Milei oficializó los vetos contra el aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad

Javier Milei vetó las tres leyes aprobadas por el Congreso al filo del plazo legal con el objetivo de ganar tiempo en las negociaciones con los legisladores de cara al eventual tratamiento de los vetos en el Congreso Nacional.

El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto a las tres normativas que había sancionado el Congreso Nacional a principios de julio, mediante el Decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial. Las leyes rechazadas incluían aumentos para jubilados, la reinstalación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El mandatario utilizó su habitual argumento de preservar el equilibrio fiscal para justificar la medida. Además, el oficialismo aludió a supuestas irregularidades procedimentales en la sesión del Senado donde fueron aprobadas las normativas, pese a que las autoridades de la Cámara Alta habían convalidado formalmente la sesión.

Las leyes vetadas por Javier Milei

El Poder Ejecutivo se excusó en que las leyes sancionadas carecían de fuentes de financiamiento adecuadas y que su implementación requeriría recurrir a la emisión monetaria, aumentos de impuestos o endeudamiento para cubrir el gasto adicional.

La argumentación resulta irónica si se tiene en cuenta que, en paralelo, la gestión de La Libertad Avanza viene interviniendo en el mercado cambiario para sostener el valor del dólar a través de los contratos de dólar futuro y convalidando tasas siderales para evitar mayores saltos antes de las elecciones.

Lo llamativo es que el decreto también reprochó que las normas fueron aprobadas en un contexto de “creciente presión electoral“, pese a que en rigor la oposición viene intentando impulsar aumentos jubilatorios desde mediados del año pasado. De hecho, en aquella oportunidad Milei premió a quienes luego defendieron el veto con un asado en la Quinta de Olivos.

Por otro lado, la administración libertaria denunció “graves irregularidades” en su tratamiento legislativo, sosteniendo que no se cumplieron los procedimientos previstos y se aprobaron con mayorías incorrectas.

El Decreto 534/2025 fue refrendado por nueve ministros del Gabinete nacional y argumentó que las medidas generarían un aumento estructural y permanente del gasto público, incompatible con la política de ajuste fiscal que impulsa la administración libertaria.

La primera normativa rechazada modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria y establecía un aumento único del 7,2% para todas las jubilaciones and pensiones, exceptuando los regímenes especiales. También contemplaba la suba del bono previsional de 70 mil pesos a 110 mil pesos, con actualización automática por inflación.

La segunda ley reinstalaba la moratoria previsional por un período de dos años, permitiendo el acceso a la jubilación sin cumplir con los 30 años de aportes efectivos requeridos, habilitando la posibilidad de regularizar los aportes con un nuevo plan de pagos.

Además, flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas al sistema nacional.

La tercera normativa declaraba la emergencia en discapacidad hasta 2026 y creaba una pensión no contributiva compatible con el trabajo formal. La ley también establecía actualizaciones automáticas de aranceles y compensaciones para prestadores del sistema, además de garantizar prestaciones básicas, transporte y atención integral para personas con discapacidad.

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El gobierno busca “héroes” para defender el veto

Milei aguardó hasta el límite del plazo legal para firmar los vetos, utilizando los diez días hábiles disponibles como una maniobra dilatoria. Esta estrategia permitió que los emisarios de la Casa Rosada ganaran tiempo para negociar con gobernadores y bloques parlamentarios, con el objetivo de asegurar los votos necesarios para sostener el rechazo presidencial.

Durante el fin de semana previo a la oficialización, el Gobierno intensificó las negociaciones políticas con mandatarios provinciales. El viernes se reunieron con la administración nacional el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el chaqueño Leandro Zdero, con quien Karina Milei había establecido una alianza electoral para las elecciones locales.

Los funcionarios oficialistas reconocieron que cuentan con “herramientas para negociar” con cada gobernador, aludiendo a autorizaciones para tomar deuda provincial y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Cada gobernador tiene sus herramientas para hacernos daño, pero estamos muy cerca de garantizar que los vetos queden firmes”, explicaron fuentes del Gobierno.

Ahora el Congreso Nacional puede aceptar el rechazo presidencial o insistir en la sanción de las leyes mediante una mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes. Si la Cámara de Diputados, como cámara de origen, logra reunir esa mayoría, los proyectos pasarán al Senado para su revisión.

La Libertad Avanza intentará conformar un bloque de apoyo junto con el MID, los radicales sumados al interbloque oficialista y el PRO. Cabe recordar que los radicales con peluca ya se habían sumado la semana pasada al oficialismo en un interbloque dentro de la Cámara Baja.

Si se suman al bloque oficialista el del MID que responde a Oscar Zago, los del PRO liderados por Cristian Ritondo y el grupo de radicales mencionado, Milei contaría con 84 votos asegurados para sostener sus vetos. La oposición necesitaría reunir dos tercios de los presentes, por lo que también serán clave las ausencias en la sesión.

En La Libertad Avanza expresaron tener “altísimo entusiasmo” ante la posibilidad de bloquear la insistencia legislativa, estimando conseguir más de 80 votos negativos, cifra similar a la obtenida en vetos anteriores. “No queremos adelantar una victoria, pero venimos bien”, confiaron fuentes oficialistas.

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Las críticas y la agenda legislativa

Ana Dones, representante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, criticó duramente la decisión presidencial. “La emergencia en discapacidad no puede esperar porque las personas con discapacidad y sus familias atraviesan una situación crítica que se agrava día a día“, explicó.

La dirigente señaló que “están las pensiones suspendidas, no hay posibilidades de sostener tratamientos por la falta de pagos” y denunció que el transporte se ha vuelto inaccesible. El veto de Milei, añadió, “profundiza la emergencia y hace que no haya ninguna posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener una vida digna”.

Dones también recordó que el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se adhirió al reclamo y envió una nota al Gobierno expresando la necesidad de sostener la ley de emergencia para que el país pueda adecuarse a los compromisos internacionales.

Entre tanto, Eugenio Semino, referente y defensor de la tercera edad, sostuvo: “Los jubilados no dan más con 300 mil pesos. Lo que se necesita es una emergencia alimentaria, sanitaria y habitacional. Esto no da para más”. El dirigente advirtió que “el jubilado se sigue muriendo de hambre” mientras continúa el debate parlamentario.

Por lo pronto, la oposición convocó una sesión especial para el próximo miércoles, aunque adelantaron que no se tratarán los vetos de Milei en esa instancia. La agenda incluirá otros temas sensibles como el financiamiento universitario, la emergencia del Hospital Garrahan y del sistema científico nacional.

También se debatirán decretos que desregulan organismos como el INTI, INTA, el Banco Nacional de Datos Genéticos y Vialidad Nacional. Paralelamente, se analizarán propuestas para que las provincias coparticipen del impuesto a los combustibles y la redistribución de los ATN.

La sesión del miércoles en Diputados será clave para determinar si la oposición logra reunir los dos tercios necesarios para rechazar los vetos presidenciales, aunque días atrás Milei ya había asegurado que si el veto se caía lo iba a judicializar.

En los últimos días 5 gobernadores anunciaron un frente propio con la expectativa de impulsar una candidatura presidencial en 2027, en medio de quejas por el manejo de los fondos nacionales. Cabe preguntarse si el sector finalmente oficiará de opositor en este caso o si acompañará el veto presidencial.

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