Javier Milei presentará por Cadena Nacional su proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, con el que pretende quitarle a la entidad casi todas sus funciones y asegurarse la continuidad del modelo libertario incluso si pierde las elecciones de 2027.
El presidente Javier Milei presentará este jueves, por cadena nacional, su proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El mensaje se emitirá a las 20 horas y contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Detrás del anuncio hay un objetivo que excede la coyuntura: asegurar que el rumbo económico libertario se mantenga en pie incluso si Milei pierde las elecciones presidenciales de 2027.
Milei busca quitarle al BCRA casi todas sus funciones
El proyecto, que ingresará al Congreso la semana próxima por la Cámara de Senadores, propone una reescritura profunda del funcionamiento del BCRA.
El cambio central es la redefinición de su mandato: se eliminarían los cinco objetivos que la entidad tiene actualmente y quedaría una sola función, la de preservar el valor de la moneda. En la práctica, el organismo dejaría de tener entre sus tareas la promoción del empleo o el desarrollo económico con equidad social, ejes incorporados en la reforma de 2012.
La segunda modificación es la prohibición explícita de financiar al Estado, tanto al Tesoro nacional como a provincias y municipios, incluida la compra de títulos públicos en el mercado primario. El texto restringiría además los adelantos transitorios, la transferencia de utilidades contables y el uso de instrumentos como las Letras Intransferibles.
En una entrevista con el streaming Neura, a inicios de julio, Milei había adelantado esta idea: “Vamos a terminar con ese insulto al intelecto, que es haberle puesto un instrumento de política económica a cinco objetivos. Se va a prohibir explícitamente -y con sanciones penales- violentar la independencia del Banco Central, en términos de que se financie al fisco”.
El proyecto también busca blindar a las autoridades del organismo frente a los cambios políticos. Se mantendría el mecanismo actual de designación del presidente y los directores, pero su remoción pasaría a requerir una mayoría agravada: el respaldo de dos tercios del Senado y dos tercios de Diputados, cuando hoy ese requisito no existe.
A esto se suma un régimen de sanciones para los funcionarios que autoricen el uso del Banco Central como fuente de financiamiento. Durante un discurso en Perú, insistió en esta medida que, en rigor, representa castigos penales para quienes no estén alineados al modelo libertario:
“Se va a considerar una estafa y una asociación ilícita. Van a ir presos el presidente del BCRA, el directorio, el Ejecutivo y diputados y senadores que aprueben presupuestos con déficit fiscal”.
La cuarta modificación afecta la distribución de resultados del organismo: se restringiría el pago de dividendos originados en la prestación del servicio de liquidez, y los activos existentes al 31 de diciembre de 2026 se contabilizarían en unidades físicas, con los resultados por tenencia destinados a una reserva técnica no distribuible.
Los resultados vinculados al manejo de la cartera solo podrían transferirse al Tesoro para cancelar deuda pública, nunca para financiar gasto corriente.
Por último, la reforma apunta a eliminar los cambios introducidos en 2012 y terminar de manera definitiva con las Letras Intransferibles. En términos operativos, el Banco Central quedaría limitado a tres funciones: preservar el valor de la moneda, contribuir a la estabilidad financiera y regular el sistema bancario.
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Blindar el modelo de ajuste de cara a 2027
Más allá de los aspectos técnicos, en el Gobierno reconocen que la reforma tiene un objetivo político de fondo: garantizar la continuidad del esquema económico libertario aunque Milei no continúe en el poder después de las elecciones de 2027.
Según fuentes de la Casa Rosada, la ley busca “restringir la capacidad del Banco Central para financiar a los gobiernos, darle mayor independencia en la toma de decisiones y preservar el valor de la moneda”. De por sí, la independencia del Banco Central siempre estuvo en discusión, incluso en la actualidad.
En ese marco se inscribe también el envío al Congreso del pliego de Santiago Bausili, actual titular del BCRA, para ratificarlo más allá de 2027. La exigencia de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para remover al presidente del Banco Central o a sus directores responde, según el propio Milei, a la necesidad de que “no se entrometa la política”.
En el Gobierno consideran esta iniciativa una de las tres más importantes del mandato y esperan que sea aprobada este mismo año. La estrategia se enmarca en lo que en el círculo cercano al Presidente denominan “el Rumbismo”.
Se trata de la idea que comparte un sector afín al mundo empresario y a la política conservadora que pretende sostener el rumbo económico aun con eventuales cambios de nombres y caras al frente del Gobierno. La reforma de la Carta Orgánica sería, en ese sentido, el primer paso de un plan más amplio para blindar las leyes económicas centrales de la gestión libertaria.
La iniciativa cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI). En la segunda revisión del acuerdo, el FMI había señalado que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, sería necesario avanzar con cambios legales más amplios en la Carta Orgánica.
La vocera del organismo, Julie Kozack, se refirió públicamente al proyecto a inicios de julio: “Una reforma fortalecería las salvaguardas institucionales del Banco Central que protegen su independencia política y aclararía el mandato del BCRA”.
“Esto mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades de lo que llamamos ‘dominio fiscal’, que es esencialmente una situación en la que el Banco Central financia al Gobierno. Por eso, es importante reducir esas vulnerabilidades en Argentina“, aseguró.
Kozack agregó que estos esfuerzos apuntan a sostener la baja de la inflación, a la que calificó como “una prioridad clave” del programa. De fondo, lo que le interesa al FMI es que el Estado Argentino esté en posibilidades de pagar la deuda contraída originalmente por Caputo.
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La carta orgánica que Javier Milei busca revertir
El proyecto que el Gobierno enviará al Congreso apunta a modificar la Carta Orgánica vigente, aprobada en marzo de 2012 mediante la Ley 26.739, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Aquella norma había ampliado los objetivos del Banco Central, que hasta entonces tenía como función primaria preservar el valor de la moneda, para incluir la promoción de la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La reforma de 2012 también amplió las atribuciones del organismo, habilitándolo a regular el crédito, intervenir en las condiciones financieras y adoptar medidas de protección a los usuarios de servicios financieros.
Asimismo, flexibilizó los mecanismos de asistencia al Tesoro, al sumar a los adelantos transitorios existentes un monto adicional equivalente al 10% de los recursos obtenidos por el Estado en los doce meses previos, con un plazo de devolución de hasta 18 meses.
Otro cambio relevante de aquella norma fue la eliminación del respaldo obligatorio de la base monetaria con reservas internacionales, lo que permitió que el Directorio del BCRA definiera el nivel de reservas necesario y que el excedente pasara a considerarse de “libre disponibilidad”, utilizable para el pago de deuda externa.
En ese esquema surgieron las Letras Intransferibles, títulos que el Tesoro entregó al Banco Central a cambio de reservas usadas para cancelar obligaciones, y que el proyecto de Milei busca eliminar por completo.
Con la reforma que se presentará este jueves, el Gobierno plantea avanzar en el sentido inverso al de 2012: devolverle al Banco Central el objetivo único de preservar el valor de la moneda, prohibir su uso como fuente de financiamiento del sector público y limitar la transferencia al Tesoro de ganancias originadas en cambios contables o de valuación.
