Milei.

Milei ubicó a Santilli en el Ministerio del Interior apenas una semana después de que fuera candidato

Milei ubicó a Santilli en el Ministerio del Interior apenas una semana después de que fuera candidato

El nuevo balance de fuerzas en el Congreso

Con el recambio legislativo, La Libertad Avanza tendría cerca de 96 diputados y 20 senadores, aunque estos números están todavía en movimiento hasta que los que pertenezcan a partidos aliados definan dónde se sentarán. A esto hay que sumarle los principales socios del oficialismo: el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).

En la Cámara Baja se repartieron 127 bancas en las elecciones del 26 de octubre, de las cuales la tropa libertaria ganó 64, mientras que por detrás le siguieron Fuerza Patria (44), Provincias Unidas (8), partidos locales (6), el Frente de Izquierda (3) y otros partidos (2).

Por otro lado, en el Senado se repartieron 24 bancas y los libertarios sumaron 13. Luego, le siguieron Fuerza Patria (9) y otros partidos (2). Junto a los del PRO, tienen asegurado el tercio necesario para bloquear cualquier freno sobre vetos. Además, permite abrir diversas negociaciones con gobernadores aliados para sumar votos.

La Casa Rosada comenzó a reunir a su nueva tropa legislativa en encuentros realizados en los últimos días, de los que participaron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el propio Milei, antes de partir, una vez más, a Estados Unidos.

Los encuentros tuvieron como objetivo arengar a diputados y senadores actuales y entrantes y remarcarles el respaldo a la agenda parlamentaria del Presidente, aunque fueron caracterizados como protocolares. “Había gente que ni siquiera se conocía entre sí”, comentó uno de los participantes.

La sensación desde las elecciones en la bancada libertaria es que hay que aprovechar el envión y los aliados con ganas de colaborar para sacar las leyes con el mayor consenso posible. “Yo haría sesiones todo el verano, incluido enero“, se aventuró un diputado PRO ahora pintado de violeta.

Fugas en los bloques del PRO: Una senadora bullrichista oficializó su pase a La Libertad Avanza

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Las tres reformas estructurales del oficialismo

La agenda que el Gobierno buscará imponer durante el período extraordinario se centra en las tres leyes estructurales que planea para su segunda etapa: la flexibilización laboral, la reforma tributaria y el nuevo código penal.

Además de estos proyectos principales, no se descarta que en el paquete de leyes se incluya la discusión por los 150 pliegos de jueces nacionales y la nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia. Será cosa del futuro descifrar si todos los actores están dispuestos a negociar con la dupla propuesta por el Ejecutivo.

Reforma laboral

El Gobierno trabaja en una propuesta que podría incluir la extensión del horario laboral hasta 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, la existencia de acuerdos de trabajo por empresa (en lugar de por actividad) y aumentos salariales por productividad.

La Libertad Avanza había incluido cambios en la legislación laboral en el DNU 70/2023 (que fueron declarados inconstitucionales por la Justicia) y en la Ley Bases. La iniciativa es impulsada por la diputada nacional Romina Diez bajo el título de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo.

En cuanto a la flexibilización contractual, se mantiene la nulidad de cualquier acuerdo que reduzca derechos laborales, pero se permite la homologación de modificaciones esenciales del contrato de trabajo por la autoridad de aplicación.

El empleador puede introducir cambios en la prestación laboral, siempre que no sean irrazonables, no alteren elementos esenciales del contrato ni causen perjuicio material o moral al trabajador.

Se establecen plazos y procedimientos para cuestionar sanciones disciplinarias (30 días corridos para impugnar), y se exige notificación fehaciente. En cuanto a las formas de pago, se permite el pago en efectivo, cheque, transferencia bancaria o mediante cuentas en entidades autorizadas, y se admite la entrega de recibos de pago en formato electrónico.

Las vacaciones pueden otorgarse en forma fragmentada y se extiende el plazo para su goce hasta el 30 de abril del año siguiente. El empleador únicamente deberá garantizar que, al menos cada 2 años, que el trabajador disfrute de sus vacaciones en temporada de verano.

El proyecto incorpora un régimen de banco de horas: las convenciones colectivas de trabajo pueden establecer regímenes flexibles que permitan la acumulación de horas extras para compensarlas con tiempo libre en el futuro, o establecer francos compensatorios.

Los límites establecen que se deben respetar los mínimos indisponibles de 12 horas de descanso entre jornada y jornada por razones de salud y seguridad, lo que en rigor esconde la posibilidad de tener jornadas laborales de 12 horas.

Se extienden los períodos de licencia por enfermedad inculpable: hasta 6 meses para trabajadores con menos de 5 años de antigüedad y hasta 12 meses para trabajadores con más de 5 años de antigüedad o con carga familiar. Si el trabajador no puede reincorporarse después de la licencia, el empleador debe conservar su empleo por 1 año adicional.

Desde el oficialismo sostienen que el esquema apunta a “dinamizar la contratación” y reducir los costos para las PyMEs, mientras que los gremios ya anticiparon un fuerte rechazo.

Milei se reunió con gobernadores para allanar el camino para sus reformas en el Congreso

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Reforma tributaria

El Ejecutivo prepara una reforma tributaria integral que apunta a reducir la presión fiscal y unificar tributos. Una de las piezas centrales es la baja del impuesto a las Ganancias para personas físicas (asalariados y jubilados), normativa reestablecida por el propio oficialismo al inicio de su mandato.

Se elevará el Mínimo No Imponible (extremadamente bajo ahora mismo) y se ampliarán las deducciones personales. También se incluye la expansión del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) o “plan colchón” para quienes adhieran (una suerte de blanqueo encubierto).

Otro eje de la reforma es el diseño de un nuevo esquema para el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El ministro Caputo adelantó que el IVA será “dividido” entre la Nación y las provincias, con la intención de fomentar “competencia impositiva” entre las jurisdicciones.

Bajo el planteo, del 21% actual se proyectaría que la Nación perciba un 12% y las provincias 9% del gravamen, aunque esto aún no está formalizado. Sería parte de una negociación en la que a cambio el Gobierno pide a las provincias avanzar en la reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB).

Reforma penal

La tercera pata del plan reformista será la actualización del Código Penal. La reforma propone que quien cometa delitos graves no pueda acceder a la libertad condicional, debiendo cumplir íntegramente la pena. En casos de reincidencia múltiple, la prisión efectiva podría extenderse hasta 40 años.

Los homicidios, los delitos sexuales, el narcotráfico, la trata de personas y los delitos de lesa humanidad serán imprescriptibles. Prevé que los bienes vinculados con el delito puedan ser decomisados anticipadamente a favor del Estado, incluso antes de una condena firme.

El borrador incluye una disposición que declara que “no será punible quien obrare en cumplimiento del deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, lo que implicaría invertir la carga de la prueba en ciertos casos de uso de armas por parte de Fuerzas de Seguridad.

El borrador también menciona una nueva modalidad de fraudes informáticos, impulsados incluso por inteligencia artificial, con penas de hasta 7 años de prisión y multas proporcionales. Las apuestas ilegales, los juegos de azar online, los ciberdelitos y la pornovenganza también son tenidos en cuenta en el documento.

En corrupción, se rediseña el delito de enriquecimiento ilícito y se sanciona el dictado de normas que alteren el equilibrio fiscal. Se trata de un apartado alarmante, porque plantea imponer por ley el plan de gobierno de Milei.

Se suben las penas de homicidio simple a 30 años de prisión. Actualmente, el castigo es de 8 a 25 años de cárcel. Además, se amplían los supuestos de homicidio agravado, que conllevan prisión perpetua.

Se aumentan los años de cárcel para delitos sexuales, se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales y se agravan las escalas por grooming y difusión de material de abuso infantil por redes sociales o con inteligencia artificial.

El documento fue elaborado por la Comisión de Reforma del Código Penal que se formó en 2024. Fue integrada por el Ministerio de Justicia y magistrados como Mariano Borinsky y María Eugenia Capuchetti, cuestionada por su accionar en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

Milei pisa el acelerador: Sesiones extraordinarias y reunión con gobernadores para avanzar con la reforma laboral

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