Tras reunirse con 14 gobernadores provinciales, Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal en materia de los fondos coparticipables. El presidente y los gobernadores calificaron al fallo de “político” y de “imposible cumplimiento“.
Este miércoles, la Corte falló en favor de la Ciudad de Buenos Aires, disponiendo que el Gobierno nacional destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Capital Federal, en lugar del 1,4% que venía abonando actualmente.
“En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe“, argumentó el Gobierno, a través de un comunicado.
En el comunicado, Alberto y los gobernadores resaltaron que el fallo de la Corte ocurre en la proximidad de un “año electoral” y desmintieron que el fallo no afecte a las arcas provinciales.
“Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación“, señalaron.
Luego de publicar el comunicado, en diálogo con C5N, el Jefe de Estado explicó:
“Tengo un problema para aplicarlo porque es dinero que no está en el presupuesto. El presupuesto fue aprobado y no para que el gobierno le diera 2,95 a la Ciudad, con lo cual más allá de que yo quiera cumplir la ley tengo que mandar una nueva al Congreso para que resuelvan un nuevo presupuesto que prevea este gasto“.
El primer mandatario agregó: “Para que me digan de dónde vamos a sacar los fondos, ¿vamos a aumentar impuestos? ¿Vamos a aumentar retenciones?”.
Asimismo, Alberto resaltó que la CABA está fuera de la ley-acuerdo de Coparticipación, que solo puede modificarse “con el acuerdo del 100% de los firmantes“. Es decir, con la totalidad de las provincias del territorio nacional.
“No voy a desconocer el fallo, lo conozco y me parece horrible, espantoso e imposible de cumplir“, explicó el Presidente.
Sobre esto, sostuvo que es “un hombre del derecho” y que respeta a la Justicia, pero “no me pueden pedir algo incumplible“.
De cara a lo que viene, sostuvo que “un tribunal me dice que no aplique una ley vigente“, en relación a la ley 27.606 -que establece el porcentaje de fondos coparticipables que recibe CABA desde el año 2002- y advirtió que, de no cumplirla “un gobernador me puede denunciar por incumplimiento de deberes de funcionario público“.
Y apuntó contra la Corte:
“Estamos en frente de un choque de poderes. Han logrado algo increíble, que un fallo contradiga al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Se arrogan funciones legislativas que no tienen, cuestionan todas las designaciones del Ejecutivo… Ha perdido el criterio de Justicia, está actuando con un criterio político“.
La recusación a la Corte Suprema
Ante el conflicto de Poderes, el criterio político de la Corte, y la imposibilidad de cumplimiento, el Presidente decidió:
“Instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
Es decir, el Jefe de Estado recusará a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Sobre el planteo de recusación, Rosenkrantz y Maqueda habían señalado que se trata de un “mecanismo de excepción” y para “casos extraordinarios”, teniendo en cuenta que su aplicación provoca “el desplazamiento del juez natural de la causa”.
Al haber anunciado una recusación contra todos los ministros de la Corte, el máximo tribunal puede rechazar in limine el planteo. Ante el caso de que la Corte Suprema abra el proceso de recusación, serán los conjueces los que resuelvan.
Los conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entran en funciones cuando no pueden resolver los integrantes del Alto Tribunal. Entonces se sortean entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país quienes intervienen en el caso específico.
Por su parte, la revocatoria “in extremis“, suele pedirse en casos en los que se cometió un error en el momento de dictar una sentencia y se le solicita al Tribunal que lo cometió que lo subsane.
La Corte no suele admitir revocatorias porque sus sentencias son de carácter definitivo.
Los 18 gobernadores que cuestionaron a la Corte
De la reunión con Alberto Fernández participaron de forma presencial 10 gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Uñac (San Juan), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Axel Kicillof (Prov. de Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca).
Además, participaron mediante videollamada Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz). Los 14 firmaron el comunicado.
Por su parte, otros cuatro gobernadores -que no participaron del encuentro con el máximo mandatario- también cuestionaron el fallo de la Corte Suprema.
Se trata de Gustavo Sáenz, de Salta; Arabela Carreras, de Río Negro; Omar Gutiérrez, de Neuquén y Oscar Herrera Ahuad, de Misiones.
Estos cuatro mandatarios firmaron un comunicado en el que analizan:
“Cuestiones como estas no hacen más que profundizar la falta de genuino federalismo que las provincias del interior padecemos desde hace décadas y que se materializan en inequidades y desproporcionadas asimetría“.
“Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas; pero también sostenemos firmemente que esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”, plantearon.
Tanto quienes firmaron el comunicado del presidente, como los cuatro restantes, criticaron no sólo a la Corte, sino también al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Así, Larreta enfrente una situación complicada: consiguió el aval de la Corte, pero no el respaldo de los gobernadores. En total, 18 de los 23 gobernadores provinciales se pronunciaron en contra del fallo.
“Manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto”, afirmaron los cuatro no alineados.
El comunicado completo de la Casa Rosada
