El oficialismo tuvo que dar marcha atrás con las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y terminó logrando la media sanción de apenas un tercio de las reformas propuestas en el proyecto de Ley de Propiedad Privada. ¿Qué se aprobó y cómo fue la votación en el Senado?
El Senado dio media sanción al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, pero el oficialismo debió resignar en el camino los cambios que proponía a la Ley de Manejo del Fuego.
Esa marcha atrás se sumó a la que ya había hecho un día antes, cuando retiró el capítulo que modificaba la Ley de Tierras. Con ambas bajas, La Libertad Avanza (LLA) logró aprobar apenas un tercio de las reformas que el ministro Federico Sturzenegger había diseñado originalmente para el texto.
Tras meses de negociaciones y distintos borradores, la versión final de la propuesta significa un trago amargo para el oficialismo, que no solo no logró los resultados que esperaba, sino que además enfrenta el costo político de llevar adelante un brutal operativo represivo en el Congreso y sus inmediaciones.
Con la media sanción obtenida, lo que queda del proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su debate y, si no se introducen nuevos cambios, el oficialismo podría darle sanción a la medida.
Cómo fue la votación en el Senado
La sesión, continuación de la iniciada el 16 de julio, arrancó a las 14.18 y fue conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ante la ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje al exterior de Milei.
Antes del debate, el pleno acordó (sin discusión y a mano alzada) girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido de participación remota de las senadoras Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, impedidos de asistir por razones médicas, que finalmente no pudieron votar.
El proyecto obtuvo media sanción en general por 37 votos a favor y 33 en contra. Acompañaron a LLA los bloques de la UCR y el PRO, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, la chubutense Edith Terenzi y el correntino Carlos “Camau” Espínola.
Votaron en contra el interbloque peronista, Convicción Federal y senadores dialoguistas como Beatriz Ávila, Sandra Mendoza, José María Carambia, Natalia Gadano, Flavia Royón, Alejandra Vigo y Julieta Corroza.
Antes de esa votación, el jefe del interbloque peronista, José Mayans, había presentado una moción para devolver el proyecto a comisión por los sucesivos cambios que incluyó el oficialismo, que fue rechazada por 38 votos contra 31.
Ya en la votación en particular, con dos capítulos y diez artículos menos respecto del texto original, el Capítulo I (expropiaciones) se aprobó por 37 a 33; el Capítulo II (desalojos) por 36 a 33, con la abstención de Terenzi; y los capítulos V y VI, referidos al Registro de la Propiedad Inmueble y a disposiciones finales, por 37 a 33 cada uno.
Al cierre, se facultó a la Secretaría Parlamentaria a renumerar todo el texto tras la eliminación de los capítulos III y IV (referidos a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, eliminados durante las negociaciones).
La caída del capítulo sobre manejo del fuego
Durante toda la jornada hubo manifestaciones frente al Congreso de organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas, que por la tarde derivaron en un operativo represivo que terminó con más de 20 detenidos, 1.500 heridos y una fotoperiodista con una fractura de cráneo.
Entre tanto, el oficialismo veía como se desgajaba el proyecto de ley. Los libertarios tuvieron que aceptar la eliminación del artículo que flexibilizaba la Ley de Manejo del Fuego. Apenas unos días antes, ya había quedado afuera el que modificaba la Ley de Tierras, tras una fuerte campaña pública en contra que llevó a varios senadores dialoguistas a anticipar su rechazo.
Con el correr de la sesión del jueves, el oficialismo advirtió que tampoco tenía los votos para sostener la reforma a la ley de manejo del fuego, que buscaba habilitar el cambio de uso de campos, pastizales y otras superficies incendiadas.
Edith Terenzi y Maximiliano Abad habían adelantado su rechazo, y a eso se sumó el malestar de senadores patagónicos y provinciales. No ayudaron las expresiones del senador libertario Joaquín Benegas Lynch, quien al lamentar la caída del capítulo de tierras dijo:
“El show mediático, el status quo, la presión de la izquierda más rabiosa, de la ignorancia de los tibios del medio, nos lleva a no poder hoy lamentablemente votar este capítulo”.
Según pudo saberse, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano respondieron con dureza en un chat que comparten con otros aliados del oficialismo y advirtieron que abandonarían el llamado “Grupo de los 44” aliados del gobierno.
Minutos antes de la votación en general, el miembro informante Agustín Coto anunció formalmente el retiro del capítulo, lo que provocó aplausos en la oposición.
Qué logró aprobar el oficialismo
De las cinco áreas que preveía el proyecto original, únicamente avanzaron los cambios en expropiaciones y desalojos, además de una reforma menor al Registro de la Propiedad Inmueble.
En materia de expropiaciones, se modifica la Ley 21.499 para exigir una interpretación más restrictiva de la utilidad pública, que deberá identificarse “en forma específica y concreta”, y establecer que la medida sea idónea, necesaria y proporcional.
Se fija además un tope de lucro cesante del 30% del valor del daño emergente y se dispone que el bien no podrá tomarse hasta que la indemnización esté pagada en su totalidad, actualizada por inflación.
En esencia, se trata de una forma de quitarle herramientas al Estado Nacional a la hora de realizar expropiaciones estratégicas y crear más oportunidades para que estas puedan ser detenidas por los sectores expropiados.
En desalojos, se modifican el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial. El desalojo pasará a tramitarse por el proceso de juicio sumarísimo, más expeditivo que el actual juicio sumario, y se establece que ante la falta de pago el propietario deberá intimar al inquilino con diez días corridos antes de iniciar la acción judicial.
El texto también elimina garantías para personas en situación de vulnerabilidad, para quienes el juez podrá disponer hasta diez días de plazo para encontrar una solución habitacional transitoria, pero sin que el magistrado deba hacerse cargo (solo los organismos locales estarán obligados a garantizar que esto se cumpla).
Por último, se crea en el marco de la Ley 17.801 un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que impulsará una “Ventanilla Única Federal Inmobiliaria“, un portal web para gestionar trámites, pagos y certificados ante cualquier registro de la propiedad del país.
La brutal represión en el Congreso terminó con 1.500 heridos y una fotógrafa con el cráneo fracturado
Críticas y cruces en el debate en el recinto
Con 39 oradores anotados, el debate se extendió por más de diez horas. Lo abrió el miembro informante Agustín Coto, quien detalló las sucesivas modificaciones del texto (dictaminado el 20 de mayo y con 18 versiones posteriores) y remarcó que “el espíritu de este proyecto es simplificar y agilizar procesos, que los dueños de bienes no sean castigados por ello”.
Desde la oposición, el chaqueño peronista Jorge Capitanich cuestionó al oficialismo por incluir la derogación de un artículo de la Ley de Manejo del Fuego y advirtió: “Es importante remarcar nuestra oposición enfática a estas decisiones“.
Sostuvo que “el problema de la Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, sino el acceso a la propiedad privada a los pobres” y definió al proyecto como una norma que “encubre la facilitación del despojo del patrimonio y de los activos de la República Argentina”.
Sobre el capítulo de expropiaciones, luego afirmó que “el procedimiento de expropiación no puede tener una ley restrictiva” y reivindicó la expropiación de YPF en 2012, que llevó a la empresa a convertirse en el principal motor de desarrollo en el país.
La santacruceña Alicia Kirchner cuestionó el tratamiento del proyecto: “Me cuesta creer que estemos tratando este proyecto” y “me pregunto si el Ejecutivo no se dio cuenta que es el cementerio de las instituciones“.
Sobre los desalojos, planteó que “hay un desconocimiento de los procesos sociales. Me hubiese gustado que promovieran la construcción de viviendas o planes, esas son soluciones acordes”, y sobre el capítulo de incendios sostuvo que “se maneja en una especulación inmobiliaria. Es cruel”.
El radical Maximiliano Abad defendió en general la necesidad de “seguridad jurídica” para atraer inversión, pero cuestionó los cambios a la Ley de Tierras y a la de Manejo del Fuego, a la que calificó de “viciada de inconstitucionalidad”.
En la misma línea, el riojano Fernando Rejal rechazó el proyecto por las “17 modificaciones a ciegas” y denunció que la reforma de desalojos deja desprotegidos a 4 millones de personas.
También advirtió que el texto “facilita la flexibilización de formalidades y registros para el traspaso de titularidad de tierras a capitales extranjeros” y que “entrega el negocio inmobiliario a quienes quemen bosques”.
Sobre los recursos naturales del país, sostuvo: “Nos toman por estúpidos. Lo que hay detrás es un plan sistemático de entrega de nuestros recursos naturales y estratégicos”.
El catamarqueño Guillermo Andrada, de Convicción Federal, resumió su rechazo con la frase: “No se puede ser desregulador para el capital y regulador para el salario. La propiedad privada empieza por el bolsillo del trabajador”.
Ya avanzada la noche, la chubutense Edith Terenzi, presidenta de la Comisión de Ambiente, cuestionó el capítulo sobre incendios: “¿Realmente vamos a dejar sin protección nuestros ecosistemas?”, y advirtió que la redacción final “hace desaparecer a los bosques implantados, a los humedales y a las áreas naturales protegidas”.
Por Provincias Unidas, la cordobesa Alejandra Vigo apuntó contra el proyecto en general: “De federal no tiene absolutamente nada, es una ley absolutamente innecesaria” y remarcó que hubo 17 versiones del dictamen.
En el cierre, José Mayans celebró la caída del capítulo de tierras: “La gente hizo que esto se caiga y me parece excelente“. También cuestionó el límite vigente del 15% para venta de tierras a extranjeros (“es mucho; para este tiempo, con los Peter Thiel, es mucho. Deberíamos bajarlo“) y denunció:
“El Presidente y su hermana se están robando los bienes del Estado; están desguazando la energía nuclear en Argentina”.
Sobre los desalojos, Mariano Recalde cuestionó que se incluya a inquilinos con contrato por “el mero atraso en el pago del alquiler” y resumió: “Si un empresario se atrasa en el pago del salario, no pasa nada; si un inquilino se atrasa en el pago del alquiler, se lo desaloja”.
