La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso sostuvo que hubo un plan sistemático de espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Responsabilizó a la AFI, a María Eugenia Vidal y al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Con la ausencia de Milman, la oposición rechazó el dictamen.
La Bicameral que preside Leopoldo Moreau aprobó este martes el informe que elaboró la subcomisión dedicada a investigar a la llamada “Gestapo” antisindical.
El caso se originó con la aparición del video de la reunión del 15 de junio de 2017 en la que participaron espías, funcionarios provinciales y empresarios para orquestar estrategias para encarcelar al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina.
Allí el ex ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, hablaba de crear una “Gestapo” para terminar con los gremios.
“Un hito revelador en el encubrimiento de las maniobras ilegales de la conducción partidaria de la AFI bajo el gobierno de Macri, revelando inequívocamente que su jerarquía político-partidaria ordenó y participó de las mismas”, escribieron.
“Se utilizaron recursos y herramientas estatales para espiar, hostigar y encarcelar indebidamente a quienes no se sometían a los dictados de una política partidista que gobernaba el Estado nacional y provincial”, sostiene el texto aprobado por la Comisión.
La investigación sobre la “Gestapo” había quedado en manos de los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés junto con el radical Miguel Bazze después de que la entonces interventora en la AFI Cristina Caamaño denunció el hallazgo del video en diciembre pasado.
El dictamen se aprobó por los ocho votos con los que cuenta el Frente de Todos. En la sesión sólo se hicieron presentes tres de los seis integrantes de Juntos por el Cambio que forman parte de la Comisión, quienes no firmaron el texto.
La bicameral tiene la misión de controlar los organismos de inteligencia y detectar si los agentes exceden las tareas que tienen asignadas, que son las amenazas contra la seguridad interior y la defensa nacional.
“La maniobra demuestra que la conducción partidaria de la AFI macrista se sirvió del instrumento que constituye una agencia de inteligencia civil con actividad encubierta de reunión y de análisis, para otros intereses, desviándola de su misión exclusiva que es la preservación de la seguridad interior, el orden constitucional y la defensa nacional“, concluye el dictamen.
El oficialismo ahora busca ingresar el dictamen a los recintos del Congreso, para que sean las dos cámaras del Poder Legislativo las que condenen el espionaje ilegal macrista. Todo indica que el escrito ingresará por el Senado, donde el FdT tiene más posibilidades para conseguir que se apruebe.
Los ejes del espionaje ilegal
Según el dictamen, el espionaje macrista tuvo tres características principales:
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) tuvo como objetivo informativo y operacional a la actividad sindical de distintos sectores. La UOCRA no era una amenaza a la seguridad interior o a la defensa nacional que pudiera habilitar la intervención de la AFI.
La agencia de espías tuvo un rol central en el plan de persecución. Dentro de este organismo se destacó el rol de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ). Su titular, Juan Sebastián de Stefano, no solo estuvo presente en la reunión de la “Gestapo” sino que también fue a apretar a dos jueces, Luis Carzoglio y Gabriel Vitale, para que detuvieran a Hugo y Pablo Moyano.
Sin embargo, la AFI no es la única responsable. Según la Bicameral, también fueron parte del plan de espionaje y persecución el Ministerio de Seguridad –de Patricia Bullrich–, el gobierno bonaerense de Vidal y sectores del Poder Judicial.
Desbaratando la tesis “cuentapropista”
El escrito señala que los directivos políticos de la AFI macrista se involucraban en las operaciones, lo que desmiente que la inteligencia ilegal fuera obra de cuentapropistas –como sostienen desde el macrismo– o que fuera un fenómeno anárquico.
El dictamen de la Bicameral le encomienda, en ese sentido, a la conducción actual de la AFI que investigue el rol de los directivos políticos.
“Si hubo un plan sistemático, corresponde colegir que todos los directores partidarios y no pertenecientes a la carrera profesional participaron del mismo”, sostienen diputados y senadores en el dictamen.
Por su parte, la oposición tiene seis representantes en la Bicameral pero solo fueron tres a la presentación del informe: los diputados Miguel Bazze (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y el senador Ignacio Torres (PRO). Vale recordar que el abogado Gastón Marano, a cargo de la defensa de Nicolás Carrizo en la causa por el atentado contra CFK, fue asesor de Torres.
La ausencia más notoria fue la de Gerardo Milman, apuntado como alguien que, al menos, tenía conocimiento del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
Milman lleva varios días ausentándose de sus deberes como diputado, desde que comenzaron a exponerse diversos escándalos que, por un lado lo involucran con el atentado, y por otro comprometen su imagen por lo que se ganó un abandono silencioso de parte de JxC.
Bazze redactó un dictamen de minoría al que adhirieron Ritondo y Torres, que sostiene que la Comisión no puede discutir lo que dice el Poder Judicial: básicamente respaldando la teoría del cuentapropismo consagrada por la Cámara Federal porteña.
En diciembre del 2021, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi convalidaron la versión de que no hubo una estructura dedicada al espionaje ilegal sino que existió “cuentapropismo” de los agentes. Es decir, que supuestamente actuaron por su cuenta y no por orden las mayores jerarquías estatales.
Los opositores además sostienen que no hay elementos para decir que los tres directivos de la AFI que estuvieron en el Bapro lo hicieron por órdenes de Gustavo Arribas -titular de la AFI macrista- o el entonces presidente Macri.
La referencia es a De Stefano, Darío Biorci, el ex jefe de gabinete de la AFI y cuñado de su entonces vicedirectora Silvia Majdalani; y Diego Dalmau Pereyra, ex director de Contrainteligencia.
