Se registró un fuerte aumento del contrabando en medio de la quita de regulaciones y controles impulsada por Federico Sturzenegger, que no solo afecta a las empresas locales, sino que también pone en riesgo a los consumidores argentinos.
Un informe reservado elaborado por la consultora MAP reveló un preocupante incremento del contrabando en la Argentina, en un contexto en que la eliminación de controles regulatorios impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dejó al descubierto flancos cada vez más vulnerables en el comercio formal.
El problema no afecta únicamente a las empresas: los consumidores quedan expuestos a productos que nunca pasaron por ningún control sanitario, de seguridad ni de calidad. Además, deja expuesta la ineficacia del Ministerio de Seguridad, antes en manos de Patricia Bullrich y hoy a cargo de Alejandra Monteoliva.
El contrabando avanza en Argentina
El estudio de MAP, una consultora que trabaja principalmente para multinacionales y que concluyó su relevamiento a fines de noviembre de 2025, circula entre ejecutivos y funcionarios. Sus 45 páginas describen un fenómeno que, según sus autores, “se volvió un problema muy grave en el país con impacto negativo para el Estado, el consumidor y las empresas”.
El informe señala que, si bien el contrabando siempre fue un problema, su expansión reciente coincide con la supresión de varios mecanismos de control.
Entre los eliminados se cuentan los veedores sectoriales en importaciones, las verificaciones técnicas y trámites para productos higiénicos y domisanitarios, el registro de exportadores e importadores y algunos controles previos de ANMAT. Cada uno de esos engranajes, en su momento, actuaba como filtro. Sin ellos, la mercadería ilegal encontró caminos más libres.
El mercado de teléfonos celulares ilustra con crudeza la magnitud del problema. La Argentina consume en promedio 9,2 millones de unidades anuales si se toma el período 2023-2025. De esa cifra, el contrabando pasó de representar el 7% al 35% del mercado, según un informe de AFARTE citado en el relevamiento.
En términos económicos, el contrabando de celulares facturó unos US$ 1858 millones en 2025, mientras que la producción nacional del rubro generó US$ 2311 millones. Ingresan al país por canales informales 50.000 unidades por semana.
La mitad llega desde Paraguay a través del paso fronterizo de El Dorado, y la otra mitad principalmente desde Panamá, por el aeropuerto de Ezeiza. La diferencia de precio es el principal incentivo para los compradores, que suelen encontrar esos equipos en redes sociales, grupos de WhatsApp y plataformas digitales.
El titular de una de las principales marcas del sector explicó cómo funciona el circuito: “Todo se puede rastrear con la identificación de cada unidad y saber para qué destino fue fabricado. Además, cuando se activa en las bandas argentinas se detecta si ese teléfono fue o no importado legalmente”.
“Una vez dentro de las fronteras tienen su propio circuito de comercialización a través de redes sociales, plataformas y grupos de WhatsApp principalmente” agregó.
El presidente de otra empresa del rubro fue más directo sobre el trasfondo del problema: “Para quien compite formalmente la carga impositiva equivale al 34% del costo del producto“.
“Ojo que acá no estamos hablando del tema de producir o no producir o competir o no competir sino de negocios ilegales montados a la sombra de la formalidad y que se pueden rastrear muy fácilmente para evitar hasta cuestiones de seguridad“, dijo, y agregó:
“Cuidado que detrás de esto hay circuitos informales y una economía en negro que nada tiene que ver con el debate de Tierra del fuego sí o no. Que nadie se confunda”.
Los celulares son apenas el caso más visible. En el segmento de cerveza, el 40% de la mercadería relevada en autoservicios del AMBA tiene origen ilegal, según datos de la Cámara de la Industria Cervecera.
En el rubro de neumáticos, la proporción supera el 30%, y en agroquímicos ronda el 15%. El mercado negro de cigarrillos alcanza al 10% del total, con ingreso principalmente desde las fronteras del norte del país, en línea con la media global del 11,6% que registra la OCDE para el comercio ilícito de tabaco.
Para estimar el daño fiscal, MAP construyó sus cálculos a partir de datos aportados por las propias empresas y cámaras sectoriales: tomó la producción local, sumó la importación formal, excluyó los productos ingresados como equipaje personal y multiplicó el volumen estimado de contrabando por el precio de referencia de cada sector.
El resultado indica que el Estado argentino dejó de percibir unos US$ 2300 millones en ingresos fiscales hacia fines de 2025. Los sectores considerados son cerveza (US$ 1100 millones de evasión), textiles (US$ 370 millones), tabaco (US$ 240 millones), celulares (US$ 190 millones), agroquímicos (US$ 150 millones), neumáticos (US$ 125 millones) y calzado (US$ 90 millones).
Para dimensionar esa cifra, el informe la compara con otras variables fiscales: equivale al 90% de la recaudación total de impuestos internos, al 45% de las retenciones a las exportaciones y al 25% de lo que genera el impuesto al cheque.
En términos de inversión pública posible, los autores estiman que esa masa de recursos alcanzaría para construir 3800 escuelas, 1900 kilómetros de rutas nacionales y 80 hospitales de alta complejidad.
El impacto sobre los consumidores tiene otra cara menos visible pero igualmente preocupante. Los productos que ingresan por canales clandestinos no atraviesan controles sanitarios ni de seguridad. Así lo detalla la investigación de José Del Río para La Nación.
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Carlos Bender, responsable comercial de Lumilagro (una de las empresas que debió pasar de producir a importar durante la gestión de Javier Milei), describió el caso de los termos de acero: “Bolivia, con 12 millones y medio de habitantes y sin cultura de mate, importó más de 4 millones de termos de acero desde China a un valor unitario bajísimo”.
Bender señaló que esos termos “obviamente no quedaron en Bolivia”, y que el acero utilizado ingresaba clasificado como “chatarra o inclasificable y no apto para humanos“. Además, quienes compran en el mercado informal no reciben factura ni acceden al servicio posventa.
La industria textil, dos años en caída libre
El avance del contrabando no solo es una respuesta directa a la quita de regulaciones, sino también por la desesperación de los argentinos por encontrar precios más baratos. Sin embargo, la situación golpea de lleno a varios sectores productivos, que además vienen sufriendo el impacto de las importaciones.
El sector de indumentaria acumula dos años consecutivos de retroceso en sus ventas. La última encuesta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 registró una caída interanual del 7% en las ventas. De los últimos 14 bimestres relevados, 13 arrojaron resultados negativos, y los últimos seis fueron todos en rojo.
El 59% de las empresas del sector sufrió una baja en sus ventas durante el período, frente a un 35% que logró incrementos. El informe reconoce una leve mejora respecto al bimestre anterior, pero subraya que el panorama general sigue siendo crítico.
El problema central que identifican los empresarios es la caída de la demanda. El 81% de las firmas encuestadas señaló a la debilidad del consumo como su principal preocupación, por encima del incremento de costos o la falta de financiamiento. En ese contexto, las empresas se encuentran atrapadas en una pinza: los costos suben, pero la imposibilidad de vender impide trasladar esos aumentos a los precios.
Los números son elocuentes: 9 de cada 10 empresas no logró trasladar ni la mitad del aumento de los costos salariales a sus precios de venta. La mitad de los encuestados reconoció no haber podido trasladar absolutamente nada, y solo el 9% pudo trasladar más de la mitad de esos incrementos durante el último bimestre.
El porcentaje de empresas que declara tener stock excesivo saltó del 24% al 52% en apenas un año. Con los depósitos llenos y la demanda sin repuntar, la cadena de pagos comenzó a mostrar señales de tensión: los atrasos frecuentes en los cobros aumentaron 15 puntos porcentuales, alcanzando al 29% de los encuestados.
El empleo también absorbe el impacto. La mayoría de las firmas reduce su dotación de personal, principalmente a través de renuncias que no son reemplazadas (que representan el 30% de las medidas adoptadas) y de despidos directos, que explican el 20% restante.
Las perspectivas para los próximos meses no generan optimismo. El 54% de los encuestados califica sus expectativas como “regulares”, mientras que un 34% anticipa un escenario “malo” o “muy malo”.
Solo el 13% tiene expectativas positivas. En cuanto a las ventas del trimestre siguiente, el 61% de las empresas prevé que no habrá variaciones, el 21% espera empeoramientos y apenas el 18% proyecta mejoras.
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El serrucho de la actividad general
A la debilidad del consumo interno se suma un panorama económico general que en abril de 2026 mostró señales de freno. Los pronósticos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anunció que el país “vivirá 18 meses de crecimiento”, quedaron bajo escrutinio luego de que estudios privados marcaran un estancamiento de la actividad.
El Índice General de Actividad (IGA) de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados mostró que el nivel de actividad de abril fue similar al del mismo mes del año anterior. En el acumulado del primer cuatrimestre, el indicador registra una baja del 0,3%.
La medición desestacionalizada (que compara el desempeño respecto al mes previo) arrojó una caída del 0,7% frente a marzo. Desde la consultora describieron la dinámica como “oscilante, bajando luego de la fuerte suba de marzo”.
En la misma dirección, el Índice Líder de Actividad (ILA) de Analytica estimó que la actividad retrocedió un 0,8% en abril. Según esa firma, “abril fue un mes de contracción generalizada, con la mayoría de los indicadores en terreno negativo”, con señales de debilidad en la demanda interna, la industria pesada y el sector automotriz.
El análisis por sectores muestra una economía que avanza a velocidades muy distintas. Minas y Canteras creció un 7,3% anual, impulsado por la producción en Vaca Muerta, mientras que Electricidad, gas y agua subió un 7,2% e Intermediación financiera anotó un 6,1% de expansión.
En el otro extremo, la industria manufacturera cayó un 2,0% anual en abril, con retrocesos pronunciados en la producción automotriz (-17,5%) y en los despachos de cemento (-13,1%). El sector comercial registró una baja del 2,4% interanual.
El consumo también muestra fragilidad. La recaudación del IVA cayó un 0,3% y la de Seguridad Social bajó un 1,1%, lo que Analytica interpreta como reflejo de la debilidad de los ingresos laborales. Los préstamos al sector privado crecieron apenas un 0,6%, sin señales de aceleración en el crédito a las familias.
El sector agropecuario constituye la excepción positiva, con una suba interanual del 16,5%, aunque factores climáticos demoraron la cosecha de soja y provocaron una caída mensual del 2,6% en la cadena del sector. Los especialistas coinciden en que, mientras el mercado interno permanezca deprimido, la recuperación económica seguirá siendo frágil y sujeta a vaivenes.
