Con 16 votos a favor y 15 en contra, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó la admisión de los 14 pedidos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones. Entre tanto, la Coalición Cívica se diferenció del resto de Juntos por el Cambio y presentó su propia denuncia contra el juez Ricardo Lorenzetti.
Este jueves, desde las 11:30 horas, la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja sostuvo su tercer encuentro en el que votó la “admisibilidad” de los expedientes que buscan la remoción de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En la sesión anterior, los autores expusieron los argumentos de las demandas presentadas.
En este contexto, la admisión se aprobó con 16 votos a favor (correspondientes al Frente de Todos) y 15 en contra. A continuación, comenzará la etapa de recolección de pruebas y testimonios, a partir de la cual se decidirá si se emite dictamen acusando a los cortesanos.
Aunque Juntos por el Cambio votó en contra y presentó una propuesta de inadmisibilidad sobre el proceso, Juan López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, presentaron su propia iniciativa en la que se expresaron en favor de avanzar con un juicio político a Lorenzetti.
Finalmente, Alejandro “Topo” Rodríguez, del interbloque federal, se sumó al rechazo del proyecto argumentando que su nulidad por violación del reglamento.
Los integrantes del Máximo Tribunal son acusados de mal desempeño por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en perjuicio de las demás provincias en el reparto de los fondos coparticipables, por modificar la composición del Consejo de la Magistratura y por legitimar la ley del “2×1” en 2017 (que beneficiaba a los represores de la última dictadura cívico-militar).
Además, se apunta a varias “irregularidades, incumplimientos y desmanejos“ en el manejo de los presupuestos de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Apertura de la sesión
Fue la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (del Frente de Todos), quien abrió la sesión y leyó la resolución de 12 páginas en las que se solicita el juicio político contra los magistrados, “ya sea en forma individual o concurrente“.
“Ninguno de los Poderes del Estado ni sus integrantes están exentos del escrutinio en el ejercicio de sus funciones“, aclaró.
Asimismo, en el escrito se detalla que “el tenor de las denuncias” serían “el preludio de una situación de extrema gravedad institucional” que implica la “ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático”.
Como viene ocurriendo desde el primer encuentro, la sesión se produjo en un clima de tensión y contó con varios cruces entre los legisladores.
La propuesta del Frente de Todos de designar a Ricardo Herrera como vicepresidente segundo de la comisión (cargo vacante desde la salida de Victoria Tolosa Paz), provocó la objeción de la Coalición Cívica a través del presidente del bloque, Juan López.
Al apuntar contra el diputado de La Rioja, López aludió al Gobernador Ricardo Quintela, y sus dichos sobre que “que no acataría fallos de la Corte“, consultando al legislador si estaba de acuerdo con el mandatario de su provincia.
“Venían a ‘picantear’ la reunión desde el inicio y va a ser así“, ironizó el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez.
Por su parte, Alejandro Rodríguez pidió postergar la reunión porque, según argumentó, recibió la documentación “pasadas las 10 de la mañana” y no pudo interiorizarse al respecto. El pedido fue rápidamente desestimado por la mayoria oficialista.
Fisuras en Juntos por el Cambio
Por su parte, Juntos por el Cambio presentó un pedido de inadmisibilidad de juicio político. Al respecto, consideraron que el mal desempeño o la mala conducta “no requieren de comisión de un delito”, sino que:
“Para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.
Por otro lado, la iniciativa expresa que en un juicio político a miembros del máximo tribunal “se ha establecido que el contenido de las sentencias queda excluido de la ponderación política“. Según argumentaron, “ello encuentra su razón de ser en la garantía de independencia del Poder Judicial“.
“Habilitar el análisis político de los pronunciamientos emitidos por los jueces introduce la incertidumbre institucional acerca de juicios de conveniencia o inconveniencia política y circunstancial, además de su uso discrecional e intimidatorio”, expresaron desde la bancada opositora.
Al respecto, el presidente del bloque radical, Mario Negri, expresó que “si fuera válido someter a un juez por el contenido de sus sentencias”, esto significa que “se traslada su responsabilidad y lo tendrían en un candelero cuando no les guste su conducta“.
Además, se refirió a las declaraciones de Patricia Isasa, quien denunció en la sesión anterior que fue torturada durante la última dictadura a manos de quien luego sería funcionario de Santa Fe cuando Horacio Rosatti fue intendente, entre 1995 y 1999.
Al respecto, argumentó que el represor ingresó antes de la llegada del magistrado al gobierno municipal. “Es un tema que roza y tiene el objetivo de gastar“, comentó, “en 2004 fue ministro de Justicia y Derechos Humanos”.
“Y antes procurador del Tesoro, para reemplazar a un abogado que supuestamente detenía las causas de lesa humanidad”, agregó.
Sin embargo, Leopoldo Moreau le recordó que “quienes pedían la expulsión de Ramos eran los concejales radicales“, “cuando el partido aún defendía las causas progresistas y no se había acomodado a un partido de derecha”.
La posición de la Coalición Cívica
Sin embargo, la Coalición Cívica se diferenció de la postura del resto de Juntos por el Cambio y presentó su propio informe en el que apuntaron específicamente al juez Lorenzetti.
Se trata de la segunda propuesta del espacio contra el magistrado, y se basa en un pedido de enjuiciamiento realizado en 2016 por la bancada.
Sin embargo, los dos representantes del sector, Juan López y Paula Oliveto, también firmaron la resolución de rechazo elaborada con el resto de los integrantes de la fuerza opositora, que excluyó los dos pedidos contra el juez impulsados por Elisa Carrió.
“No vemos ninguna contradicción porque son causas previas y no tiene nada que ver con el contenido de las sentencias”, argumentó López al respecto. “Hubiéramos preferido que se vote por juez. Una lástima”, ironizó, “se perdieron una oportunidad“.
La posición de la CC motivó un comentario del oficialista Germán Martínez, que expresó:
“Juntos están rechazando in limine el juicio político, pero no están los dos expedientes de la Coalición Cívica. ¿Acaso no son repudiables?”.
Interbloque Federal
Finalmente, Alejandro Rodríguez, del Interbloque Federal, emitió una resolución en la que rechazó todos los expedientes presentados contra los magistrados (incluídos los de la CC). En este contexto señala que:
“Del análisis de los catorce expedientes no surgen elementos para afirmar que se configure, en ninguno de ellos, alguna de las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional“.
“Lo que significa que no existen motivos fundados para proceder a la apertura de sumarios de investigación“, agrega el escrito.
Los próximos pasos
Luego de la admisión del pedido de Juicio Político, el próximo paso será la recolección de pruebas y testimonios, que permitirán decidir si se emite dictamen acusando a los jueces.
Asimismo, los proyectos pueden ser analizados por el plenario de la Cámara de Diputados, pero, a diferencia de lo que ocurre en la comisión, el oficialismo no cuenta con los dos tercios que requiere su aprobación.
Sin embargo, el dictamen de la comisión tendría tres años de validez, por lo que el panorama puede cambiar en el futuro.
