Un fallo judicial determinó que las publicaciones de Javier Milei en su cuenta de la red social X son de carácter oficial y no personal, sentando un precedente judicial que impacta en todas las actividades digitales del libertario y complica su defensa en el caso $LIBRA.
Una resolución de la Justicia Federal en el marco de la denuncia del menor Ian Moche contra el presidente Javier Milei estableció que las publicaciones del mandatario en sus redes sociales personales poseen carácter oficial y no privado.
El dictamen del fiscal Oscar Julio Gutiérrez Eguía y la confirmación del juez Alberto Osvaldo Recondo sientan un precedente judicial que impacta directamente en todas las actividades digitales del presidente, incluidas las relacionadas con el caso $LIBRA.
En el marco de la causa por la estafa de la criptomoneda, en la que el mandatario está imputado, la defensa presidencial viene argumentando que la cuenta desde la que Milei promocionó el token es de carácter “personal” y no oficial.
La resolución judicial que cambia el panorama
El abogado Andrés Gil Domínguez, representante de Ian Moche y su familia, explicó el alcance del fallo en sus redes sociales: “En el proceso judicial promovido por Ian Moche contra Javier Milei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA“.
El fiscal federal Nº 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, dictaminó que estaba habilitada la competencia federal debido a que Javier Milei “utilizó la cuenta en X con tilde gris reservada, según la reglamentación de la red social, a ‘Individuos del gobierno Nivel nacional: Jefes de Estado (presidentes, monarcas y primeros ministros) y sus adjuntos y cónyuges'”.
La clave del dictamen radica en la verificación o tilde gris que posee la cuenta del presidente en X, que según la reglamentación de la plataforma identifica a funcionarios gubernamentales de nivel nacional.
“Se encuentra registrado como usuario el Sr. Javier Milei, con tilde gris, indicando como perfil ‘Economista’, quien es el actual Presidente de la Nación”, precisó el fiscal en su resolución.
El juez federal Alberto Osvaldo Recondo, a cargo del juzgado Nº 4 de La Plata, “confirmó la postura del Fiscal y estableció la competencia federal para tramitar la causa, ordenando consecuentemente, el traslado de la demanda al Señor Presidente Javier Milei”, agregó el abogado.
Gil Domínguez destacó la importancia del precedente: “Esto es un precedente muy importante porque deja asentado que el Presidente y cualquier presidente que use X con la tilde gris lo está haciendo en ejercicio de su función y no hay ninguna duda de esto”.
La resolución refuta directamente el argumento utilizado tanto por Milei como por la Oficina Anticorrupción en el caso $LIBRA, donde sostuvieron que no violó la Ley de Ética Pública porque tuiteó desde su cuenta personal y no desde una cuenta oficial.
En el proceso judicial promovido por IAN MOCHE contra @JMilei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA.
El Señor Fiscal Federal Nº 2 de La Plata Doctor Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que estaba habilitada la competencia federal en razón…— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 13, 2025
¿Qué motivó la denuncia de Ian Moche?
Sobre Ian Moche, cabe recordar que el niño de 12 años (influencer dedicado a concientizar sobre el autismo) denunció al presidente Javier Milei a fines de junio por los ataques que recibió en redes sociales a inicios de ese mes. La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, bajo la jurisdicción del juez Alberto Recondo.
El conflicto se originó cuando el menor y su familia visitaron varios canales de televisión para generar conciencia sobre la situación de emergencia en el área de discapacidad, producto del ajuste que viene impulsando el Gobierno Nacional.
En respuesta, Milei acusó al niño de ser kirchnerista a través de sus redes sociales y tanto él como comunicadores libertarios de la red social X comenzaron a compartir una serie de publicaciones intentando deslegitimar su reclamo e incluso cuestionando a su madre por llevarlo a canales de televisión.
En su escrito judicial, Ian Moche pidió que el presidente “elimine la publicación realizada a través de su cuenta oficial verificada con tilde gris en la red social X” y “se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales por violar dicha conducta de forma manifiesta el principio del interés superior del niño“.
La denuncia se basó en violaciones al artículo 3.1 de la Convención sobre los derechos del niño, al artículo 3 de la ley 26.061, al artículo 16 de la Convención sobre los derechos del niño y al artículo 22 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Es que Moche recibió mensajes de odio en sus cuentas de Instagram y X, llegando al punto de que se publicó la dirección de su casa y la escuela donde estudia, con fotos incluidas. La madre del joven, Marlene Spesso, pidió que el presidente diera de baja la publicación, pero ante la falta de respuesta, la familia decidió iniciar acciones legales.
Gil Domínguez explicó que se trata de una “medida autosatisfactiva” que busca una solución urgente: “Estamos solicitando que se resuelva lo más rápido posible porque, cada día que pasa, el agravio se hace cada vez más profundo”. También advirtió que “el Presidente todavía está a tiempo de borrar el posteo”.
El abogado constitucionalista señaló la necesidad de adaptar los tiempos judiciales a la era digital: “La justicia tiene que tomar conciencia que en tiempos digitales, las respuestas tienen que ser en plazos y en formas digitales, no en plazos y formas analógicas”.
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Presiones al Poder Judicial: la advertencia de la ONU
El precedente judicial sobre las redes sociales de Milei se produce en un contexto de crecientes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció oficialmente presiones del presidente sobre los tribunales a través de un comunicado firmado por nueve relatores del Consejo de Derechos Humanos el 11 de julio.
El organismo internacional expresó su “profunda preocupación por lo que parece ser un esfuerzo organizado y deliberado para hostigar y castigar a jueces en represalia por su labor judicial”.
La denuncia se originó por el caso de la jueza Karina Andrade, quien reportó amenazas y campañas de desprestigio tras liberar a 114 personas detenidas en una protesta el 12 de marzo de 2025, en el marco de una de las marchas de jubilados.
La magistrada explicó que las detenciones se realizaron “sin las garantías legales necesarias” y sostuvo que “el derecho a la protesta, especialmente cuando se ejerce en defensa de grupos vulnerables, es un derecho protegido constitucional y convencionalmente”.
Como represalia, las autoridades del Ministerio de Seguridad, de Patricia Bullrich, y del Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunciaron que pedirían la destitución de Andrade.
El vocero Manuel Adorni escribió en redes sociales: “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”.
La ONU identificó una campaña de desprestigio que incluyó “acoso y abuso del público”, con amenazas de muerte y violencia sexual contra la magistrada. También denunciaron la situación del juez Roberto Gallardo, perseguido por limitar la participación de las fuerzas federales en operativos de seguridad.
Los expertos advirtieron que estas acciones constituyen violaciones a tratados internacionales y que criminalizar las protestas genera “un efecto de represión generalizada”. “Los actos de violencia aislados no bastan para tachar a toda una reunión de no pacífica. Las detenciones masivas son arbitrarias y constituyen castigos colectivos“, concluyó el documento.
La ONU exigió al gobierno que dé a conocer sus planes para proteger los derechos civiles y garantizar la libertad de expresión. Hasta el momento, el Ejecutivo no respondió y pidió prórroga para presentar su descargo.
