La Corte Suprema de Justicia concretó un golpe institucional a la República: Tras un fallo firmado por ellos mismos, pusieron a su presidente, Horacio Rosatti, como titular del Consejo de la Magistratura. Cuentan con el respaldo de la oposición y de los medios de comunicación hegemónicos. El gobierno está en la dilema de denunciar el golpe institucional pero aceptar que se trata de un fallo cortesano que no se puede desconocer. Un sector del oficialismo busca soluciones legales; el otro secto sabe que la respuesta sólo puede ser una acción política.
El máximo tribunal firmó una resolución que ratifica su decisión de diciembre último de declarar inconstitucional la conformación que el organismo tenía desde hace 15 años porque se venció el plazo de 120 días que había establecido para que el Congreso sancionara una nueva ley. Fue un acto de intromisión sin precedentes sobre otro poder.
También declaró nulo todo lo actuado por el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había ordenado que las presidencias de las cámaras de Diputados y Senadores se abstuvieran de nombrar dos consejeros por la segunda minoría y lo denunciaron ante el propio Consejo, presidido por Rosatti. El combo de resoluciones consolida una crisis institucional.
El fallo supremo de diciembre decía que si para el 15 de abril el Congreso no aprobaba una nueva ley que dotara de “equilibrio” al Consejo entonces entraría en vigencia la vieja estructura de 20 integrantes, que incluía al presidente supremo como titular del organismo (de lo contrario los actos serían nulos). Como él ya se nombró a sí mismo, haría falta nombrar seis consejeros más.
El asalto al Consejo fue firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El cuarto cortesano, Ricardo Lorenzetti, vio venir el escándalo y pidió una licencia para asistir a unas conferencias en México. Vuelve recién el próximo fin de semana.
En diciembre, Lorenzetti firmó en disidencia y dijo:
“Ningún tribunal ni la propia Corte Suprema puede legítimamente declarar inaplicable una ley que ha sido derogada hace dieciséis años sin afectar seriamente la seguridad jurídica. Por otra parte, la restitución de la ley anterior hasta que el Congreso dicte una nueva podría generar un caos, porque de 13 miembros pasa a 20 y luego a 17 (según el proyecto adjuntado a la causa)”.
Como el fallo cortesano repone una ley derogada en la cuál el Consejo tiene 20 miembros en lugar de 13, uno de los pasos siguientes es forzar los juramentos de nuevos consejeros. La legisladora de Juntos por el Cambio Jimena de la Torre, que será una de las nuevas consejeras por parte de los abogados, no perdió tiempo alguno. Apenas la Corte tomó el Consejo le envió una nota a Rosatti reconociéndolo como presidente del organismo “para que a la brevedad arbitre los medios necesarios para tomar juramento y asumir como consejera”. Un rato más tarde tuiteó “Me voy a peinar para la foto!”.
Listo, la Corte Suprema de la Nación se expidió. Como lo vengo sosteniendo desde hace días, no se podía paralizar el Consejo de la Magistratura ni un día.
Ahora solo queda que nos citen a los nuevos miembros a tomar juramento. Me voy a peinar para la foto! pic.twitter.com/o0FlYcdxvY— Jimena de la Torre (@JimedelaTorreBA) April 18, 2022
La disyuntiva del Gobierno Nacional
En el Gobierno la cuestión es compleja, ya que el golpe institucional reflota las diferencias dentro del Frente oficialista. El ministro de Justicia Martin Soria, en declaraciones radiales, dijo que “entrar en el juego de reconocer o no a Rosatti me parece una chiquilinada” pero reconoció que aún no había definición respecto de si enviar o no al Consejo a Gerónimo Ustarroz, el representante del Poder Ejecutivo en el organismo.
“No se si el Gobierno va a mandar a su representante al Consejo. Aún no lo conversé con el Presidente”, informó Soria ayer por la tarde. También descartó avanzar con un pedido de juicio político ya que, según él, “los anuncios de juicio político son hermosos, pero luego hay que conseguir los votos y echarlos”.
La convalidación del asalto cortesano de parte de los consejeros del gobierno es el punto clave. También la actitud de la oposición y de los representantes por los abogados y académicos. Su actitud será una definición política.
“Habrá que esperar a ver qué hacen los miembros del Consejo de la Magistratura nombrados. No pueden sentarse a la mesa con este ocupa”, sostuvo el senador Oscar Parrilli. El vicepresidente depuesto del Consejo, el abogado Carlos Matterson, anticipó: “Reconozco a Rosatti como presidente del Consejo porque hay un fallo de la Corte que así lo indica”.
La cuestión, más que legal, es política: “La pelota ahora está en el Congreso”, remarcó el ministro Soria. Más puntual, en la Cámara de Diputados, donde el Gobierno no tiene números propios para darle media sanción al proyecto aprobado en el Senado.
“No hay precedentes en los que la cabeza del Poder Judicial dicte resoluciones violando la Constitución Nacional (…). Están haciendo política en lugar de hacer justicia”, subrayó Soria.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, se refirió a las posibilidades de una nueva ley: “Vamos a lograr los votos, vamos a negociar en el seno del Congreso, no podemos permitir que la Corte legisle“. Sumó otra objeción:
“Las resoluciones del Consejo de la Magistratura tienen un solo mecanismo de revisión de control que es la Corte Suprema. No se puede estar de los dos lados del mostrador”, precisó una de las razones por las que la ley había sido modificada en 2006, y el presidente supremo quedó afuera del cuerpo.
Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, dijo: “Hoy se puede configurar un escenario de gravedad institucional. Y hay alternativas para evitarlo. Tiempo para legislar o conflicto de poderes”. Martínez hizo un llamado público al tribunal para que diera noventa días más y que se pueda consensuar una nueva ley. Pero los supremos hicieron oídos sordos.
Para el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni todo lo sucedido “es preocupante, refleja un deterioro institucional grave, no sólo de la democracia sino de la república“. A su entender todo lo que decidió el tribunal “afecta la independencia interna del Poder Judicial, le están diciendo al Poder Judicial que se debe alinear“.
“Ameritaría la remoción (de los supremos) por juicio político“, dijo Zaffaroni.
