La Libertad Avanza se quedó con el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 gracias al desempate de Bertie Benegas Lynch y a continuación quedó el dictamen de rechazo impulsado por Unión por la Patria. ¿Cómo sigue la discusión?
La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió este martes cuatro dictámenes sobre el proyecto de Presupuesto 2026, a pocas semanas del recambio parlamentario que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre.
La oposición tenía la intención de emitir dictamen para forzar el tratamiento del proyecto antes de que se consolide la nueva conformación en el Congreso, aunque fue La Libertad Avanza el espacio que tuvo el dictamen de mayoría con 21 firmas gracias al voto doble del presidente de la comisión, Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
El despacho del oficialismo, que reproduce sin modificaciones el texto enviado por el Gobierno de Javier Milei, reunió inicialmente 20 firmas, la misma cantidad que logró Unión por la Patria con su dictamen de rechazo.
El empate técnico se resolvió a favor del Gobierno cuando Benegas Lynch ejerció su prerrogativa como presidente del cuerpo y desempató con firma doble, otorgando al proyecto libertario el estatus de mayoría.
Al oficialismo lo acompañaron con disidencias sus aliados del PRO, la UCR, Liga del Interior (radicales libertarios) y legisladores que responden a gobernadores afines a Casa Rosada. Entre ellos figuran el misionero Carlos Fernández (Innovación Federal), la salteña Pamela Calletti (Innovación Federal) y la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo).
La reunión contó además con la presencia del diputado Diego Santilli, quien fue recientemente reelecto pero que había sido anunciado como nuevo Ministro de Interior. La Libertad Avanza decidió postergar su designación para tener su voto, clave para el empate de este martes.
El segundo dictamen en cantidad de firmas fue el de Unión por la Patria, suscripto por los 20 integrantes de ese bloque en la comisión. El texto peronista plantea el rechazo total al proyecto del Ejecutivo e incorpora las leyes vetadas e insistidas por el Congreso.
Esto incluye el cumplimiento de las propuestas de financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica, que -en una maniobra sin precedentes- el Poder Ejecutivo eligió desconocer. Además, contempla aumentos para los jubilados y el bono que fue vetado, pero no pudo ser insistido.
El tercer despacho fue presentado por Encuentro Federal junto a Democracia para Siempre y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), reuniendo 6 firmas. Este dictamen, motorizado por los diputados Oscar Agost Carreño e Ignacio García Aresca, propone un superávit levemente menor al proyectado por el Gobierno y también reincorpora las tres leyes vetadas.
A diferencia del dictamen de Unión por la Patria, este texto respalda el objetivo del déficit cero, pero plantea modificaciones en las prioridades de asignación de recursos. Una suerte de punto medio entre ambas posiciones.
Finalmente, el Frente de Izquierda presentó un cuarto dictamen de rechazo absoluto, firmado únicamente por el diputado Christian Castillo. De los 49 miembros de la comisión, no firmaron ningún dictamen Paula Oliveto (Coalición Cívica) y Fernando Carbajal (Democracia para Siempre), quien estuvo ausente.
La estrategia de LLA: dilatar la discusión hasta diciembre
El oficialismo prefiere esperar hasta diciembre para votar con una composición parlamentaria más favorable, pero algunos sectores de la oposición no descartan forzar una sesión antes del 20 de noviembre, cuando concluya el período ordinario. Una posibilidad que hoy parece difusa dado que no están los votos para ningún lado en el recinto.
El panorama actual es más favorable para el Gobierno que hace una semana, cuando la oposición logró el emplazamiento para forzar el dictamen. La victoria electoral y el músculo político obtenido le permiten al oficialismo negociar desde una mejor posición, aunque deberá cerrar acuerdos con los gobernadores antes de avanzar con su plan.
El oficialismo celebró dentro de sus filas haber conseguido el dictamen de mayoría, que representa también el debut de la nueva mesa política integrada por Martin Menem y Diego Santilli, con la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Para avanzar con el Presupuesto 2026, el oficialismo tiene dos caminos: prorrogar las sesiones ordinarias para mantener vigente el dictamen de mayoría y negociar cambios en el recinto, o bien decretar sesiones extraordinarias, lo que obligaría a emitir un nuevo dictamen y redefinir la integración de las comisiones. Las sesiones ordinarias concluyen el 30 de noviembre.
Santilli confirmó la voluntad del Gobierno nacional de tratar el presupuesto en sesiones extraordinarias. En paralelo, el Gobierno intentó desarticular la emisión del dictamen activando el lunes una reunión “blue” de la comisión, encabezada por Benegas Lynch, de la que participaron funcionarios del Ejecutivo y legisladores aliados.
El principal desafío del Gobierno en las próximas semanas será la negociación con los gobernadores para incluir cambios en la propuesta oficial y garantizar los votos necesarios para aprobar el Presupuesto antes de fines de diciembre.
El dictamen del oficialismo fue acompañado por diputados que responden a los mandatarios de Misiones, Salta, Mendoza y San Juan, aunque con disidencias parciales. El eventual desembarco de Santilli como ministro del Interior busca precisamente reforzar la interlocución con los mandatarios provinciales y ordenar la estrategia legislativa del oficialismo en esta etapa crucial.
Los gobernadores consiguieron con el dictamen de la oposición al menos un foco de presión para negociar con el Gobierno nacional. La Casa Rosada deberá balancear la necesidad de mantener el equilibrio fiscal (pilar central de su política económica) con las demandas provinciales de mayor financiamiento.
El debate por el Presupuesto 2026 en la comisión
El diputado libertario Julio Moreno Ovalle abrió la discusión considerando “importantísimo” contar con un presupuesto, que significa “el plan de gobierno”, al que se debe “respetar”. Se trata de una posición curiosa, si se tiene en cuenta que hasta ahora el espacio no había tenido interés en discutir sus propuestas de presupuesto.
El legislador salteño recordó las prioridades establecidas por el Gobierno: tener “equilibrio fiscal sostenido” y “tener claro que con los presupuestos anteriores primero se ubicaban los gastos y después la forma de financiación”, que era “a través de emisión monetaria, aumento de impuestos, o préstamos, o sea deuda externa”.
Por Unión por la Patria, el diputado Carlos Heller informó la presentación de un dictamen de rechazo “total” al Presupuesto “a partir de una cantidad de objeciones conceptuales porque este proyecto que está puesto a considerar avanza en consolidar un modelo de ajuste fiscal, en la idea del Estado ausente“. Heller lo calificó como:
“Un proyecto que está en las antípodas de las políticas que nosotros entendemos que se necesitan para superar esta situación que vive la Argentina”.
El legislador cuestionó que “el presupuesto no tiene superávit fiscal, sino que oculta un déficit fiscal. El proyecto del Presupuesto no tiene en cuenta los intereses de una enorme parte de la deuda que tiene el Estado y no se contabiliza”. También criticó el cálculo del presupuesto con un dólar de $1300: “Todos los números que plantean están cubiertos solo de entusiasmo”, apuntó.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, dejó claro que la Argentina “necesita una ley de presupuesto que dé previsibilidad, para poder tener certeza del piso de financiamiento para universidades, obra pública… Por lo tanto, esta es una gestualidad importante: venimos a dictaminar con la conciencia de que la Argentina necesita una ley de presupuesto”.
Sin embargo, aclaró que de tratarse este año, sería el tercer presupuesto reconducido consecutivo. Martínez señaló que el proyecto del Ejecutivo “no parece darle a la Argentina las herramientas necesarias para alcanzar un camino de recuperación de la actividad económica, y de recuperación de la actividad productiva y de empleo”.
Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo anticipó el rechazo de su bloque argumentando que el proyecto “quedó desfasado de la realidad, no resistió unos meses porque el esquema económico que planteaba se fue al tacho y tuvieron que ir a pedir rescate al secretario del Tesoro de Estados Unidos” con un swap de 20 mil millones de dólares.
El legislador cuestionó los supuestos del presupuesto en cuanto a meta inflacionaria y crecimiento, y denunció “una caída muy importante en las partidas sociales” con una reducción del 3% en educación, cultura y salud comparado con 2023, y del 48% en cultura y educación general respecto de las universidades públicas.
También mencionó la caída en la atención de políticas de violencia de género, que pasó “de cien mil personas a 434”, y en políticas de vivienda, cuando “hay una demanda de más de 4 millones de familias en emergencia habitacional”.
Por Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño recordó que la Argentina lleva “dos años sin presupuesto, sin control del Parlamento, y además un ministro de Economía que no viene al Congreso ni a defender este presupuesto, ni cuando es interpelado”.
Desde el PRO, la diputada Germana Figueroa Casas defendió la necesidad de sancionar un presupuesto porque “la gestión pública tiene que estar ordenada y no manejarse por decisiones administrativas para poder tener un verdadero control parlamentario”.
Definió que sancionarlo es “una señal de madurez institucional”, aunque explicó que firmaron con disidencias parciales porque “faltaron algunas charlas, algunos análisis de artículos y observaciones”. “Hay aspectos que podrían tener revisión, ajustes para mejorar la asignación de recursos, fortalecer el federalismo y la transparencia”, agregó.
Finalmente, desde Democracia para Siempre, el jefe de ese bloque, Pablo Juliano, criticó que “el dictamen del oficialismo está intacto” y reflexionó que las conversaciones con la oposición dialoguista “no movieron la aguja“. “¿Qué nota está tomando el Gobierno de las necesidades?”, se preguntó, señalando que su dictamen “trata de contemplar reclamos de las provincias”.
