El gobierno de Javier Milei impulsa una ley de financiamiento universitario propia para eludir la que el Congreso aprobó hace ya varios meses, pero desde el Consejo Interuniversitario Nacional remarcan que cualquier discusión debe partir del cumplimiento de la norma vigente.
El gobierno de Javier Milei prepara el envío al Congreso de un nuevo proyecto de financiamiento universitario con el objetivo de reemplazar la ley aprobada hace ya varios meses, cuyo cumplimiento viene evitando.
Ante este escenario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a las 70 universidades públicas del país ratificó su posición: cualquier negociación debe partir del cumplimiento de la norma ya vigente, y reclamó la reapertura inmediata de paritarias para docentes y nodocentes.
“Toda iniciativa debe partir del cumplimiento de la ley vigente”
A través de un comunicado, los rectores de las universidades nacionales advirtieron que la legislación sancionada por el Congreso lleva cuatro meses sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo.
La norma establece, entre otras cosas, la convocatoria urgente a paritarias para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, la actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico y la revisión de los montos destinados a becas estudiantiles.
“Siempre estaremos dispuestos a encontrar soluciones a problemas angustiantes que hoy afectan el normal desarrollo de las actividades en el ámbito universitario, pero toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente sancionada por el Congreso Nacional”, expresó el organismo.
El presidente del CIN, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa, amplió esa postura en declaraciones a radio Altos. “Queremos que se cumpla la ley de financiamiento que se trabajó con los gremios y con los estudiantes y que se aprobó en las dos cámaras legislativas. Fue vetada y luego ratificada por el Congreso”, remarcó.
Alpa señaló que la situación es especialmente urgente dado que el ciclo lectivo ya comienza: “Necesitamos urgente que convoque a paritaria porque la universidad es el futuro; ese es el diálogo urgente que necesitamos porque ya estamos comenzando la clase y realmente hay problemas“.
El dirigente también alertó sobre el efecto de la caída salarial en las obras sociales del sector: “Si el salario cayó 40%, lo mismo pasa con los ingresos de las obras sociales, sumado a los aumentos de los costos de la salud. Todas las obras sociales universitarias están con un gravísimo problema de financiamiento”.
El deterioro económico que describe Alpa está respaldado por datos concretos. Un informe del Laboratorio de Salario y Presupuesto de ADIUC, de la Universidad Nacional de Córdoba, indica que los ingresos docentes se encuentran en su nivel más bajo en dos décadas.
Para recuperar el poder adquisitivo de 2015 sería necesario un incremento cercano al 95%. Desde el inicio de la actual gestión, la pérdida equivale a siete salarios completos. Algunos cargos de dedicación exclusiva se ubican, según el mismo estudio, en torno a la línea de pobreza definida por el INDEC.
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Javier Milei se niega a cumplir la ley de financiamiento
La ley de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso en 2025. Milei la vetó, pero ambas cámaras legislativas insistieron en la norma, por lo que el veto quedó sin efecto y la ley entró en vigencia. Pese a ello, el Gobierno anunció que no la implementaría.
Ante esa negativa, las universidades recurrieron a la Justicia. Un juez de primera instancia ordenó al Ejecutivo actualizar los salarios docentes y las partidas presupuestarias mediante una medida cautelar.
Lejos de acatar el fallo, el Gobierno apeló la medida ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con pedido de efecto suspensivo, lo que mantiene la norma en suspenso mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
En paralelo, el Poder Ejecutivo avanzó en la redacción de un proyecto propio para reformar la ley vigente. El texto (que aún no fue enviado formalmente al Congreso) no eliminaría la norma actual de manera explícita, pero reemplazaría el esquema de actualización automática por aumentos escalonados con revisiones periódicas.
Según trascendió, el proyecto contemplaría una mejora del 20% en las partidas de funcionamiento respecto a los montos de 2025, con una instancia de revisión en junio. La propuesta no incluiría recuperación por la pérdida registrada en 2024.
Mediante el Decreto 103/2026 publicado en el Boletín Oficial, Milei prorrogó las sesiones extraordinarias del Congreso hasta el 28 de febrero e incorporó al temario el tratamiento de esta reforma, que el sector universitario mira con escepticismo.
Sin embargo, desde el propio oficialismo reconocen que el debate quedará para el mes de marzo. El Gobierno sostiene que cuenta con respaldo parlamentario suficiente (un piso de 131 votos) para lograr la aprobación. Cabe preguntarse cómo votarán los aliados del gobierno que previamente habían impulsado la normativa original.
Antes de la presentación formal del proyecto, funcionarios del área educativa se reunieron con rectores. El secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez mantuvieron dos reuniones con miembros del comité ejecutivo del CIN al principio del mes.
En esos encuentros, el Gobierno planteó una propuesta que contemplaba un aumento por 2025 en tres cuotas distribuidas hasta septiembre, la reapertura de paritarias, la vinculación de los gastos de funcionamiento a la negociación salarial y una partida adicional de 80 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Desde el CIN, la respuesta fue negativa. Según un rector presente en las reuniones, les transmitieron a los funcionarios que la iniciativa no era viable, les acercaron una contrapropuesta con puntos adicionales, y la reacción del Gobierno fue presentar un segundo borrador aún más restrictivo que el primero.
“Habíamos propuesto que la ampliaran y la redujeron. El lunes pasado fue la última reunión y ese fue el último intercambio”, indicó la misma fuente.
El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Joaquín Carvalho, advirtió que, si la ley vigente no se aplica, existe el riesgo de que el inicio de clases en 2026 se vea afectado: “La situación hoy es crítica y todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para que la universidad siga cumpliendo su función, pero ahora depende del Gobierno”.
