El gobierno de Javier Milei busca aprobar la Ley de Propiedad Privada en el Senado, que llega al recinto sin el capítulo de tierras, pero que mantiene los cambios para habilitar desalojos exprés, junto con reformas a las leyes de expropiaciones y de manejo del fuego.
El gobierno de Javier Milei cedió con la Ley de tierras para aprobar el resto de la Ley de Propiedad Privada en el Senado, que tras las modificaciones aún
El Senado debatirá este jueves desde las 14 horas el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que La Libertad Avanza (LLA) debiera retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras ante la falta de apoyos y el rechazo de la sociedad.
Pese a esa marcha atrás, el resto de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei se mantiene en pie y será debatida en la Cámara alta. El proyecto de ley ideado por el ministro Federico Sturzenegger ya lleva 17 borradores y meses de discusiones, y aún no está claro que el oficialismo tenga los votos para sancionarlo.
¿Qué es lo que queda de la ley de Sturzenegger?
El proyecto que llegará al recinto conserva modificaciones en varios ámbitos. Uno de los ejes centrales es el cambio al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial para acelerar los juicios de desalojo, que pasarían a tramitarse por la vía sumarísima, el procedimiento más breve previsto por la normativa vigente.
La reforma habilita a “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado” a iniciar la acción de desalojo contra locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y otros ocupantes. En rigor, se trata de un capítulo dedicado a flexibilizar el entramado legal en favor de los dueños de inmuebles.
Además, permite al juez ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando considere verosímil el derecho invocado, y reemplaza la caución real por una declaración jurada. En los casos de alquileres de vivienda, se exige una intimación previa con un plazo mínimo de diez días para saldar la deuda.
Cuando en el inmueble haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, se establece un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional antes de concretar el desalojo.
Otro de los capítulos que se mantiene introduce cambios a la Ley de Expropiaciones (21.499). La declaración de utilidad pública deberá tener una “interpretación restrictiva” y deberá identificar de forma específica y concreta el fin perseguido, además de resultar idónea, necesaria y proporcional.
En otras palabras, Sturzenegger pretende quitarle herramientas al Estado Nacional sumando más requisitos para avanzar con cualquier expropiación. La ley actual es la que permitió la recuperación de empresas com YPF y Aerolíneas Argentinas.
Se reconoce también el derecho a reclamar una indemnización por lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, con un tope del 30% del valor del daño emergente. Asimismo, se fija en 90 días el plazo máximo para la denominada ocupación temporánea anormal de un inmueble.
Paradójicamente, Milei había anunciado la iniciativa en Cadena Nacional tras conocerse el fallo favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la condena inicial que obligaba a la Argentina a pagar US$ 16.100 millones por la estatización de YPF en 2012.
Inicialmente, el libertario se había puesto del lado de los fondos buitres que reclamaban al Estado Argentino y había culpado al entonces ministro Axel Kicillof (principal impulsor de la expropiación) del litigio. Sin embargo, luego celebró el fallo favorable (que daba la razón al ahora gobernador) como si fuera un logro propio.
“Expropiar está mal porque robar está mal. Esa quiebra de principios nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso”, había dicho el libertario en Cadena Nacional, pese a que la empresa estatal se convirtió en el principal motor de crecimiento del país a través de Vaca Muerta.
El proyecto también reforma la Ley de Manejo del Fuego (26.815): elimina la prohibición de modificar el uso del suelo durante 30 años en tierras rurales productivas, praderas, pastizales y áreas periurbanas afectadas por incendios, aunque mantiene las protecciones para bosques nativos y conserva la obligación de realizar tareas de restauración ambiental.
El Gobierno sostiene que busca revertir reformas incorporadas durante la gestión de Alberto Fernández, que justamente habían sido impulsadas para evitar los incendios presuntamente intencionales que luego derivaban en proyectos inmobiliarios en la zona afectada.
Por último, se conserva la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, que administrará una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria, un portal web para que ciudadanos y profesionales soliciten trámites, abonen tasas y reciban informes, certificados y copias de cualquier registro del país.
El oficialismo negocia cambios a contrarreloj para destrabar la Ley de Tierras en el Senado
El oficialismo cede y los votos están en duda
Horas antes de la sesión, el oficialismo debió retirar el capítulo III del proyecto, que modificaba la Ley 26.737 y elevaba del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros, además de eliminar la exigencia de un doble conforme entre Nación y provincias en caso de venta.
La decisión se tomó tras una reunión que la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, mantuvo con bloques aliados en las oficinas del radicalismo, de la que participaron, entre otros, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; el jefe de bancada radical, Eduardo Vischi; y los tres integrantes del PRO.
El rechazo de gobernadores dialoguistas, como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), y la presión social expresada en la convocatoria a movilizarse frente al Congreso, llevaron a los senadores que dudaban a sumarse al rechazo. Con este cambio, seguirá vigente el límite del 15% para el dominio extranjero de tierras rurales.
El debate está convocado para las 14 horas y será presidido por Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje del presidente Javier Milei a Ecuador y Colombia, lo que le impedirá intervenir en caso de un eventual desempate.
Antes de tratar el temario, la Cámara deberá resolver si autoriza la participación remota de la senadora Anabel Fernández Sagasti, que cursa un embarazo avanzado, y del senador radical Flavio Fama, que se recupera de una operación de rodilla; el oficialismo anticipó que exigirá los dos tercios para habilitar esa modalidad.
Hasta el miércoles, el oficialismo contaba con 32 votos a favor y 36 en contra, sobre un total de 36 votos necesarios para lograr la media sanción.
El rechazo estaba compuesto por el interbloque Popular (el peronismo, con 25 integrantes), el bloque Convicción Federal, los dos senadores de Alianza por Santa Cruz, la cordobesa Alejandra Vigo y la salteña Flavia Royón, lo que conformaba un núcleo de 31 voluntades.
El apoyo oficialista se conformaba por los 20 senadores propios, ocho de la UCR, tres del PRO y quizás el correntino Carlos “Camau” Espínola, cuyo acompañamiento no estaba confirmado.
Además de la votación en el recinto, distintas organizaciones sociales, ambientales, rurales y políticas ratificaron una movilización frente al Congreso para este jueves, en rechazo a los puntos de la ley que continúan vigentes.
