Luis Caputo flexibiliza la Ley de Inocencia Fiscal y plantea eliminar los límites para adherir el régimen, relanzando una normativa que quedó bajo la lupa luego de ser aprovechada por figuras del oficialismo como José Luis Espert y Manuel Adorni.
El ministro de Economía Luis Caputo presentará este miércoles una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, luego de que el intento original de relanzar el régimen no lograra el impacto esperado entre los contribuyentes.
Más allá de los reclamos técnicos, el Gobierno de Javier Milei también busca relanzar el proyecto luego de que quedara bajo la lupa por haber sido utilizado por figuras del oficialismo como José Luis Espert y Manuel Adorni, ambos investigados por la Justicia por enriquecimiento ilícito.
¿Ahora sí?: Caputo insiste con los dólares bajo el colchón
El ministro de Economía expondrá los cambios este miércoles en una conferencia de prensa y el jueves el Poder Ejecutivo enviará el proyecto al Congreso.
La iniciativa fue trabajada junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y con contadores y tributaristas que habían planteado objeciones a la primera versión de la ley, sancionada en diciembre de 2025 y vigente desde febrero.
El objetivo central del Gobierno es ampliar la cantidad de contribuyentes que pueden sumarse al Régimen de Declaración Jurada Simplificada y así incentivar que los llamados “dólares del colchón” ingresen al sistema financiero formal.
Para eso, el proyecto elimina los topes de ingresos y patrimonio (hasta ahora fijados en $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio) que restringían el acceso al esquema, una decisión que permitirá acceder a los sectores más acaudalados.
Se mantiene, en cambio, el requisito de contar con residencia fiscal en la Argentina durante todo el período correspondiente, y los Grandes Contribuyentes Nacionales podrán adherirse, aunque sin acceder a beneficios como la presunción de exactitud de sus declaraciones.
Otro punto central es el tratamiento de los pagos en efectivo asentados en escrituras públicas, especialmente en operaciones inmobiliarias con dólares físicos.
La nueva versión establece que esa modalidad de pago no hará perder por sí sola la protección conocida como “tapón fiscal“, que impide a ARCA cuestionar el origen de los fondos a partir de las variaciones patrimoniales del contribuyente.
Además, la adhesión al régimen deberá ser considerada un antecedente favorable por bancos y escribanos al aplicar los controles exigidos por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El proyecto también modifica las reglas para que ARCA pueda reabrir y cuestionar declaraciones de ejercicios anteriores. Actualmente, el organismo puede intervenir si detecta una diferencia mayor al 15% entre lo declarado y lo determinado, o si esa diferencia supera los $100 millones.
La reforma incorpora una excepción: no se considerará “significativa” una discrepancia que no supere el 5% del monto fijado para el delito de evasión simple en el Régimen Penal Tributario, lo que ubica ese piso en alrededor de $5 millones.
Si el contribuyente detecta una diferencia, podrá rectificar su declaración y pagar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación sin perder los beneficios del régimen. Además, la carga de la prueba recaerá sobre ARCA, que deberá basarse únicamente en información ya declarada y disponible en sus propios sistemas.
A diferencia del esquema vigente, que no tenía fecha de cierre, el nuevo proyecto establece un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027 para exteriorizar fondos, por lo que el régimen dejaría de ser un mecanismo permanente y ahora sí puede considerarse oficialmente como un blanqueo.
“Dólares bajo el colchón”: Caputo y Adorni anunciaron las medidas para blanquear dólares sin importar su origen
Los cambios tendrían efectos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025.
El gobierno de Javier Milei suma un nuevo blanqueo
Durante la gestión de Milei se han impulsado dos grandes medidas de regularización y blanqueo de activos, orientadas a reintroducir dólares provenientes de evasores al sistema económico, los famosos “dólares bajo el colchón“.
El primer blanqueo (Régimen de Regularización de Activos) se aprobó mediante la Ley Bases a mediados de 2024 y finalizó formalmente en mayo de 2025 tras varias prórrogas. Ofreció un “perdón fiscal” que permitió regularizar hasta US$ 100.000 sin costo ni penalidades, aplicando alícuotas progresivas (del 5% al 15%) para montos que superaran ese tope.
Con esto, el gobierno logró introducir más de 30.000 millones de dólares al sistema. Sin embargo, luego el gobierno impulsó una normativa similar en un nuevo intento por captar dólares. La decisión de lanzar dos blanqueos seguidos resulta insólita, ya que en rigor esto significa crear un estado de excepción legal para los evasores.
El segundo régimen fue la Ley de Inocencia Fiscal, que se aprobó en el Congreso y se promulgó a inicios de enero de 2026 (Ley 27.799). Ahora, en julio de 2026, el Gobierno envía reformas al Parlamento para flexibilizarlo aún más y potenciar su alcance.
Según datos oficiales, el régimen pasó de registrar 5.800 adhesiones en su etapa inicial a unas 80.000 hacia mayo, y 330.000 tras conocerse el adelanto de los cambios. De ese total, 170.115 contribuyentes completaron la presentación de la declaración jurada y unos 99.000 la mantienen guardada como borrador.
Por ese motivo, el Gobierno extendió hasta el 27 de agosto el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias, de manera que quienes aún no completaron el trámite puedan conocer el texto definitivo antes de decidir.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó el cambio de versión y adelantó que el miércoles se explicarán en detalle las modificaciones. “Frente a preocupaciones de los profesionales del área, incluimos algunas modificaciones al Régimen de Inocencia Fiscal que van más allá en el sendero del espíritu de la ley”, señaló.
El relanzamiento de la medida también tiene como telón de fondo su uso por parte de figuras que debieron dejar el gobierno envueltos en escándalos patrimoniales. Tal fue el caso del exdiputado José Luis Espert (investigado por sus vínculos con Fred Machado) y Manuel Adorni, quien se inscribió en el beneficio en cuanto comenzó la investigación.
