El gobierno de Javier Milei eliminó más de 900 servicios del INTI dedicados a garantizar la calidad del agua, alimentos y materiales de construcción, una medida que no solo podría derivar en 700 despidos, sino que además deja desprotegidos a los consumidores.
El gobierno de Javier Milei eliminó más de 900 servicios que prestaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), dejando sin protección a consumidores y a la industria nacional en áreas sensibles como la seguridad alimentaria, la calidad del agua y los materiales de construcción.
La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y fue celebrada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ofreció una serie de insólitas explicaciones al respecto.
Los trabajadores, en tanto, advierten que la decisión también podría derivar en más de 700 despidos y dejar al INTI prácticamente disuelto, y sin herramientas para controlar la calidad de los productos.
Javier Milei le quitó al INTI todas sus herramientas
La Resolución 42/2026, firmada por el presidente del INTI, Miguel Ángel Romero, y los vicepresidentes Ezequiel Capelli y Juan Pablo Intelisano, dispuso la cesación inmediata de 943 servicios técnicos y de verificación que el organismo brindaba a empresas y a la industria nacional.
La resolución establece que los contratos, órdenes de trabajo y compromisos vigentes serán honrados hasta su vencimiento, pero no habrá renovaciones. La conducción del INTI también instruyó a la Dirección Operativa a elaborar un plan de transición que contemple el cierre de los servicios, y la comunicación formal a usuarios y organismos competentes.
Entre los servicios eliminados figuran algunos de los controles más sensibles para la salud pública. En materia alimentaria, se discontinúan los análisis de patógenos como Salmonella, Listeria monocytogenes y E. coli O157:H7, junto con la detección de micotoxinas como aflatoxinas y ocratoxina A.
También caen los estudios de vida útil de alimentos, la detección de alérgenos en la soja, los análisis de etiquetado nutricional y las determinaciones de metales pesados (plomo, cromo, níquel) en productos de consumo masivo.
En materia de calidad industrial, se eliminan controles sobre materiales de construcción (incluyendo resistencia del hormigón y durabilidad del cemento), la calibración de instrumentos de medición, la verificación de equipos médicos como ventiladores pulmonares, y las pruebas sobre componentes de seguridad en transporte, como ascensores y piezas automotrices.
También quedan sin control estatal la calidad del agua y los efluentes industriales, la seguridad eléctrica y electrónica, y la calidad de combustibles como nafta y gasoil.
Los fundamentos oficiales sostienen que la revisión se realizó en un contexto de “evolución de las capacidades tecnológicas del sector privado” y que muchos de los servicios “no contaban con demanda real o se solapaban con servicios prestados por empresas privadas“.
El argumento central es que mantenerlos implicaría “un uso subóptimo de los recursos estatales”. Lo cierto es que, sin ellos, ahora únicamente serán las propias empresas privadas las que verifiquen la calidad de sus productos.
Qué significa para el INTI y para la ciudadanía
Yamila Mathon, especialista en Tecnologías de Gestión y del Conocimiento del INTI, sostuvo que la medida “deja sin tarea a mil técnicos auxiliares, administrativos y profesionales con trayectorias de muchísimos años y capacidades irrecuperables”.
Mathon también advirtió que la situación trasciende al organismo: “Ya tienen muchos problemas las familias para llegar a fin de mes, como para ahora tener que ver si el ascensor al que te subís se va a caer o no”.
La dirigente gremial Cecilia Tortora, integrante de la conducción de ATE Capital del INTI, describió la medida como “la continuidad de un plan sistemático de parálisis científica y tecnológica“.
Según Tortora, cerrarán el 80% de los laboratorios del INTI y se archivará “casi todo el equipamiento de última generación“. Además, señaló que las exportaciones también se verán afectadas: “China ya ha rechazado la exportación de carnes por no contar con determinadas certificaciones y análisis“.
Tortora también desmintió el argumento de la baja demanda y señaló que el INTI cuenta con “38 centros de investigación y desarrollo de todas las áreas industriales“, y que el organismo funciona como un instrumento de transferencia tecnológica hacia las pequeñas y medianas empresas.
Además, destacó que “les resulta mucho más barato que sostener un área propia de investigación y desarrollo”. En su análisis, subrayó que incluso la pequeña fracción del INTI que no sería eliminada -la de investigación- “tampoco está financiada ni tiene presupuesto“.
Para el conjunto de los trabajadores, el escenario es alarmante. La Ley Bases habilita a las autoridades a pasar a disponibilidad a empleados que queden sin funciones asignadas, y luego proceder a su despido.
Eso es exactamente lo que temen quienes trabajan en el organismo: que la cesación de servicios sea el paso previo a una ola de más de 700 desvinculaciones. Mathon fue directa al respecto: “Los trabajadores no tenemos mil métodos. La articulación es la única salida“.
Desde las autoridades del INTI, en cambio, se intentó encuadrar la medida como una reorientación y no como una reducción. El documento oficial sostiene que los recortes “no implican una retracción de su rol institucional, sino una reorientación hacia funciones donde su participación resulta más relevante”.
Los trabajadores rechazan esa caracterización y señalan que, en la práctica, el organismo quedaría vaciado de contenido. Y es que, sin presupuesto y sin funciones asignadas, INTI no tiene ninguna herramienta para realizar actividades.
En paralelo, el funcionamiento cotidiano del INTI ya venía afectado antes de esta resolución. La falta de pago de viáticos impedía que los equipos técnicos realizaran visitas a empresas, una actividad central para la prestación de asistencia y servicios. El deterioro operativo precedió al recorte formal.
La Asamblea Multisectorial de trabajadores del INTI convocó a una movilización para el martes 21 de abril, con participación de representantes del ámbito científico, educativo, político y sindical. El mismo día, trabajadores del INTI y personalidades de distintos sectores realizarán una conferencia de prensa para exponer las consecuencias de la medida sobre la población.
Las insólitas explicaciones de Sturzenegger
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el principal vocero oficial de la medida y defendió la resolución con una serie de argumentos dedicados a alimentar el relato del “gasto innecesario” que en algunos casos rozaron lo insólito.
Su primer punto fue que muchos de los servicios eliminados “se utilizaban muy poco” y “no revestían el carácter de servicios públicos”. Puso como ejemplo las pruebas de durabilidad de alfombras y dijo que no se entiende “por qué en algún momento se decidió que los hiciera el Estado“.
Se trata de una estrategia usual por parte del ministro desregulador, quien usualmente utiliza como ejemplo solo los casos que le permiten presentar al organismo como innecesario, ignorando todas las funciones clave que cumple.
Sin embargo, el argumento central de Sturzenegger giró en torno al precio: el INTI ofrecía esos servicios “a un precio muy bajo”, lo cual, según el ministro, implicaba que el costo era absorbido por el contribuyente.
“Era un subsidio a ciertas empresas financiadas por todos nosotros. No tenía épica, no tenía externalidades, era solo eso, el contribuyente pagando un insumo empresario”, escribió en su cuenta de X.
Lo cierto, es que como mencionan los propios trabajadores de la entidad, varios de los servicios eran usados por pequeñas empresas sin la capacidad de financiar estudios propios, un ahorro que gana aún más importancia cuando se tiene en cuenta el impacto de las subas de las tarifas y la caída del consumo en sus ventas.
Sturzenegger se refirió al control de surtidores de combustibles, una verificación periódica que las petroleras están obligadas a realizar. Según el ministro, “un 12% de la planta del instituto hacía ese test”, que describió como poco sofisticado tecnológicamente (como si eso reforzara su argumento) y cuya ejecución generaba “un costo enorme”.
El ministro también argumentó que la presencia del INTI en esos rubros impedía el desarrollo del sector privado. “Era imposible que estos servicios se desarrollaran en el sector privado. Y ahí venía el problema. Porque el cliente quedaba atrapado en el INTI porque no tenía opción“, sostuvo.
Ahora serán las propias empresas las que se dedicarán a garantizar el control de sus productos, sin que haya un organismo controlador que verifique la veracidad de sus estudios. En otras palabras, los consumidores deberán confiar en lo que dicen los vendedores.
En ese marco, celebró que ahora las empresas podrán certificar sus productos de forma privada. Para graficar el supuesto alivio que esto generaría, Sturzenegger recurrió a una anécdota con la que torpemente intentó dramatizar la situación.
“El otro día cuando le explicamos a un empresario entrerriano que podría certificar su producto de manera privada, los ojos se le llenaron de lágrimas y celebró casi como Tim Robbins cuando logra escapar de la prisión de Shawshank”, dijo.
Sin embargo, evitó dar cifras estadísticas claras. La medida fue anunciada bajo el título “Liberando trabas a la industria” en la cuenta de X del ministro, quien también omitió mencionar el impacto real que tendrá en la salud de los argentinos.
La cruzada de Milei y Sturzenegger contra le INTI
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial es un organismo público fundado hace 69 años, cuya misión central es brindar apoyo técnico, capacitación y asistencia operativa a la industria, con foco en las pequeñas y medianas empresas.
Cuenta con una red de oficinas distribuidas a lo largo del país y, al momento de la resolución, posee más de 250 reparticiones y 38 centros de investigación y desarrollo en distintas áreas industriales.
En términos de personal, el INTI tiene actualmente 2.300 empleados. En 2023, antes del inicio de los recortes del gobierno de Milei, esa cifra ascendía a 3.100 trabajadores. Las autoridades libertarias han señalado que el 20% de los departamentos del organismo “son puramente administrativos“.
Se trata de un porcentaje para nada descabellado cuando se revisan las funciones que cumple el organismo, pero esta no es la primera embestida del gobierno contra el INTI.
En 2025, el Ejecutivo intentó quitarle su autonomía y convertirlo en una dirección dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, lo que hubiera implicado la eliminación de su carácter federal y el cierre de sus sedes provinciales.
Esa medida fue revertida por la Justicia. A fin de ese mismo año, el gobierno disolvió el Servicio Argentino de Calibración y Medición, la red de laboratorios supervisados por el INTI que validaban pesos y medidas de distintos productos.
Ahora, con la Resolución 42/2026, el organismo pierde el grueso de sus funciones operativas. Lo que queda en pie (según la descripción de los propios trabajadores) es una estructura sin financiamiento y con equipamiento que, en muchos casos, quedará archivado sin uso.
