El gobierno de Javier Milei prepara un recorte en la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a raíz de un pedido del FMI, aunque tiene previsto avanzar con el ajuste luego de los comicios de octubre.
La administración de Javier Milei se prepara para implementar una reducción significativa en la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad una vez concluidas las elecciones de octubre.
Se trata de uno de los compromisos que Casa Rosada asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último acuerdo técnico firmado entre ambas partes, y a él se suman otras políticas de ajuste que se comprometió a llevar adelante tras la última revisión del organismo.
Milei planea ajustar a los beneficiarios de la AUH
El nuevo acuerdo técnico suscrito por Argentina establece que habrá “mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social“.
Hasta el momento, la AUH y la Tarjeta Alimentar le habían servido al gobierno para contener el desplome del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables. De hecho, Milei y el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo se venían jactando de aumentar los montos de los programas por encima de la inflación.
Sin embargo, el panorama cambiará después de los comicios de medio término. El documento del FMI revela que la motivación principal detrás de este ajuste es alcanzar un mayor superávit fiscal, argumento con el que Casa Rosada viene resistiendo cualquier política que implique distribuir los recursos.
Específicamente, el organismo internacional solicita “un esfuerzo adicional de 0,3 puntos porcentuales del PBI” para “apoyar la transición al nuevo régimen cambiario” posterior a la salida parcial del cepo, con el objetivo de “alcanzar un superávit fiscal de 1,6 puntos porcentuales del PBI” en lugar del 1,3% establecido originalmente.
En el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras”, el Gobierno argentino reconoce que “continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los subsidios energéticos, asegurando una adecuada recuperación promedio de costos para la electricidad“.
A esto se suma el interés por “mejorar la focalización, la gobernanza y la eficiencia de los programas sociales, facilitado por la integración de bases de datos sociales en un registro único“. Es decir, que la reducción de beneficiarios se realizará mediante el empadronamiento de titulares en un registro unificado.
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Motosierra para los sectores más vulnerables
El objetivo establecido para fin de año consiste en “completar la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social (Sistema de Indicadores Sociales, SIS), trabajando con la asistencia técnica del Banco Mundial, para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social“.
El Sistema de Indicadores Sociales, dependiente del Ministerio de Capital Humano dirigido por Sandra Pettovello, actualmente realiza estadísticas mensuales sobre pobreza, mercado laboral, seguridad social, educación, vivienda y salud. No obstante, el archivo no se actualiza públicamente desde mayo de 2024.
Según la información oficial, el SIS “consolida información social relevante generada a partir de relevamientos estadísticos y registros administrativos. Brinda una visión global de la situación socioeconómica a nivel nacional”.
Irónicamente, el organismo asegura que “se actualiza la primera semana de cada mes”. Ahora, la administración Milei planea transformar este instrumento en un registro único de planes sociales para aplicar criterios más estrictos de elegibilidad.
La documentación técnica no especifica si el recorte afectará únicamente a nuevos ingresantes o si incluirá una reducción de la nómina actual, aunque el uso del término “focalización” sugiere la segunda opción.
El veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad cobra nueva relevancia en este contexto. Esta normativa habría implicado un gasto adicional de entre el 0,25% y el 0,48% del PBI por nuevas altas en las Pensiones No Contributivas por discapacidad, según cifras de la Oficina Presupuestaria del Congreso.
Las medidas se estudian tras una fuerte suba del dólar que ya comenzó a trasladarse en los precios de los supermercados y a la que se sumará la profundización del ajuste de los subsidios energéticos, otro golpe a los bolsillos de los argentinos.
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Lo que dejó la primera revisión del FMI
Cabe recordar que recientemente se realizó la primera revisión del acuerdo con el FMI, que dejó definiciones claras sobre el escenario económico actual y futuro. El organismo internacional respaldó el rumbo del programa gubernamental, aunque formuló advertencias específicas sobre la escasez de divisas.
El principal incumplimiento se registró en la meta de acumulación de reservas. Al 13 de junio, las reservas netas alcanzaron los 4.700 millones de dólares negativos, una cifra muy distante de lo previsto inicialmente.
Esta situación obligó al Fondo a modificar el objetivo: la pauta original establecía que para fin de año las reservas netas debían ser positivas en 2.400 millones de dólares, pero ahora deben terminar en 2.600 millones. La diferencia representa 5.000 millones de dólares.
El FMI indicó que se están implementando medidas “correctivas” para incrementar las reservas, incluyendo emisiones de bonos, compras en bloque, y se espera que la acumulación provenga de privatizaciones, venta de activos y concesiones, además del apoyo de otros acreedores.
El principal foco de preocupación del organismo se centra en el frente externo. Cuando se cerró el acuerdo en abril, se esperaba que la cuenta corriente mostrara un déficit del 0,4% del PBI, pero ahora se proyecta que alcance el 1,7%, cuatro veces por encima de lo pactado.
El FMI también alertó sobre los riesgos de incertidumbre preelectoral: “La posible volatilidad previa a las elecciones de mitad de mandato podría poner a prueba las aún incipientes reservas externas de la Argentina”.
Además, “la excesiva dependencia de las entradas de cartera a corto plazo para financiar la cuenta corriente podría resultar en una interrupción repentina que podría frustrar los avances en la estabilización”, indicó, y completó:
“Se debe preservar la flexibilidad cambiaria, mientras se mantienen los esfuerzos para reconstruir las reservas. Esto es fundamental para que Argentina pueda gestionar mejor los shocks y acceder de forma duradera a los mercados internacionales de capital en condiciones más favorables”.
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Los compromisos en el horizonte
El Gobierno presentó al FMI una lista detallada de compromisos con cronograma específico. Para finales de septiembre, desarrollará un plan para “eliminar las entidades extrapresupuestarias ineficientes, con el fin de mejorar su gobernanza” y presentará al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026 especificando la regla del “déficit cero”.
A mediados de noviembre, publicará un informe de empresas estatales incluidas en la Ley Bases con una hoja de ruta para su privatización, junto con las “directrices necesarias para asegurar un proceso de privatización eficiente y transparente”.
Para fines de noviembre, se prevé el avance en la desregulación del Mercado Eléctrico Mayorista y la publicación de un informe sobre implementación de recomendaciones del GAFI, priorizando:
“Las medidas de monitoreo y análisis estratégico para abordar los riesgos transfronterizos de lavado de dinero y la implementación de exenciones basadas en el riesgo para mejorar la eficiencia del sector público”.
En diciembre de 2025, el Ejecutivo se comprometió a eliminar todos los fondos fiduciarios excepto el destinado a subsidios al gas residencial. Entre los fideicomisos que permanecen figuran el Fondo de Garantía Argentino (FOGAR), el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC), el de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.
Para el mismo período, tiene previsto completar la integración de bases de datos en el registro social único, se desarrollará una propuesta para “mejorar la eficiencia y la simplicidad” del sistema tributario y se ampliará la cobertura del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) en colaboración con el BID.
Finalmente, para diciembre del año que viene, la administración libertaria presentará al Congreso un informe sobre la situación del sistema previsional para “mejorar su equidad y sostenibilidad”, además de entregar un plan para “modernizar la Legislación de Responsabilidad Fiscal“.
ANSES y los ministerios de Capital Humano y Economía no proporcionaron precisiones adicionales sobre la implementación del ajuste, aunque la mención a la “modernización” del sistema viene funcionando como un eufemismo para presentar el empeoramiento de las condiciones legales o presupuestarias.
