El gobierno de Javier Milei flexibiliza los créditos en dólares para empresas para aumentar artificialmente la oferta, una medida temeraria que no solo expone a las compañías argentinas a pagar el precio de una eventual devaluación, sino que también aumenta los riesgos en el sistema financiero.
El Gobierno de Javier Milei habilitó a las empresas que facturan en pesos a tomar créditos en dólares, una decisión que busca movilizar la divisa extranjera para inyectar liquidez en la economía de cara al año electoral.
Con la medida, el Ejecutivo espera destrabar inversiones y ampliar la oferta de dólares en el mercado cambiario, aunque también expone a las empresas en caso de una devaluación, ya que quedarían endeudadas en moneda extranjera, pero con ingresos en divisa local.
El Banco Central flexibiliza los créditos en dólares
El Banco Central (BCRA) anunció una flexibilización del artículo 23 del Decreto 905/02, la normativa que desde la crisis de 2001 limitaba los préstamos en dólares exclusivamente a empresas exportadoras o vinculadas al comercio exterior.
A partir de ahora, los bancos podrán prestar dólares a cualquier persona jurídica, sin importar si genera o no divisas. Vale aclarar que no se incluye a las personas humanas en el nuevo esquema.
El cambio se instrumentó mediante un decreto de necesidad y urgencia que se publicó en el Boletín Oficial, y fue comunicado en una conferencia de prensa por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.
Según el funcionario, la decisión responde a un pedido del sector productivo: “Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad en esto”, señaló Caputo, quien remarcó que buscan bajar las tasas para reactivar el crédito.
Para contener el riesgo, el BCRA fijó un tope: los bancos podrán destinar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a este tipo de financiamiento. Además, la entidad estableció un tratamiento prudencial más exigente, con un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a otras financiaciones comparables.
También dispuso que las entidades deberán evaluar obligatoriamente la capacidad de repago de los tomadores bajo distintos escenarios de variación del tipo de cambio. Los créditos, a su vez, deberán liquidarse de manera obligatoria en el mercado oficial de cambios.
De acuerdo con datos oficiales, los depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero suman USD 43.175 millones, con un crecimiento del 23% en el último año, mientras que unos USD 24.637 millones ya fueron prestados al sector privado.
El Gobierno estima que la flexibilización podría movilizar entre USD 3.000 y 6.000 millones adicionales, con un techo posible de hasta USD 10.000 millones si se sostiene el ritmo de los depósitos. Caputo apuntó especialmente a sectores como la construcción y la industria automotriz como destinatarios de este nuevo financiamiento.
El titular del BCRA, Santiago Bausili, había adelantado días antes el diagnóstico oficial al cuestionar el esquema previo: “Se preservó un sistema financiero de un riesgo de descalce, pero cuando uno observa la evolución en el tiempo, se preservó un sistema financiero que es de los más chicos del mundo. Entonces, preservamos la nada misma”, sostuvo.
Caputo también vinculó la medida con otro de sus objetivos: incentivar a que la gente saque los dólares “del colchón”. “Si alguien tuvo 10.000 dólares por 20 años debajo del colchón, al 6% hoy podría tener 32.000. Si no, sigue teniendo 10.000″, dijo el ministro.
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Las advertencias de los economistas
La decisión generó reacciones divididas entre los analistas. Mientras algunos destacan que permite aprovechar depósitos que hoy están inmovilizados, varios alertan sobre los riesgos de exponer a empresas sin ingresos en dólares a una eventual devaluación, un fenómeno que podría desembocar en un descalce de monedas.
El analista financiero Christian Buteler cuestionó la iniciativa de manera directa: “Prestar dólares a una empresa que tiene sus ingresos en pesos no me parece lo mejor. Ya hemos visto lo que el descalce de moneda puede producir en Argentina, no solamente a quien toma el crédito, sino también al sistema financiero”. Buteler también advirtió:
“Si lo hacés a una empresa que capaz tomó un crédito en dólares porque es una tasa mejor y quería bajar sus costos, y tiene que enfrentar momentos de volatilidad cambiaria, la realidad es que creo que puede llegar a ser peor el remedio que la enfermedad“.
En la misma línea, el economista de EpyCa, Martín Kalos, remarcó los antecedentes históricos de este tipo de herramientas: “Tomo esta medida siempre con mucha cautela, porque justamente del descalce de monedas están hechas las crisis cambiarias”, dijo, en referencia a la experiencia del fin de la convertibilidad.
Kalos valoró los límites regulatorios como una señal de prudencia, pero remarcó que la medida “habilita una mayor circulación de dólares en la economía”, con efectos sobre la oferta tanto primaria como secundaria de la divisa.
El economista Haroldo Montagu planteó que la desregulación no representa un ingreso genuino de divisas al país, ya que los dólares que se prestarán ya se encuentran dentro del sistema financiero. Montagu advirtió, además, sobre un riesgo adicional:
“Si las divisas prestadas no se destinan a inversión productiva sino que se venden en el mercado o se transfieren al exterior, la medida podría alimentar la dolarización en lugar del financiamiento real”.
Según explicó, el cambio más relevante es que el riesgo de una devaluación deja de recaer sobre los bancos y pasa a recaer directamente sobre las empresas que tomen la deuda.
El exdirector del BCRA, Jorge Carrera, fue especialmente crítico con el momento elegido para la medida, en un contexto de tipo de cambio real bajo. Carrera sintetizó el riesgo central: “frente a cualquier salto del tipo de cambio provocado por un evento negativo, muchos de esos deudores caerían masivamente en mora o directamente en default”.
En la misma dirección, el economista Federico Machado, de OPEN, reconoció que la medida “puede ayudar a la recuperación de la actividad”, aunque la calificó de “demasiado temeraria”, dado el nivel de apalancamiento ya existente en préstamos en dólares.
También se sumó a las críticas el economista Martín Redrado, quien había advertido sobre el “efecto multiplicador” del dinero prestado en moneda dura, capaz de derivar en una crisis como la que terminó con la Convertibilidad.
Uno de los redactores de la norma original de 2002, Eduardo Levy Yeyati, cuestionó también la flexibilización: “facilitar préstamos en dólares con ingresos en pesos para apalancar el crecimiento, a expensas de la autonomía monetaria y la estabilidad financiera, reintroduce el descalce cambiario que llevó a la crisis de 2001″.
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El riesgo de la devaluación para las empresas
La discusión sobre los riesgos de la medida cobra mayor relevancia a la luz de las proyecciones de la calificadora Fitch, a través de su filial regional FIX SCR. Según sus estimaciones, el tipo de cambio oficial podría ubicarse entre $2.047 y $2.246 hacia fines de 2027, mientras que el crecimiento económico oscilaría entre 1,6% y 2,5% en ese período.
En el escenario de mayor tensión cambiaria, la calificadora proyecta que el dólar oficial cerraría 2026 en $1.671 y treparía hasta $2.246 en diciembre de 2027, lo que implicaría una devaluación del 34,4% durante el año electoral.
La proyección resulta especialmente sensible para el nuevo esquema de créditos: un salto de esa magnitud en el tipo de cambio golpearía de lleno a las empresas que hayan tomado deuda en dólares sin contar con ingresos en esa moneda, en la medida en que sus compromisos de pago se encarecerían en términos de pesos sin que sus ingresos acompañen ese ajuste.
Incluso en el escenario más moderado, donde el dólar llegaría a $2.047 hacia fines de 2027 con una suba del 26% durante ese año, FIX advierte que se espera una mayor dolarización de carteras en la previa electoral, lo que presionaría sobre el tipo de cambio, las reservas y las tasas de interés.
Más allá de los riesgos financieros, lo cierto es que el mecanismo habilitado por el Gobierno permite generar una oferta artificial de dólares en el mercado cambiario, que podría ser el verdadero objetivo de Caputo.
los bancos prestan los depósitos en moneda extranjera a empresas que están obligadas a venderlos en el mercado de cambios, y esos dólares regresan luego como nuevos depósitos a las entidades financieras, que pueden volver a prestarlos.
Ese circuito le permite al BCRA engrosar sus reservas internacionales de manera contable, sin que se trate de un ingreso genuino de divisas al país. La limitación que existía hasta ahora funcionaba como un resguardo frente al riesgo de insolvencia generalizada en caso de una crisis cambiaria.
La norma original de 2002 había sido luego modificada por la Ley 26.546, que aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2009, de modo que la actual flexibilización, dispuesta por decreto, modifica una restricción que en su momento había sido establecida por ley del Congreso.
La medida se enmarca dentro de una serie de mecanismos que el Gobierno fue utilizando para sumar oferta de dólares durante su gestión, como el blanqueo de capitales, el acuerdo con el FMI y el endeudamiento externo de empresas y provincias, en un contexto en el que varias de esas fuentes de divisas muestran signos de agotamiento de cara al año electoral.
