La reacción popular al envalentonamiento de Bullrich suma otro motivo de preocupación para Milei

cacerolazo

La brutal represión ordenada por Patricia Bullrich contra los jubilados derivó en una serie de cacerolazos y marchas espontáneas en CABA y alrededores, una respuesta que el Gobierno Nacional no esperaba, y a la que se suma al contundente fallo de una jueza ordenando la liberación de los detenidos.

Este miércoles por la noche se registraron movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores en repudio a la brutal represión ordenada por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra los participantes de la más reciente marcha de jubilados en el Congreso.

El accionar del Gobierno Nacional terminó cientos de detenidos y decenas de heridos. Entre ellos, un fotoperiodista que sufrió una fractura de cráneo y aún lucha por su vida. Sin embargo, el intento de Bullrich por disciplinar a la población terminó provocando una reacción popular más intensa de la esperada por el Gobierno de Javier Milei.

Además, en las últimas horas la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, ordenó la inmediata liberación de las más de 114 personas detenidas con un contundente fallo en el que advirtió que “no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos”.

La brutal represión de Bullrich contra jubilados terminó con cientos de detenidos y un periodista luchando por su vida

La brutal represión de Bullrich contra jubilados terminó con cientos de detenidos y un periodista luchando por su vida

Cacerolazos y movilizaciones espontáneas contra Milei

A partir de las 20 horas del miércoles, comenzaron a desarrollarse cacerolazos en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Gobierno de Javier Milei. Mientras algunos ciudadanos se expresaban desde sus hogares, cientos de personas se movilizaron espontáneamente a Plaza de Mayo.

Aunque se vieron movilizaciones en distintos puntos de la ciudad, la más nutrida fue la columna que caminó por Avenida Corrientes hasta Casa Rosada, que llegó al Obelisco en torno a la medianoche.

La convocatoria se extendió por redes sociales y se extendió por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluyendo sitios como Colegiales, Villa Crespo, Ramos Mejía, Caballito, Avellaneda, Palermo y Lugano.

Entre las consignas de las movilizaciones estuvieron el rechazo al accionar de la Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, el ajuste de Milei a los jubilados y la falta de respuestas ante el empeoramiento de las condiciones de vida.

En Casa Rosada no esperaban la respuesta popular ante la situación, quizás porque la represión contra los jubilados se transformó en una postal habitual del Gobierno Nacional, aunque el envalentonamiento autoritario de Bullrich terminó provocando preocupación en el Gobierno, ya que las imágenes remiten a un hecho marcado en la memoria colectiva: las manifestaciones de 2001.

La Justicia ordenó la liberación de los detenidos

Entre tanto, el contundente fallo emitido por la jueza Karina Andrade no hizo más que reforzar los argumentos de las denuncias sobre la violencia gratuita ejercida por las fuerzas de seguridad. La magistrada ordenó la inmediata liberación de las más de 114 personas detenidas y lanzó un duro cuestionamiento a las circunstancias de sus detenciones.

En su fallo, indicó que “a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial”. “Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención”, puntualizó, “tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención”.

Más adelante, remarcó que “tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados“, mientras que “en algunos casos el delito se informaba después“.

Puntualmente, en relación en los detenidos 4 a 15, “fracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados”. Situación similar presentaron los detenidos del 16 al 108 y del 109 al 113, sobre quienes “tampoco se indicó el momento en el que ocurrieron las detenciones ni el lugar de alojamiento”.

De esta última tanda, “no se informó el momento ni el motivo de sus detenciones y, finalmente se aguardó para el dictado de la presente la identificación de la última de las personas detenidas”.

Se trata de quien había sido identificado como “Hombre de 25 años de edad que no aporta datos pero es ciudadano mexicano”, y que “a las 2.16 horas, a pedido del tribunal, se informó
que se trata de Lisandro García Díaz, DNI N° 96.339.822″.

La información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria“, remarcó en otra sección de su fallo, “no se informaron, en la mayoría de los casos, el
lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a ‘los hechos del Congreso de la Nación'”.

“Por lo demás, y a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en ‘flagrancia‘, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle”, agregó.

Asimismo, apuntó directamente contra el operativo impulsado por Bullrich, aclarando que “el déficit en la información suministrada y, en consecuencia, del control judicial, de ningún
modo lo advierto atribuible a una acción deliberada por parte del Ministerio Público Fiscal, sino a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad”.

“Por ese motivo, el cese de las detenciones pedido por la defensa pública tuvo favorable acogida, independientemente de los planteos que puedan luego reeditarse o suscitarse en el marco de las investigaciones que la fiscalía, en ejercicio de la función que le es propia (investigar) pueda llevar adelante”, expresó.

“A partir de la información suministrada por la fiscalía y las calificaciones legales imputadas”, dijo, “ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos”.

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