El oficialismo aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II tras varios meses sin resultados en Diputados y gracias al apoyo de los gobernadores dialoguistas, que aprovecharon que las iniciativas no generaron debate público y le ahorraron otro traspié a LLA.
El gobierno de Javier Milei logró aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II gracias al respaldo de los gobernadores dialoguistas y sus aliados habituales.
La sesión, que se extendió durante buena parte de la jornada, dejó en evidencia que buena parte de los bloques dialoguistas no tiene reparos en acompañar al oficialismo cuando los proyectos no se instalan como temas polémicos en la opinión pública.
A diferencia de otras iniciativas del Gobierno que generaron fuerte resistencia social y mediática, tanto la reforma del Central como la nueva Inocencia Fiscal tuvieron menor repercusión pública. Esa relativa baja exposición facilitó that los gobernadores aliados dieran quórum y acompañaran con sus votos sin quedar expuestos.
Más allá de esto, para asegurarse el resultado y evitar un nuevo traspié legislativo como el que sufrió con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo negoció con los bloques dialoguistas la incorporación al temario de proyectos de menor trascendencia, repartiendo capitales nacionales y beneficios impositivos puntuales para distintas provincias.
La reforma del Banco Central y su alcance
El proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA obtuvo media sanción con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. Ahora, la iniciativa deberá tratarse en el Senado para recibir su sanción definitiva.
Acompañaron La Libertad Avanza y sus aliados del PRO, la UCR, el MID, además de representantes de las gobernaciones de Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán, y 12 de los 18 integrantes de Provincias Unidas. En contra votaron 92 diputados de Unión por la Patria y los cuatro del Frente de Izquierda, entre otros bloques.
La reforma establece como “misión primaria y fundamental” del Banco Central la de “preservar el valor de la moneda“, eliminando los objetivos múltiples que había fijado la reforma de 2012.
También prohíbe el financiamiento del organismo al Tesoro Nacional, y endurece las condiciones para remover al presidente y a los directores de la entidad (que ahora requerirá el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso).
También elimina las reservas de libre disponibilidad y modifica el mecanismo de distribución de utilidades, además de establecer un esquema para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados.
Milei había presentado el proyecto por cadena nacional el 30 de julio y sostuvo que la reforma “viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”.
En rigor, es un intento del libertario por condicionar a los próximos gobiernos para que mantengan el modelo económico, aunque el apartado que más críticas recibió fue el artículo 13, que habilita al ministro de Economía Luis Caputo a endeudarse sin pasar por el Congreso y, en esencia, abre la puerta a respaldar préstamos con oro, divisas y activos líquidos de las reservas.
Lo cierto es que el funcionario ya había impulsado el envío de las reservas de oro al exterior sin dar explicaciones, pero ahora su objetivo parece ser blanquear esta maniobra y quitarle herramientas a la oposición para reclamar por mayor información al respecto.
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Inocencia Fiscal II y la sombra de Adorni
Tras dos horas de debate, la Cámara baja también giró al Senado el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, que obtuvo 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones. Se trata del proyecto de Caputo para captar los “dólares debajo del colchón”.
La iniciativa amplía el régimen sancionado a fines de 2025 y busca sumar contribuyentes al sistema, en momentos en que el Gobierno estima que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del circuito financiero formal.
Entre los cambios centrales, el proyecto elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al régimen y flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa” entre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la ARCA.
Para Caputo, no solo se trata de un segundo intento de obtener resultados con la normativa, sino que además el funcionario pretende relanzar la medida luego de que la ley original quedara asociada al caso del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, quien adhirió al régimen simplificado junto a su esposa, Bettina Angeletti.
Por ese antecedente, diputados opositores hablaron de la “ley Bettina” durante el debate. A pedido de los bloques aliados, se incorporaron límites para funcionarios públicos, que ahora quedan excluidos de los beneficios del régimen si ejercieron cargos de alta responsabilidad en los últimos cinco años, aunque la exclusión no alcanza a sus familiares.
Desde la oposición, las críticas apuntaron a que la iniciativa no configura un régimen de simplificación tributaria sino un mecanismo de blanqueo permanente. El diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel advirtió: “Vamos a tener problemas ante los organismos de control del lavado de dinero”.
La diputada oficialista Mónica Becerra, en cambio, defendió el proyecto al señalar que “limita el poder extorsivo y de persecución de ARCA”, mientras que la miembro informante, Laura Rodríguez Machado, presentó la iniciativa como una forma de confiar en el contribuyente que “trabaja y paga sus impuestos“.
Se trata de justificaciones insólitas, ya que el proyecto solo beneficiaría a los sectores de más altos ingresos que estuvieron evadiendo impuestos al evitar declarar sus ahorros, tal como lo hizo Adorni.
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Reparto de capitales nacionales y beneficios
Para garantizar los votos necesarios, el oficialismo negoció con los gobernadores la incorporación al temario de una serie de proyectos vinculados a declaraciones de capitales nacionales y beneficios impositivos para distintas provincias.
Entre ellos figuran la Capital Nacional del Cerdo Negro para la localidad salteña de Cerrillos, impulsada por la diputada Yolanda Vega, cercana al gobernador Gustavo Sáenz; la declaración de Caá Catí, en Corrientes, como Capital Nacional de la Producción Bubalina; y para Tucumán, la Capital Nacional del Ecoturismo y la designación de San Miguel como capital simbólica cada 9 de julio.
La provincia que gobierna Osvaldo Jaldo también recibió la aprobación para la reorganización de la Cámara Federal de Tucumán. También se incluyó la rebaja del IVA a la fécula de mandioca, utilizada para la elaboración del chipá, de fuerte consumo en Misiones. El gobernador Hugo Passalacqua estuvo presente en uno de los palcos.
La diputada Marcela Pagano cuestionó este mecanismo de negociación y sostuvo que se vendió “un rosario de capitales nacionales que no le cambian la vida a nadie pero sirven para que un gobernador se muestre en redes sociales” a cambio de los votos que necesitaba el Gobierno.
La legisladora también recordó la distribución de fondos a distintas provincias a través del fondo fiduciario SisVial en la previa de votaciones clave, y afirmó: “ahora que fueron descubiertos no pueden pagar con asfalto, cambiaron de moneda: pagan con leyes“.
Sobre el mecanismo de intercambio, agregó: “El canje es este: al gobernador le dan una Capital Nacional del Cerdo Negro. A cambio, sus diputados votan que el Central no pueda asistir a su provincia ni por la ventana y que el empleo deje de ser un objetivo”.
