Javier Milei planea convocar a sesiones extraordinarias para impulsar su agenda en el Congreso y se reunirá con gobernadores afines para avanzar con las negociaciones aprovechando el efecto político del triunfo electoral. ¿En qué consiste la reforma laboral que busca impulsar?
El gobierno de Javier Milei pisó el acelerador tras el triunfo en las elecciones legislativas y busca aprovechar la nueva composición del Congreso que asumirá el 10 de diciembre para avanzar con dos de sus iniciativas prioritarias: la reforma laboral y la reforma tributaria.
Con el plazo de sesiones ordinarias finalizando el 30 de noviembre, el Ejecutivo ya analiza convocar a sesiones extraordinarias para tratar ambos proyectos cuando el nuevo cuerpo legislativo, más favorable a La Libertad Avanza, tome posesión. En este contexto, convocó a los gobernadores que han dado respaldo al oficialismo en el Congreso hasta ahora.
Este jueves, 17 mandatarios están convocados a una reunión en Casa Rosada para discutir las reformas que el gobierno pretende impulsar en el marco del Consejo de Mayo, que quedó olvidado poco después de la postal de julio de 2024.
La cita, programada para las 17 horas, reunirá únicamente a los gobernadores afines al proyecto oficial y excluye a los mandatarios más críticos, como el bonaerense Axel Kicillof y los otros representantes del peronismo más confrontativo.
Milei y su equipo pretenden aprovechar la catastrófica derrota del espacio Provincias Unidas y las otras fuerzas provincialistas en los comicios, que redujo sus márgenes de negociación frente al oficialismo.
Gobernadores como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) habían ensayado un intento de equilibrar críticas y elogios para la gestión nacional, pero en las últimas semanas sus legisladores decidieron acompañar al oficialismo, como quedó evidenciado en el tratamiento de iniciativas como la distribución de los ATN y el impuesto a los combustibles.
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Sesiones extraordinarias y reunión con gobernadores
Fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmaron que la convocatoria a sesiones extraordinarias es “posible y probable”, considerando que tanto la reforma laboral como la tributaria son consideradas “prioridades” para la segunda mitad del mandato presidencial.
En sus primeras apariciones tras las elecciones, Milei delineó los ejes centrales de ambas reformas. “Para la reforma tributaria tenemos un plan para bajar 20 impuestos ahora, expandir la base imponible, de modo tal que, al bajar las alícuotas, no tenga sentido la evasión”, expresó el mandatario.
Respecto a la reforma laboral, adelantó: “Antes debe haber una modernización laboral, que no implica una pérdida de derechos”. Sus dichos resultan curiosos cuando se observa el proyecto presentado por La Libertad Avanza, que propone eliminar muchos de los derechos laborales.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, ya había prometido avanzar en este sentido ante empresarios, bajo la excusa de terminar con una supuesta “industria del juicio“. La avanzada se da bajo el eufemismo de garantizar la “libertad entre las partes”, que en rigor pone al empleador en una posición privilegiada a la hora de discutir condiciones.
En ese sentido, el Presidente volvió a apuntar contra los sindicatos y reclamó su colaboración en esta nueva etapa. “Los sindicatos saben que esto no funciona, que si lo piensan como negocio están liquidados”, advirtió.
En cuanto a la reunión con los gobernadores, ésta se llevará adelante en el Salón Norte del primer piso de Casa Rosada. El encuentro, motorizado por Guillermo Francos y el ministro del Interior, Lisandro Catalán, busca acercar posiciones tras meses de tensión electoral.
Dicha tensión derivó en una falta de apoyo de los mandatarios provinciales a iniciativas oficiales, incluyendo el rechazo a varios vetos presidenciales sobre financiamiento universitario, emergencia en el Garrahan y discapacidad. Sin embargo, luego se diluyó con la marcha atrás en los proyectos para distribuir Aportes del Tesoro (ATN) y el impuesto a los combustibles.
El Presidente estará acompañado por Francos, Catalán y Caputo, entre otros funcionarios. Inicialmente, Casa Rosada había indicado que la convocatoria se postergaría hasta diciembre, pero las reuniones celebradas el martes en el palacio de gobierno terminaron por acelerar el llamado para aprovechar el efecto político del triunfo electoral del domingo pasado.
Entre los confirmados se encuentran mandatarios con los que La Libertad Avanza entabló alianzas electorales, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis).
También participará el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri. El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro confirmó su asistencia, representando a parte del bloque de Provincias Unidas que se había presentado como una tercera alternativa pero que ocupa el lugar de “dialoguista”.
La nómina de invitados incluye a los firmantes del Pacto de Mayo, aquel acuerdo rubricado el 9 de julio de 2024 en San Miguel de Tucumán. En primera instancia, el gobierno buscará avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026. Pero el objetivo central pasa por debatir las reformas laboral y tributaria, tal como adelantó el propio Catalán.
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¿En qué consiste la reforma laboral que planea?
El proyecto de reforma laboral que el gobierno impulsará se basa en la “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, presentada en diciembre de 2024 por la diputada de La Libertad Avanza, Romina Diez, cercana a Karina Milei.
Esta iniciativa vino a reemplazar la versión original incluida en la Ley Bases, de la cual se eliminaron más de la mitad de los artículos durante la negociación parlamentaria. La estrategia oficial consiste en utilizar este proyecto como base y complementarlo con propuestas de gobernadores, sindicalistas colaboracionistas y empresarios.
El texto lleva la firma de diputados libertarios como Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert (actualmente en uso de licencia por su escándalo narco), Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.
El proyecto modifica el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo para facultar al empleador a introducir cambios en la forma y modalidades de la prestación laboral, “siempre que no sean irrazonables, no alteren elementos esenciales del contrato ni causen perjuicio material o moral al trabajador”.
Se mantiene la nulidad de cualquier acuerdo que reduzca derechos laborales, pero se permite la homologación de modificaciones esenciales del contrato por la autoridad de aplicación. Además, se establecen plazos y procedimientos para cuestionar sanciones disciplinarias (30 días corridos para impugnar) y se exige notificación fehaciente.
Una de las modificaciones más controvertidas permite que la jornada laboral se extienda de 8 a 12 horas mediante bancos de horas o regímenes especiales establecidos en convenios colectivos. El límite obligatorio es respetar al menos 12 horas de descanso entre jornadas por razones de salud y seguridad.
El régimen de banco de horas faculta la acumulación de horas extras para compensarlas con tiempo libre en el futuro, o bien mediante francos compensatorios: días libres adicionales en lugar de pago por horas extras. Los regímenes deben adecuarse a las modalidades de producción y condiciones propias de cada actividad.
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El proyecto establece que las vacaciones pueden otorgarse en forma fragmentada (mínimo 1 semana) y plantea que las fechas queden a criterio del empleador, que únicamente debe garantizar que cada 2 años pueda elegir vacacionar en verano. El empleador determina las fechas de iniciación de las vacaciones, debiendo notificar por escrito con 21 días de anticipación.
Se extienden los períodos de licencia por enfermedad inculpable: hasta 6 meses para trabajadores con menos de 5 años de antigüedad, y hasta 12 meses para quienes tienen más de 5 años o con carga familiar. Si el trabajador no puede reincorporarse después de la licencia, el empleador debe conservar su empleo por 1 año adicional.
Sin embargo, si el empleador duda de la veracidad del certificado médico presentado, puede hacer una denuncia ante la Secretaría de Trabajo. El Ministerio de Capital Humano brindará un listado de peritos médicos que podrán convocar al médico firmante para repetir o solicitar nuevos estudios, así como requerir medidas para corroborar o modificar el diagnóstico.
El proyecto permite el pago de salarios en efectivo, cheque, transferencia bancaria o mediante cuentas en entidades autorizadas. Se admite la entrega de recibos de pago en formato electrónico, con conservación digital, detallando información obligatoria como datos del empleador y trabajador, remuneración, deducciones y aportes.
Las actualizaciones de deudas laborales quedarán limitadas a la inflación (medida por el IPC del INDEC) más un interés puro del 3% anual, recortando la variación que hasta ahora fijaban los tribunales en casos de juicios prolongados.
Se establecen topes a los honorarios profesionales al fijar límites al pacto de cuota litis en juicios laborales al 20%, y se permite a las PyMES pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales.
Esta combinación de cambios le baja la presión de los empleadores ante conflictos laborales. Para la empresa, el costo del conflicto se vuelve más previsible y más barato si se estira en el tiempo el proceso judicial, desvalorizando lo que se cobra cuando se llega al final del juicio.
También se pretende establecer bonos fiscales y reducción de contribuciones patronales para los empleadores que incorporen a nuevo personal. En paralelo, la incorporación a un empleo significará la suspensión de los planes sociales de trabajo que reciban por 13 meses (y si se incorpora, el beneficio se elimina de forma definitiva).
El proyecto redefine el concepto de remuneración al ampliar la lista de beneficios sociales que podrán pagarse de forma no remunerativa, es decir, que no integran el salario a efectos de aportes, aguinaldo ni cálculo indemnizatorio.
Se incluyen en este apartado prestaciones como comida, reintegros médicos, guarderías, útiles escolares, ropa de trabajo, capacitaciones, telefonía e internet, entre otras. El otorgamiento será en todos los casos a título gratuito.
