Manuel Adorni y su esposa se inscribieron al régimen de “inocencia fiscal“, que permite regularizar activos y patrimonio no declarado, en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito y mientras el jefe de Gabinete estira la presentación de su declaración jurada.
Manuel Adorni y su esposa se inscribieron en el régimen de “inocencia fiscal” mientras el jefe de Gabinete sigue postergando la presentación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
La adhesión al mecanismo impositivo, que permite regularizar activos y patrimonio no declarado sin enfrentar sanciones penales, se registró en la base de datos de ARCA el 9 y 10 de junio, respectivamente.
El dato se conoce en un momento en que Adorni enfrenta una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que analiza movimientos económicos que no se condicen con sus ingresos declarados como funcionario.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, también figura inscripto en el mismo régimen. Sin embargo, el caso de Adorni presenta un agravante: no solo es objeto de una investigación activa, sino que desde hace más de un mes viene prometiendo la presentación “inminente” de una declaración jurada que todavía no llegó.
Adorni y su esposa buscan la “inocencia fiscal”
Según los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tanto Manuel Adorni como su esposa, Bettina Angeletti, solicitaron adherirse a la Ley 27.799, conocida popularmente como la ley de Inocencia Fiscal.
La normativa, que fue impulsada originalmente por el diputado José Luis Espert (quien enfrenta una investigación judicial propia), fue celebrada por el presidente Javier Milei cuando se aprobó como una medida para “devolver la libertad” a los argentinos de disponer de sus ahorros.
El mecanismo en cuestión establece un Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias mediante el cual los contribuyentes que adhieren tributan únicamente sobre los ingresos que declaran, sin que el fisco evalúe ni sancione el crecimiento patrimonial registrado durante ese ejercicio fiscal.
En palabras del propio Milei al momento de su aprobación: el régimen permite que ARCA calcule el impuesto “solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período”.
La ley también contempla la posibilidad de declarar ingresos y activos que no habían sido exteriorizados previamente, sin que eso implique sanciones penales ni antecedentes impositivos. El régimen, en ese sentido, funciona como una suerte de amnistía patrimonial para quienes regularicen su situación bajo sus términos.
El propio Adorni lo había celebrado en febrero pasado al compartir la noticia en redes sociales: “Entró en vigencia la Ley de Inocencia Fiscal que le devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”.
La ley de Inocencia Fiscal, además, no excluyó de sus beneficios a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), categoría en la que se encuadra Adorni por su rol de jefe de Gabinete. Lo llamativo es que la adhesión al régimen se concretó con llamativa celeridad.
Angeletti se inscribió el 31 de mayo y Adorni lo hizo al 9 de junio, en medio de la investigación judicial. En contraste, la declaración jurada que el jefe de Gabinete debe presentar ante la Oficina Anticorrupción (obligación propia de cualquier funcionario de su rango) lleva semanas sin materializarse.
Fue el propio presidente Milei quien, hace más de un mes, aseguró públicamente que Adorni presentaría la documentación “enseguida”. Desde entonces, el anuncio se fue postergando con distintas formulaciones.
La versión más reciente indica que la entrega ocurrirá “antes del 15 de junio”, fecha que coincide con un feriado, y que el documento ya estaría listo, pero en revisión. En el Gobierno confían en que la declaración, una vez presentada, permitirá responder a los cuestionamientos acumulados en torno a la evolución económica del funcionario.
La demora resulta llamativa dado que la declaración jurada es un instrumento de transparencia básico para la función pública, mientras que la inscripción al régimen fiscal es una decisión voluntaria que no tiene plazos urgentes.
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La investigación por enriquecimiento ilícito
La causa que tramita ante el juez federal Ariel Lijo y bajo la supervisión del fiscal Gerardo Pollicita apunta a determinar si Adorni incurrió en enriquecimiento ilícito a partir del análisis de su situación patrimonial desde que asumió como funcionario.
Los números que rodean el expediente son significativos: entre gastos, deudas y adquisiciones, las inconsistencias detectadas estarían entre los 725.000 dólares y el millón de dólares.
Entre los puntos que la investigación busca esclarecer figuran la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, para el que utilizó 30.000 dólares propios y una hipoteca de 200.000 dólares habilitada por dos jubiladas.
A eso se suman las reformas en una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por un valor estimado en 245.000 dólares; viajes a Punta del Este, Aruba y el Llao Llao por más de 30.000 dólares; y gastos en tarjetas de crédito que en 2025 habrían superado los 80 millones de pesos, cifra que no guarda proporción con el salario de Adorni.
Un capítulo específico de la causa involucra al contratista Matías Tabar, quien realizó obras en distintas propiedades vinculadas al jefe de Gabinete. Los investigadores ya obtuvieron la extracción completa del celular de Tabar, que contiene conversaciones, documentación de obras, facturas y registros de compras. Ese material está siendo analizado.
La fiscalía trabaja además en un requerimiento formal de justificación patrimonial que exigirá a Adorni explicar el origen de determinados fondos. Entre los puntos que se busca aclarar figuran gastos abonados en efectivo: un viaje a Aruba, pagos a la escribana Adriana Mónica Nechevenko y cuotas pagadas a mujeres policías vinculadas a una operación hipotecaria sobre el departamento de la calle Asamblea.
Para avanzar en ese requerimiento, la fiscalía aguarda el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), que evalúa si existió un incremento patrimonial injustificado y, de ser así, establece su magnitud. Ese informe cruza ingresos, deudas, pagos vinculados a propiedades y gastos corrientes.
Una vez incorporado ese informe, Pollicita quedaría en condiciones de solicitar al juez Lijo el requerimiento de justificación. Si las respuestas de Adorni no logran desarticular la hipótesis delictiva, el siguiente paso sería un llamado a declaración indagatoria en los tribunales federales de Retiro.
La investigación también avanza sobre el vínculo entre Adorni y el periodista Marcelo Grandio, titular de la productora ImHouse. Durante el feriado de Carnaval de este año, Grandio e ImHouse pagaron pasajes en avión privado a Punta del Este para un viaje que incluyó al jefe de Gabinete, su esposa y sus dos hijos, a un costo total de 7.830 dólares de ida y vuelta.
Adorni sostuvo públicamente que pagó su parte del viaje y debe acreditar ese pago ante la Justicia. La causa analiza además si Grandio obtuvo contratos con el Estado en el período en que mantuvo ese vínculo con el funcionario.
Consultado sobre la situación de su colaborador, Milei salió a respaldarlo en mayo: “Es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que me presentó estaban en orden. Me consta que no está sucio, está limpio“. Casualmente, poco después la senadora Patricia Bullrich comentó entre legisladores que todo el entorno de Adorni sabía que el funcionario estaba “sucio”.
