El fiscal Taiano solicitó analizar los dispositivos electrónicos incautados en el macro de la causa $LIBRA en busca de comunicaciones entre Javier y Karina Milei, y los demás involucrados en el lanzamiento de la criptomoneda que resultó ser una estafa millonaria.
El fiscal federal Eduardo Taiano ordenó realizar un análisis forense exhaustivo de los dispositivos electrónicos secuestrados en la investigación del escándalo cripto $LIBRA, en busca de comunicaciones que incluyan al presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La medida busca establecer si existieron comunicaciones previas al lanzamiento del token que desató el escándalo hace ocho meses, que incluyan a otros de los implicados, como Hayden Davis (creador de la criptomoneda) o los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (responsables del Tech Forum donde Milei se codeó con los involucrados).
La decisión del fiscal y el alcance de la investigación judicial
El requerimiento de análisis forense impulsado por Taiano abarca los dispositivos incautados el 6 de marzo de 2025, cuyo contenido digital ya fue extraído y se encuentra bajo resguardo de los investigadores.
Entre los equipos secuestrados figuran un iPhone 16 Pro Max, un Motorola E6 Play y una CPU tipo gamer pertenecientes a Mauricio Novelli, uno de los principales acusados. También fueron requisados un Samsung Z Flip 3, una MacBook Air y un pendrive de 32 GB en poder de Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El fiscal solicitó a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal que determine el contenido relacionado con el proyecto $LIBRA almacenado en estos dispositivos. La instrucción es clara: rastrear todas las conversaciones (individuales o grupales) que Novelli y Morales mantuvieron con múltiples personas bajo investigación.
La lista de contactos que se buscan en las comunicaciones incluye a Javier Milei y Karina Milei, además de Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures y desarrollador del token), Manuel Terrones Godoy, Charles Hoskinson (CEO de Cardano), Julian Peh (o Peh Chyi Haur, CEO de Kip Protocol), Bartosz Lipinski (CEO de Cube Exchange) y Sebastián Serrano, entre otros actores clave.
Para reforzar la búsqueda de vínculos con los hermanos Milei, el requerimiento fiscal especifica que deben rastrearse llamadas y mensajes con múltiples líneas telefónicas registradas a nombre del presidente (trece números) y de su hermana (un número).
El análisis forense abarcará la totalidad de aplicaciones de mensajería: WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (anteriormente Twitter), LinkedIn, además de los mensajes de texto convencionales. La fiscalía no solo busca comunicaciones entre personas, sino también referencias a temas y terminología específica.
Entre los términos de búsqueda figuran palabras relacionadas con el evento Tech Forum, y conceptos del ecosistema cripto como “memecoin”, “token”, “$libra”, “solana”, “binance” y “kraken”. También se rastrearán expresiones vinculadas a prácticas financieras irregulares como “insider”, “sniper”, “rug pull” y “pump and dump”.
El análisis incluye palabras clave relacionadas con la gestión pública: “presidente”, “milei”, “karina milei”, “gobierno”, “olivos” y “casa rosada”. Asimismo, se buscarán imágenes de los acusados, particularmente durante el Tech Forum o en edificios públicos como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.
Otro aspecto crucial es la determinación de geolocalización de los dispositivos móviles entre el 12 y 19 de julio del año pasado y del 13 al 16 de febrero de este año, periodos considerados críticos para la investigación.
La fiscalía también ordenó verificar si los teléfonos contienen aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales como Phantom y Solflare. Un punto especialmente sensible es la instrucción de identificar contenido eliminado en cada dispositivo y procurar su recuperación, lo que podría revelar información que los investigados intentaron ocultar.
Esta decisión del fiscal llegó un día después de su reunión con diputados miembros de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA, evidenciando una coordinación entre ambos poderes del Estado, aunque con límites claramente establecidos por la justicia.
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Mientras tanto, en la Comisión Investigadora de $LIBRA
Mientras la causa judicial avanza con el análisis forense, la Comisión Investigadora $LIBRA del Congreso enfrenta obstáculos significativos por parte del Poder Judicial. El juez Marcelo Martínez De Giorgi notificó este martes que no auxiliará a la comisión con el envío de la fuerza pública para que funcionarios del gobierno comparezcan ante los legisladores.
La decisión judicial fue un duro golpe para la oposición, que había solicitado esta asistencia ante la negativa reiterada de funcionarios clave a presentarse. Entre quienes no acudieron a las citaciones figuran Alejandro Melik (jefe de la Oficina Anticorrupción), María Florencia Zicavo (ex responsable de la UTI), Paul Starc (de la UIF) y Roberto Silva (de la CNV).
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, explicó por X que el pedido de asistencia “se formuló ante una situación inédita, en la que los funcionarios se niegan a colaborar con esta Comisión Investigadora, a diferencia de lo ocurrido en otros antecedentes históricos en los que sí asistieron o colaboraron”.
Durante la reunión de comisión, los diputados opositores expresaron su frustración. Ferraro sostuvo que “la decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”.
La resolución del magistrado representó un alivio provisorio para la Casa Rosada, ya que el objetivo principal de la oposición era llevar a Karina Milei al Congreso con un patrullero si también se negaba a comparecer. La secretaria general de la Presidencia faltó en tres ocasiones a las citaciones.
El fallo judicial envalentonó al bloque libertario, que había anunciado su no participación en los debates pero este martes se presentó en la sala. La diputada neuquina Nadia Márquez criticó a la oposición.
“Lo que está sucediendo en esta comisión es un circo. ¿Qué vamos a hacer ahora con el patrullero que pedimos?“, lanzó. Márquez leyó el fallo y enfatizó: “No puede considerarse que la incomparencia se haya transformado en una obstrucción de la comisión, sino que está amparado en las garantías constitucionales”.
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“Es difícil cuando tenés que investigar a los poderosos”
Desde la oposición, el pichettista Oscar Agost Carreño reivindicó la labor de la comisión: “Venimos mandando muchos oficios”, dijo, aunque moderó la discusión aclarando que “no hay antecedentes de ir a buscar con un patrullero a la persona citada, porque con la sola citación alcanzaba”.
Sabrina Selva (Unión por la Patria) alertó que “hay muchos funcionarios que se están apoyando en estos dictámenes (por los de Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano) para no tener que dar explicaciones”.
El radical Fernando Carbajal cargó contra el juzgado: “Comodoro Py, como siempre, se muestra muy permeable al poder. Está difícil el trabajo de la comisión porque siempre es difícil cuando tenés que investigar a los poderosos”, dijo el exjuez formoseño.
Mónica Frade (Coalición Cívica) señaló que el magistrado “ha incurrido en un exceso de jurisdicción” y agregó: “Lo que no puede hacer es ingresar en la discusión del reglamento de otro poder. No puede avanzar sobre el Poder Legislativo”. Además, Frade planteó que la medida busca “cubrir la inacción de la Justicia“.
Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) fue más didáctico: “¿Qué sabe Martínez de Giorgi lo que yo le quiero preguntar a Milei?”, preguntó para demostrar que el testigo debe asistir y, si no quiere responder, puede ampararse en el artículo 18 de la Constitución.
Como ejemplo, mencionó la comparecencia de Aldo Tonon durante la comisión de Juicio Político a los ministros de la Corte Suprema en 2023, cuando el juez Ariel Lijo ponderó las facultades del Congreso. Christian Castillo resumió la situación como la “impugnación de la existencia misma de la comisión”.
Pese al revés judicial, Ferraro y Juan Marino, autoridades del cuerpo legislativo, informaron que se enviará un escrito a Martínez de Giorgi para “tener acceso al expediente”, reclamando copias de los documentos e informes que obran en la causa. También anunciaron que apelarán la resolución del magistrado y se reunirán con el procurador interino, Eduardo Casal.
Este martes, tras el fallo, seis diputados de la comisión se reunieron con el propio Martínez de Giorgi durante más de dos horas en su despacho. Del encuentro obtuvieron la disposición de recibir una respuesta para el acceso a la causa, pedido que ya había sido denegado por parte de Taiano.
La comisión investigadora enfrenta una efectividad nula en sus convocatorias: de los nueve citados, solo dos respondieron de manera negativa. Uno fue el propio Hayden Davis, quien explicó que no se presentaría por videollamada.
El otro fue el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien fundamentó su ausencia en el artículo 250 del Código Procesal Penal y apuntó que ya emitió un informe a la fiscalía sobre el rol de la Unidad de Tareas de Investigación creada para indagar sobre el criptoactivo.
Tampoco dieron respuesta Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Mauricio Novelli y Demian Reidel. Cuando acudieron a sus domicilios (inmuebles de la ciudad de Buenos Aires y la Zona Norte del Gran Buenos Aires) y pegaron las citaciones en las puertas, no obtuvieron respuesta alguna.
En cuanto a las interpelaciones internacionales, Charles Hoskinson no respondió y no se ubicó modalidad para contactar a Julian Peh ni a Diógenes Casares.
