La Cámara de Diputados dio media sanción a la modificación del Régimen de Zona Fría impulsada por el gobierno de Javier Milei, que dejará sin beneficios en la tarifa de gas a millones de usuarios, entre ellos, los de Bahía Blanca. ¿Cómo votó cada legislador?
La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles por la noche a la modificación del Régimen de Zona Fría, la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei que recorta los beneficios en las tarifas de gas para millones de hogares en todo el país, incluyendo municipios de la provincia de Buenos Aires como Bahía Blanca.
El proyecto, que ahora pasa al Senado, deroga la ampliación de 2021 que había extendido los descuentos a casi 130 localidades de diez provincias y limita el subsidio únicamente a los hogares de menores ingresos en esas zonas.
La votación arrojó 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, con márgenes distintos según el capítulo: el primer bloque de artículos reunió 131 afirmativos y 109 negativos, mientras que otros capítulos alcanzaron hasta 140 votos positivos.
El oficialismo consiguió los números necesarios gracias al apoyo de sus aliados parlamentarios habituales (el PRO y la UCR) y al respaldo de legisladores vinculados a gobernadores del norte del país, a quienes el Ejecutivo prometió mecanismos de compensación tarifaria durante los meses de verano.
Colateralmente, La Libertad Avanza logró frustrar el intento opositor de convocar a una sesión especial para emplazar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para debatir proyectos sobre financiamiento universitario y prestaciones a jubilados.
En paralelo, el oficialismo avanzó con la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que deroga normativas consideradas redundantes o desactualizadas, pero también incluye artículos para eliminar programas activos.
Un guiño a los gobernadores del norte
Hasta pocas horas antes de la sesión, el oficialismo no tenía asegurado el número. Las tratativas fueron encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien mantuvo contactos activos con gobernadores de distintas provincias durante toda la jornada desde la Casa Rosada.
Los mandatarios provinciales involucrados pertenecen a jurisdicciones que no perderían subsidios de gas (ya que no integran las zonas ampliadas en 2021), pero que obtuvieron a cambio una promesa de beneficios para sus propias regiones.
El acuerdo consistió en el compromiso del Ejecutivo de crear un esquema de compensaciones para las denominadas “zonas cálidas”, provincias del norte con altas temperaturas durante el verano, como Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones y Catamarca.
La contrapartida sería un descuento en las tarifas eléctricas durante los meses estivales, fijado en 300 kWh para las zonas clasificadas como “muy cálidas” (subzonas Ia y Ib) y 200 kWh para las “cálidas” (IIb). La promesa es por demás insólita si se tiene en cuenta que lo que se estaba votando era justamente una reducción de subsidios.
Sin embargo, ese beneficio no quedó incorporado en el texto legal aprobado. El Ejecutivo prometió instrumentarlo a través de un decreto, lo que lo transforma en una decisión administrativa futura sin respaldo legislativo y sujeta completamente a la discreción del Poder Ejecutivo.
La desconfianza de algunos gobernadores en ese tipo de compromisos generó tensiones hasta el último momento, con negociaciones que se extendieron mientras transcurría el debate en el recinto sobre cómo implementar la medida.
El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su cuenta de X fotos junto al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y al mendocino Alfredo Cornejo, ambos aliados del gobierno nacional.
La foto con Figueroa cobró relevancia horas después, cuando se conoció la posición de la diputada neuquina Karina Maureira, quien acompañó el proyecto a pesar de que Neuquén es una de las provincias afectadas por los cambios.
Cómo votó cada bloque y cada Diputado
La Libertad Avanza, bloque encabezado por Gabriel Bornoroni,aportó 93 votos afirmativos, con una sola ausente: Rocío Bonacci. El bloque votó en bloque a favor del proyecto, conforme a la línea oficial.
El PRO sumó 12 votos positivos, con la totalidad de sus integrantes acompañando la iniciativa: Cristian Ritondo, Martín Ardohain, Emmanuel Bianchetti, Fernando De Andreis, María Florencia De Sensi, Daiana Fernández Molero, Alejandro Finocchiaro, Alicia Fregonese, Antonela Giampieri, Álvaro González, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza.
La UCR aportó 6 legisladores: Guillermo Agüero, Gerardo Cipolini, Diógenes González, Lisandro Nieri, Darío Schneider y Pamela Verasay, aunque algunos radicales por fuera del bloque no acompañaron o estuvieron ausentes.
Innovación Federal, espacio vinculado a los gobernadores de Salta, Misiones y otras provincias, tuvo un comportamiento dividido: 7 de sus integrantes votaron a favor, mientras que Claudio Álvarez y Bernardo Biella lo hicieron en contra.
El bloque Provincias Unidas también se dividió: 4 diputados votaron afirmativamente (entre ellos la jujeña María Inés Zigarán), mientras que 9 legisladores de ese mismo espacio rechazaron el proyecto, entre ellos Esteban Paulón, Pablo Farías, Pablo Juliano y varios diputados cordobeses.
Lo llamativo es que el mendocino Alfredo Cornejo respaldó la restricción de subsidios a través de sus legisladores, en un cambio de postura respecto a 2021, cuando Mendoza había acompañado la ampliación.
Otros bloques que aportaron votos afirmativos fueron el MID (con Falcone y Zago), el bloque Independencia de Tucumán, Producción y Trabajo por San Juan, Encuentro Federal con Nicolás Massot, La Neuquinidad y Por Santa Cruz con José Garrido.
Unión por la Patria (bloque encabezado por Germán Martínez) votó en bloque en contra, con 87 legisladores rechazando el proyecto. La bancada tuvo 6 ausentes: Máximo Kirchner (quien fue operado recientemente), Guillermo Snopek, Victoria Tolosa Paz, Hugo Yasky, Ricardo Daives y Ramiro Gutiérrez.
También se opusieron los 4 integrantes del Frente de Izquierda (Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Néstor Pitrola), Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba, Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Jorge Fernández (Primero San Luis).
Las abstenciones correspondieron a los tres diputados del espacio Elijo Catamarca (Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega), quienes responden al gobernador Raúl Jalil, y a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
Entre los ausentes se contabilizaron 15 legisladores: Además de los 6 de Unión por la Patria, fueron 5 de Provincias Unidas, entre ellos Martín Lousteau y Juan Schiaretti; la radical Mónica Frade; Miguel Ángel Pichetto de Encuentro Federal; la oficialista Rocío Bonacci; y Marcela Pagano del bloque Coherencia.
Modificación del Régimen de Zona Fría
El núcleo del proyecto consiste en revertir la ampliación del Régimen de Zona Fría aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637, impulsada en su momento por el Frente de Todos, que había extendido los beneficios tarifarios a localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
Con la reforma aprobada, las zonas históricamente beneficiadas (la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe en Mendoza) conservan el subsidio sobre el consumo residencial de gas natural y gas propano por redes.
En cambio, los distritos que ingresaron al régimen por la ampliación de 2021 perderán el beneficio general, que quedará restringido a los hogares registrados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Para acceder al SEF, los hogares deben acreditar ingresos netos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales, o ser beneficiarios de programas como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.
Otro cambio de fondo afecta al criterio de cálculo del subsidio: en adelante, la bonificación se aplicará exclusivamente sobre el precio del gas, y no sobre el total de la factura, que incluye también los costos de transporte y distribución.
Este punto fue particularmente cuestionado por legisladores patagónicos, quienes advirtieron que esos componentes pueden representar entre el 40% y el 60% del valor final de la boleta, lo que implicaría aumentos equivalentes incluso para usuarios de las zonas originalmente beneficiadas.
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas (que financia el régimen con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural) se mantiene, pero el proyecto faculta al Ejecutivo a aumentar o reducir ese recargo en hasta un 50%.
En el capítulo vinculado al mercado eléctrico, el proyecto aprueba un mecanismo de regularización de obligaciones para distribuidoras del servicio público de electricidad con deudas ante CAMMESA, la administradora del mercado eléctrico mayorista.
La deuda acumulada asciende a 1.842 millones de dólares, con el 69% concentrado en Edenor, Edesur y el Grupo DESA. Las distribuidoras que adhieran deberán renunciar a la totalidad de reclamos judiciales o administrativos pendientes.
Discusión y cuestionamientos en el recinto
La diputada fueguina Andrea Freites (Unión por la Patria) fue una de las voces críticas: “En un contexto de fragilidad e incertidumbre, el Gobierno recarga las facturas del gas y hace perder un beneficio de más de 25 años”.
Freites defendió el régimen vigente como expresión de soberanía federal y rechazó que los usuarios deban acreditar su situación de vulnerabilidad para calefaccionarse en zonas con temperaturas bajo cero:
“No hay derecho a exigir un certificado de pobreza para vivir con algo que es necesario y es vital en donde tenemos temperaturas bajo cero y ráfagas de viento de más de 120 kilómetros”.
El cordobés Esteban Paulón, de Provincias Unidas, centró su intervención en la contradicción entre el discurso de austeridad fiscal y la condonación de deuda a las distribuidoras: “Todos los días nos hablan de la restricción fiscal y de que no hay plata para el PAMI, los jubilados, las universidades, la ciencia o la discapacidad; pero sí hay plata para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras”.
La diputada cordobesa Gabriela Estévez (Unión por la Patria) estimó que en su provincia la medida afectará a unas 688.000 familias y sostuvo que el fondo fiduciario creado para financiar el régimen está siendo redireccionado:
“Lo que quieren hacer es apropiarse de este fondo para agarrar esa plata porque no saben cómo seguir tapando los agujeros que ustedes mismos generan”.
El diputado rionegrino Pablo Todero (Unión por la Patria) desmintió en el recinto la afirmación oficial de que la Patagonia no sufriría cambios: “Es mentira lo que dicen de que en la Patagonia no cambia nada. Minga que no cambia”.
Explicó que el subsidio dejaría de aplicarse sobre los componentes de distribución, transporte y cargo fijo, lo que generaría aumentos de entre el 40% y el 60% en las facturas patagónicas.
La bonaerense Vanesa Siley (Unión por la Patria) señaló que “el tarifazo significa barrer con el derecho de vivir en una zona fría. Nosotros en las puertas del invierno ampliamos a más de 4 millones de personas el derecho de poder prender la estufa y ustedes se la están quitando para que eso vaya directamente a las empresas”.
El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, respaldó el dictamen de minoría de su bloque y reivindicó la ampliación de 2021: “Venimos a reivindicar la ampliación de las zonas frías que impulsamos nosotros“. También reclamó que el norte reciba una tarifa diferencial para la energía eléctrica y planteó la necesidad de completar las redes de gasoducto hacia el NEA.
Desde el oficialismo, el miembro informante Facundo Correa Llano encuadró la reforma dentro de la narrativa de corrección del gasto público: “Durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados, sobre distorsiones, sobre privilegios. Ese modelo fracasó, eso es lo que hoy venimos a corregir”.
Correa Llano defendió que “focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan”, y subrayó que el régimen histórico para la Patagonia, la Puna y Malargüe no se elimina sino que se preserva. Sin embargo, omitió mencionar que la medida reduciría el subsidio también en estas zonas.
