El gobierno de Javier Milei decidió dividir IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas, que enfrenta una profunda crisis operativa y financiera provocada por la propia administración libertaria.
Javier Milei decidió disolver el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y reemplazarlo por dos nuevos organismos, en medio de una profunda crisis operativa y financiera que provocó su propia administración.
La entidad, que había cerrado 2023 con superávit, colapsó bajo la gestión del ministro de Defensa Luis Petri. La salida del mendocino y el ingreso de Carlos Presti como titular de la cartera no mejoró la situación, que no para de sumar incertidumbre sobre la situación de los beneficiarios de la obra social.
Milei decreta la división de la obra social
El decreto 88/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, formalizó la disolución del IOSFA y su reemplazo por dos entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La medida establece un período de transición de un año para implementar la liquidación del instituto y traspasar a todos los afiliados garantizando su cobertura. La OSFA funcionará bajo la órbita del Ministerio de Defensa y atenderá al personal militar en actividad, retirados, pensionados y sus familias.
Por su parte, la OSFFESEG quedará bajo supervisión del Ministerio de Seguridad y cubrirá a efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, con posibilidad de incorporar otras fuerzas federales en el futuro.
El Gobierno justificó la división argumentando que las fuerzas federales tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas a las propias del personal de las Fuerzas Armadas“. Respecto a la disolución, señalaron que “en los últimos años se ha observado una situación de desequilibrio financiero de carácter persistente“.
La crisis dejó una deuda auditada cercana a los 200.000 millones de pesos, poniendo en riesgo la cobertura de más de 500.000 beneficiarios. Según el decreto, el esquema anterior era inviable debido a irregularidades de administraciones previas y un desbalance estructural que comprometía las prestaciones.
Para evitar problemas similares, la norma establece un esquema de distribución obligatorio: el 80% de los ingresos debe destinarse únicamente a prestaciones médico-asistenciales, hasta un 8% para gastos administrativos y operativos, y el 12% restante podrá utilizarse en otras prestaciones sociales solo si está asegurada la cobertura de salud.
A través de un comunicado, el disuelto IOSFA aseguró que “el Estado nacional asumió las obligaciones de pago del sistema anterior, permitiendo que la nueva obra social comience a operar sin deudas ni condicionamientos”.
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El colapso bajo la gestión de Petri
Sin embargo, la crisis de IOSFA se desencadenó durante la gestión del ministro de Defensa Luis Petri. Bajo su administración, la obra social pasó de un superávit de 2.960 millones de pesos a fines de 2023 a una deuda de 126.000 millones de pesos.
Pablo Mendoza, Secretario General de la Seccional Punta Alta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), describió la situación en agosto del año pasado, cuando la situación ya se había vuelto insostenible:
“Hoy si no tenés el dinero en efectivo, no te podés operar en ningún sanatorio ni de Bahía Blanca ni de Punta Alta y en la región sur donde está Punta Alta, Bahía Blanca y Patagones tenés muchos trabajadores afiliados a IOSFA tanto de la Armada, Prefectura de Gendarmería que están sin prestaciones”.
Mendoza también detalló: “Los que estamos viviendo en Punta Alta es atrasos de tres meses en medicamentos oncológicos para bebés, ancianos y jóvenes, todo el sistema terapéutico para chicos con discapacidad tampoco está al día, y lo más difícil es que corre riesgo la vida de los trabajadores de los pasivos y activos y hoy tenemos una prestación acéfala”.
Durante 2024, el Directorio autorizó la gestión de un préstamo por 40.000 millones de pesos ante el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), una operación que contó con la oposición de varios vocales y que, según denuncias, se usó para cancelar deuda previa en lugar de mejoras informáticas prometidas.
A marzo de 2025, informes técnicos consignaban una deuda reconocida de 126.526 millones de pesos, aunque fuentes sindicales la elevaban por encima de los 160.000 millones. ATE adjudicó este deterioro a “la situación de vaciamiento y de corrupción que existe en el interior de la obra social“.
El sindicato denunció además la firma de un contrato por 50.000 millones de pesos entre IOSFA y la droguería Suizo Argentina SA, empresa señalada en el escándalo de presuntas coimas que involucra a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en el marco de la investigación por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Rubén López, secretario general de ATE en IOSFA, también se refirió a la situación a mediados de 2025: “Pedimos investigar a la gestión. Porque no entendemos cómo esta gestión –y lo volvemos a decir constantemente– asumió con un superávit y hoy la obra social tiene un endeudamiento de más de 200 mil millones de pesos“. Y añadió:
“Y crece mes a mes. Los afiliados no cuentan con ninguna cobertura, no les entregan medicamentos. Estamos en un desastre total. Y llevan apenas 20 meses”.
En Mar del Plata, los prestadores locales comenzaron a reprogramar cirugías, estudios y turnos que no implicaran riesgo de vida, manteniendo solo las urgencias. A esto se sumaron denuncias por faltante de medicamentos para VIH, diabetes y cáncer, suspensión de reintegros y vaciamiento de farmacias en delegaciones provinciales.
La crisis de gobernanza también fue evidente: el instituto tuvo tres presidentes en 18 meses (Oscar Sagás, Roberto Fiochi y, desde junio de 2025, Betina Surballe). Pese a que Petri se comprometió a gestionar fondos, las partidas no llegaron a tiempo, agravando el cuadro general.
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¿Qué cambió con la llegada de Presti?
La llegada de Carlos Presti, un militar en actividad, al Ministerio de Defensa generó expectativas en el sector de que se normalizaría el funcionamiento de IOSFA. Sin embargo, la situación no solo no mejoró sino que continuó deteriorándose durante los primeros meses de 2026.
En Mar del Plata se produjo un corte total de cobertura tras acumularse una deuda cercana a los 800 millones de pesos con el Hospital Privado de la Comunidad (HPC), principal prestador de la ciudad.
El centro médico informó oficialmente a la Base Naval que, debido a “las deudas impagas por parte de IOSFA“, se suspendían todos los servicios programados, a excepción de oncología, pediatría, obstetricia y emergencias con riesgo de vida.
Los afiliados afectados manifestaron llevar varias jornadas sin cobertura ni solución en el corto plazo, por lo que debían afrontar gastos de sus bolsillos en un contexto de faltante de turnos. Una tomografía podía costar hasta 400.000 pesos, mientras que análisis de laboratorio rondaban los 100.000 pesos.
Fuentes del sistema sanitario militar señalaron: “Con los sueldos actuales, sobre todo en jerarquías bajas o en quienes tienen tratamientos complejos, es directamente imposible afrontar esos gastos”.
El malestar entre los afectados apuntó directamente contra Presti. Según distintos testimonios, la expectativa generada por su nombramiento se frustró rápidamente: “La realidad es que está todo peor y no ha servido de nada”.
También se registraron conflictos en el Hospital Italiano de Bahía Blanca y con farmacias que históricamente atendían a IOSFA en el AMBA, lo que configuró un escenario de desarticulación generalizada de la red de atención. Los afiliados terminaban pagando las prestaciones de su bolsillo, sin ninguna certeza respecto de eventuales reintegros.
Para entonces, la deuda del organismo ya pisaba los 200.000 millones de pesos y en Casa Rosada comenzaron a impulsar la idea de dividir el instituto en dos organismos y poner fin a la entidad.
