El fiscal Franco Picardi pidió convocar a Diego Spagnuolo y a una veintena de empresarios a declaración indagatoria en el marco de la causa ANDIS, tras detectar maniobras fraudulentas por más de 75 mil millones de pesos para direccionar compras de insumos.
El fiscal federal Franco Picardi solicitó esta semana que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sea convocado nuevamente a declaración indagatoria, junto a otros funcionarios y empresarios, en el marco de la investigación por maniobras de corrupción en ese organismo durante la administración de Javier Milei.
El dictamen, fechado el 19 de marzo y conocido públicamente este jueves, amplía considerablemente el alcance de la causa e identifica nuevas maniobras que habrían implicado erogaciones por más de $75.478 millones de fondos públicos en beneficio de un grupo reducido de proveedores privados.
El requerimiento fue presentado junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, y aún debe ser resuelto por el juez federal Ariel Lijo, quien conduce el juzgado en sustitución de Sebastián Casanello, que se desempeñó en ese rol hasta febrero pasado.
El pedido de indagatorias alcanza en total a 29 personas, entre funcionarios y empresarios. Cinco de ellas (entre quienes se encuentran Spagnuolo, Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich) ya habían sido citadas con anterioridad y ahora se les requiere ampliar sus declaraciones.
Los 24 restantes son nuevos imputados, entre ellos Claudio Alejandro Kahn, Emilio Olguín, Evangelina Ileana García, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués y Christian Sagués.
A ellos se suman Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.
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Un mecanismo para direccionar compras a cambio de coimas
Según la fiscalía, el mecanismo que se habría montado en la ANDIS consistía en el direccionamiento deliberado de compras de insumos médicos de alto costo, conocidos como PACBI, hacia un grupo de empresas previamente seleccionadas.
Estas firmas resultaban adjudicatarias de contratos millonarios a cambio de retornos y beneficios indebidos para los funcionarios involucrados.
La investigación identificó 21 procesos de compra (denominados internamente “reducidos“, “chicos” o “especiales“) que en conjunto representan más de $30.337 millones. En el rubro de insumos auditivos, se detectó además una competencia simulada entre empresas que, según la acusación, respondían en realidad a un mismo grupo económico.
Un elemento central del esquema habría sido el uso del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS). Según los investigadores, funcionarios del organismo facilitaron sus propias claves de acceso a actores privados, quienes podían así gestionar licitaciones directamente desde sus oficinas.
En algunos casos, los sobreprecios detectados alcanzaron el 90% respecto a los valores de mercado. Los insumos involucrados son dispositivos médicos de alta complejidad: prótesis para amputaciones, implantes cocleares, materiales específicos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas.
Todos ellos se gestionan a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad sin cobertura médica.
Para la fiscalía, el programa fue utilizado como plataforma para canalizar recursos públicos hacia intereses privados, afectando no solo las arcas del Estado sino también a la población a la que debía asistir.
Picardi describió el funcionamiento del organismo como “una permanente ventanilla de pagos indebidos” para sostener negocios irregulares, y señaló que el conjunto de evidencias permite reconstruir:
“Un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”.
Calvete, en particular, es sindicado como uno de los jefes de la organización criminal, con un rol de coordinación entre la ANDIS y las empresas proveedoras. Según el fiscal, cobraba entre el 12% y el 20% de las adjudicaciones gestionadas de manera irregular.
“No solo ganaba con sus firmas y adjudicaciones, sino que se quedaba con un porcentaje de las gestiones ilícitas coordinadas con funcionarios/as de ANDIS, quienes recibían retornos”, dice la presentación.
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Los audios y mensajes que comprometen a los imputados
Gran parte de la evidencia reunida por la fiscalía proviene de pericias forenses sobre teléfonos celulares, además de mensajes recuperados y cuadernos secuestrados en los que se detallaban pagos y repartos de dinero en efectivo. El análisis de esas comunicaciones permitió reconstruir el funcionamiento interno del esquema e identificar a nuevos involucrados.
Uno de los intercambios incluye un audio enviado por Pablo Atchabahian a Calvete, en el que aparecen aludidos, con apodos, varios actores clave de la trama. Spagnuolo es referenciado como “el pelado“; la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, es mencionada indirectamente a través del término “helvético“; y el clan Menem aparece bajo el apodo “Rioja“.
En ese mensaje, Atchabahian relata: “Che, Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini], que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación”.
“Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja, así que estamos todos alineados en la misma”, completa. El audio fue enviado al teléfono de Patricia Canavesio, quien, según la fiscalía, ofició de nexo entre Calvete y el resto de los integrantes de la organización.
El mensaje continúa: “Ahora sí, más que nunca, hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no? Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación”.
“Así que, bueno, cualquier cosa te voy diciendo. Yo te voy mandando mensajes y vos lo leerás cuando podés. Y vos lo mismo mandame y yo… Estamos en línea, vos quedate tranquilo. Cualquier novedad, yo te voy diciendo. Bueno, hermano, un beso enorme”, completa.
Otro intercambio de peso involucra a Claudio Kahn, empleado de la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. y uno de los 24 nuevos imputados. Kahn mantenía conversaciones frecuentes con Calvete, quien lo tenía agendado en su celular como “Clotta de Ortopedia Alemana”.
En junio de 2024, Kahn le envió a Calvete un audio que decía: “Michel querido (…) Ahí me dicen los chicos que entraron 80 y… casi 90 palos (…) Besitos enormes mi amor, pasala lindo disfrutá”.
El 7 de julio de ese año, según reconstruyó Picardi, Calvete le pidió a Kahn que le llevara dos liquidaciones al domicilio de la calle Defensa. En ese mensaje, Calvete -que usaba el seudónimo “Carmelavivaldi”- agregó: “Si me lo pintás de verde mejor“, en referencia a que el pago fuera en dólares. Kahn respondió en audio:
“Miguelito, ehhh, a ver, lo tengo preparado todo en pesos, si lo vas a querer en verde, voy a tener que ir a una cueva que me haga la gamba (…) desarmar todo e ir a la cueva, no creo que tengamos esa cantidad de dólares en ortopedia, porque son dos licitaciones. Decime que querés que haga y trato de coordinarlo“.
Finalmente, Calvete le indicó que llevara el dinero al Edificio Catalinas, en Avenida Eduardo Madero al 900, donde se localizaban las oficinas de Alan Pocovi, vinculado a la familia Menem y señalado como uno de los encargados de blanquear los fondos obtenidos del esquema ilícito.
Un mes después, el 29 de agosto de 2025, Kahn envió a Calvete un mensaje que la fiscalía incorporó como prueba: “Ya le descontaron el 3”. Calvete respondió: “Muy buenooooo”.
La referencia al 3% cobra relevancia en el contexto de la causa, dado que el propio Spagnuolo había mencionado en audios filtrados previamente que ese porcentaje terminaba en manos de Karina Milei, hermana del presidente. Esa referencia aparece también en conversaciones entre Calvete y su hija Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía.
El 10 de septiembre de 2025, tras una reunión concretada con Kahn, Ornella le deseó éxito a su padre y le prometió que si todo salía bien le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras”. Calvete respondió: “No hace falta… con el 3% para KM está perfecto”. Horas después, cuando Ornella preguntó en qué habían quedado, él contestó escuetamente: “3%”.
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Cuánto avanzó la causa ANDIS en siete meses
La investigación lleva siete meses de desarrollo y ha tenido avances notables en materia procesal. Actualmente, 19 personas ya fueron procesadas, entre ellas Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, por decisión del anterior juez de la causa, Sebastián Casanello.
En el marco de un allanamiento realizado en octubre de 2025 en uno de los domicilios de Ornella Calvete se hallaron USD 695.457, $19.996.200 y €1.960, dinero que la Justicia vincula a las maniobras irregulares en la ANDIS. Ornella, al salir de Comodoro Py tras ser indagada, fue consultada por la prensa sobre si tenía algo para decir, y respondió: “Un montón de cosas”.
El expediente está caratulado como “Denunciado: Milei, Javier y otros s/defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles”. Los hechos investigados abarcan desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
Además de las indagatorias, Picardi dictó la inhibición de bienes para una serie de firmas vinculadas al presunto desvío de fondos, dedicadas a los rubros de tratamientos de alta complejidad y ortopedia.
Entre las sociedades alcanzadas figuran Expo Trauma SA, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía Alemana Insumos Médicos SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Farma Salud SRL, Kinetical SRL, Laboratorio Ortopédico Sagués SRL, Med-El Latino América SRL, Medical Implants SA, Meridius SA, Neurosalud SA, Ortopedia Bernat SRL, Probock SRL, Prolite Orthopedics SRL, Smart Medical Image SRL y Vicmor SRL.
En la causa cuenta participan la PIA, la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal), la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y la SIFRAI (Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos).
Esta última unidad trabaja sobre los indicios de posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito financiero del dinero investigado.
El próximo paso depende de la resolución del juez Lijo, quien deberá determinar si convoca o no a las 29 personas señaladas por Picardi. Lijo tiene actualmente en sus manos también el expediente por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete Manuel Adorni.
