Karina Milei deberá presentarse ante la comisión investigadora de $LIBRA a fines de septiembre para dar explicaciones sobre la criptomoneda que promocionó Javier Milei y su rol en las reuniones que el presidente tuvo con los empresarios vinculados al escándalo.
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre el caso $LIBRA decidió avanzar con la citación de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, después de que dos funcionarios del gobierno de Javier Milei faltaran a las audiencias programadas.
A partir de un pedido del diputado Juan Marino (Unión por la Patria), los legisladores establecieron dos fechas tentativas para su comparecencia y advirtieron que, de no presentarse, podrían constituirse en Casa Rosada para tomarle testimonio.
El escándalo de $LIBRA involucra al presidente Javier Milei, quien promocionó la criptomoneda en sus redes sociales, y a su hermana Karina Milei, señalada como intermediaria en las reuniones con los desarrolladores del proyecto.
La investigación busca determinar si hubo violaciones a la Ley de Ética Pública y posibles actos de corrupción. En paralelo, hay una causa judicial abierta en la República Argentina y otra en Estados Unidos.
Karina Milei en el centro de la investigación
La hermana del presidente fue citada para comparecer ante la comisión en dos fechas posibles: los martes 23 y 30 de septiembre. El diputado de Unión por la Patria Juan Marino propuso inicialmente estas fechas, sugiriendo que “si no puede en esas dos fechas que nos haga una contrapropuesta“.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade planteó una alternativa para asegurar el testimonio. “Me parece que esto es una salida para que la señorita no tenga que moverse y perder tiempo, pero que tenga todas las garantías para poder declarar”, señaló con ironía, sugiriendo que las autoridades de la comisión se constituyan en Casa Rosada para tomarle declaración.
La propuesta fue aprobada por mayoría y estableció como plazo máximo la primera semana de octubre para obtener el testimonio de Karina Milei. El diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo recomendó unir ambas propuestas y poner como límite la declaración “no más allá de la primera semana de octubre”.
Las sospechas sobre la secretaria General de la Presidencia se originaron en la investigación estadounidense, que la señala como quien habilitó el ingreso de Hayden Davis a Casa Rosada en 2024.
Se conocieron mensajes en los que Davis se jactó de su influencia sobre Javier Milei: “Le mando dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiero”. Múltiples fuentes del Gobierno nacional confirmaron que la funcionaria no asistirá a ningún tipo de citación.
La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) explicó que Karina “tiene mucho para explicar en este caso”, ya que existen “sobradas pruebas que la involucrarían no sólo como anfitriona de las reuniones en las que participaron los gestores de la estafa $LIBRA, sino también como una de las sindicadas por Hayden Davis de haber recibido dinero para que Milei haga ese tuit”.
Dos funcionarios de Milei pegaron el faltazo
La reunión de la comisión estuvo marcada por la ausencia de dos funcionarios que habían sido citados para declarar: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y María Florencia Zicavo, extitular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI).
Melik había sido citado porque determinó que Javier Milei difundió $LIBRA en calidad de ciudadano y no como Presidente, concluyendo que “no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Publica por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Project'”.
Cuando las autoridades parlamentarias fueron a la Oficina Anticorrupción para notificarlo, se negó a recibir la citación, por lo que pegaron la notificación en la puerta de su despacho.
En su justificación por escrito, Melik consideró que la labor parlamentaria “supone duplicar una investigación judicial actualmente en trámite, al tiempo que implica importantes riesgos para la reserva de la información”. También apuntó que “el panorama que se presenta resulta propicio para la incursión de preguntas indicativas, capciones o improcedentes”.
Por su parte, Zicavo dirigió la UTI que operó solamente tres meses antes de ser cerrada por el Poder Ejecutivo, sin que se conocieran públicamente sus conclusiones.
La funcionaria, actualmente jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, argumentó que “una investigación parlamentaria paralela a la justicia resultaría improcedente por razones constitucionales, técnicas y operativas“.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, reveló que las notas de excusa de ambos funcionarios “entraron por expedición” y “no revisten los aspectos legales necesarios que debieran haber cumplido; no ingresaron por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados ni por la secretaría de la comisión”.
La diputada Selva denunció que “estos funcionarios no solo se negaron a dar explicaciones ante esta comisión, sino que intentaron que la justicia los absuelva de la obligación de comparecer”. Por esta razón, la comisión aprobó una segunda citación a ambos funcionarios bajo apercibimiento, lo que significa que podrían ser citados por la fuerza pública en caso de no asistir.
“Es inaudito que los primeros dos funcionarios que citamos y se niegan a venir son justamente los funcionarios que estuvieron a cargo de la investigación del caso $LIBRA“, enfatizó Selva, quien también cuestionó que ambos intentaron mediante una medida cautelar “que la justicia los absuelva de la obligación de comparecer”.
Karina Milei en la mira: La comisión de $LIBRA habilitó la posibilidad de utilizar la fuerza pública para citar funcionarios
Cuestionamientos a la Oficina Anticorrupción
El único testigo que compareció fue Luis Villanueva, exsubsecretario de Integración y Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA), quien ofreció críticas contundentes sobre el manejo del caso por parte del organismo.
Villanueva aseguró que la OA “tenía la responsabilidad de tomar una serie de medidas para que los casos de conflictos de intereses estén debidamente controlados y sean prevenidos”. En ese sentido, señaló que “debería haberle pedido al presidente, al momento de asumir el cargo, que informe cuáles eran sus clientes“.
El exfuncionario criticó que la OA “no tomó medidas absolutamente indispensables” para determinar si se habían cometido delitos. “Hay que hacer un ejercicio de imaginación bastante importante para desagregar a una persona de lo que dice su cuenta de X”, opinó, refiriéndose a la justificación del organismo sobre las publicaciones del presidente.
Villanueva subrayó que la OA “aportó cero información relevante a la UTI y hasta incluso confundió a la fiscalía” cuando “no detectó en todos los meses que Julian Peh no se llamaba así“, en referencia al CEO de Kip Protocol vinculado al lanzamiento de $LIBRA, quien resultó ser Peh Chyi Haur.
Ante una pregunta de Sabrina Selva sobre si Karina Milei “tendría que haber sido una de las funcionarias investigadas por la OA”, el testigo respondió: “Sí, creo que sí”. Aunque señaló que inicialmente “no había motivos suficientes”, posteriormente consideró que sí debía ser investigada, al aparecer señalada como “un filtro para reunirse con el presidente“.
El exsubsecretario concluyó: “Creo que están dadas las pruebas de una negociación incompatible, una persona que se puso en un lugar a los efectos de usar su cargo y que otro obtenga un beneficio de eso, hacer un negocio con eso”.
Otras decisiones de la comisión
La comisión investigadora adoptó varias medidas adicionales para avanzar en la investigación. Se aprobó la conformación de una subcomisión integrada por los diputados Fernando Carbajal, Mónica Frade, Yolanda Vega, Sabrina Selva y Oscar Agost Carreño.
La subcomisión tendrá acceso directo al expediente judicial que tramita en el juzgado federal a cargo de la jueza María Romilda Servini, manteniendo el secreto de sumario.
Además, se libraron oficios a cuatro empresas de billeteras virtuales argentinas: Belo App, Buenbit, Ripio y Lemon Cash, para consultar información sobre posibles vinculaciones con los promotores del Tech Forum Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales.
La comisión también había enviado un requerimiento formal al presidente Milei, quien tiene un plazo de cinco días hábiles para responder hasta el viernes 12 de septiembre, aunque hasta la fecha no ha respondido a solicitudes previas de la comisión.
El requerimiento al presidente es exhaustivo y abarca varios puntos cruciales, incluyendo información sobre el “Origen del Contrato del Token $LIBRA”, la “Omisión de Denuncia Penal” contra los involucrados en la estafa y las “Condiciones técnicas del proyecto”.
También se le solicita que aclare si posee billeteras virtuales, si firmó alguna “carta de intención” con los promotores de $LIBRA y detalles sobre las reuniones que mantuvo con Hayden Davis, Julián Peh o Mauricio Novelli.
“Si no responde el Presidente, la comisión evaluará qué pasos a seguir conforme con la normativa de nuestro reglamento de funcionamiento interno y a las leyes que rigen en relación a la investidura que ejerce Javier Milei”, advirtió Ferraro.
