La Libertad Avanza logró sentar a 129 diputados en sus bancas para comenzar la sesión del Congreso en la que se debatirán las modificaciones al Régimen de Zona Fría que podrían dejar a Bahía Blanca sin beneficios en la tarifa de gas y la Ley Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger.
La Cámara de Diputados sesionó este miércoles con quórum conseguido pasadas las 10:20 de la mañana, cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció la presencia de 129 legisladores en el recinto.
El número fue el resultado de negociaciones del oficialismo con distintos bloques dialoguistas y permitió habilitar el debate de un temario encabezado por la Ley Hojarasca y la reforma del régimen de Zona Fría, que podría dejar a Bahía Blanca sin los beneficios en la tarifa de gas.
El quórum lo aportaron, además del bloque de La Libertad Avanza conducido por Gabriel Bornoroni, el PRO, la UCR, el MID, el monobloque de Karina Banfi, la mayoría de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo y el bloque La Neuquinidad.
Los últimos en ingresar fueron los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, cercanos al gobernador Osvaldo Jaldo. Antes de que ellos se sentaran, ya lo habían hecho dos integrantes del bloque Provincias Unidas: la mendocina Lourdes Arrieta y la jujeña María Inés Zigarán.
El temario incluye también una serie de tratados y convenios internacionales de larga data (entre ellos acuerdos de extradición con Polonia, Costa Rica y Chile, y convenios de cooperación judicial con Italia, Cuba y Serbia) y el reconocimiento al brigadier Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur.
Se debaten la Ley Hojarasca y la reforma de Zona Fría
Uno de los temas es la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto propone derogar en su totalidad 59 leyes (fueron 63 en la versión original) consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. Además, plantea eliminar artículos específicos de otras tres leyes y derogar dos decretos.
Entre las normas que el Ejecutivo busca eliminar figuran regulaciones sobre palomas mensajeras, el carnet de mochilero, sistemas de microfilmación y una variedad de procedimientos administrativos y militares que el Gobierno considera anacrónicos.
Sin embargo, en la lista de normativas el ministro escondió algunos artículos para derogar leyes que actualmente se encuentran en práctica y afectan a distintos sectores. Por ejemplo, a pedido de representantes del cooperativismo, se debió retirar la eliminación de la Ley 11.380 sobre fomento crediticio para ese sector.
El otro proyecto central es la reforma del régimen de Zona Fría, promovida desde el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo. El esquema vigente subsidia parte de las tarifas de gas durante el invierno en distintas regiones del país.
El texto en debate propone revertir la ampliación territorial aprobada en 2021 mediante la Ley 27.637, impulsada en su momento por el Frente de Todos/Unión por la Patria, que había incorporado al beneficio a municipios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
De aprobarse la reforma, solo las zonas históricamente incluidas (la Patagonia, Malargüe en Mendoza y la Puna) conservarían los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes.
En cambio, para las localidades incorporadas en 2021, el beneficio quedaría restringido a hogares registrados en el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
Este sistema abarca a familias con ingresos netos iguales o menores a tres canastas básicas totales y a beneficiarios de programas como el ReNaBaP o la pensión a veteranos de Malvinas.
Otro cambio relevante es que el subsidio se calculará solo sobre el precio del gas, sin contemplar los costos de transporte y distribución que integran la tarifa final, lo que implica que el monto efectivo del beneficio será menor al actual.
El régimen seguirá financiado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, constituido con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural, aunque el Poder Ejecutivo quedará facultado para modificar ese porcentaje en hasta un 50%. Es decir que quienes dejen de ser beneficiarios, comenzarán a pagar también el recargo.
Para asegurarse los votos necesarios, el Gobierno negoció con gobernadores de provincias cálidas a través del ministro Diego Santilli, comprometiendo subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano, acotados a una cantidad determinada de kilovatios.
Las críticas a los proyectos no tardaron en llegar. La diputada de Unión por la Patria Paula Penacca cuestionó tanto el inicio de la sesión como los bloques que aportaron quórum, y advirtió que las iniciativas en debate “solo van a empeorar las condiciones y la calidad de vida de los argentinos y argentinas”.
El oficialismo esquivó la interpelación de Adorni
Detrás de la convocatoria impulsada por el oficialismo existía también una estrategia política orientada a neutralizar una sesión paralela que la oposición había solicitado para las 11 de la mañana del mismo día.
Esa convocatoria tenía como objetivo central interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una investigación judicial abierta vinculada a las irregularidades en su patrimonio que investiga la Justicia. La semana anterior, esa sesión opositora había debido postergarse ante la imposibilidad de reunir el quórum.
Para ampliar apoyos, los bloques opositores extendieron el temario e incorporaron proyectos sobre licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar, mejoras en prestaciones del PAMI y pedidos de informes a los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello por presuntos incumplimientos de la Ley de Financiamiento Universitario.
Sin embargo, la decisión del oficialismo de convocar su propia sesión para una hora antes generó una superposición que obligará a la oposición a esperar el final del debate libertario antes de intentar reunir nuevamente los 129 diputados que necesita. Si no logra ese número, deberá buscar una nueva fecha.
El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, fue uno de los más críticos con la maniobra. “Es un acto de mala fe parlamentaria. Tiene el único objetivo de que la segunda sesión no pueda contemplarse ni llamarse”, sostuvo, y solicitó un cuarto intermedio al mediodía para intentar conformar el quórum de la convocatoria opositora.
El oficialismo ya había anticipado que no haría lugar a ese pedido y que sus aliados lo acompañarían en ese rechazo. En el Gobierno evalúan que la posibilidad de que prospere la interpelación a Adorni es escasa. Aunque algunos sectores opositores comenzaron a mencionar incluso la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el funcionario.
