Las desregulaciones que impulsa Federico Sturzenegger diezmaron Senasa y provocaron que tanto Chile como China reforzaran los controles sanitarios a exportaciones argentinas, e incluso rechazaran cargamentos de carne.
Las medidas de flexibilización sanitaria impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, están haciendo estragos en el comercio exterior argentino.
Recientemente se conoció que Chile decidió frenar cargamentos de carne de Argentina a mediados del año pasado y este viernes hizo algo similar la República Popular China, el principal destino de las exportaciones cárnicas del país.
El bloqueo de Chile a las carnes argentinas
El conflicto con el país vecino tiene su origen en agosto del año pasado, cuando el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno suspendió las importaciones de carne y productos animales provenientes de la Patagonia argentina.
La decisión fue consecuencia directa de la Resolución 460/2025, que habilitó el ingreso de carne con hueso a zonas libres de aftosa y eliminó la barrera sanitaria histórica del río Colorado, vigente durante décadas como garantía del estatus diferencial de las carnes del sur del país.
Para Chile, que se mantiene libre de fiebre aftosa sin vacunación desde 1981, la medida representó una señal de alerta. Las autoridades trasandinas argumentaron que la flexibilización argentina ponía en riesgo su propio estatus sanitario, uno de los pilares de su política de comercio exterior.
Cualquier indicio de relajamiento en el control fronterizo activa de manera automática mecanismos de defensa en ese país. Si bien hacia finales de 2025 Chile reanudó parcialmente las compras tras verificar los estándares de los productos que iba a adquirir, los controles no volvieron a los niveles anteriores.
Según informaron fuentes del sector a este medio, el SAG intensificó de manera inusual la fiscalización sobre toda la cadena productiva argentina: frigoríficos, feedlots, campos, transporte y cadena de frío. “Están recorriendo todo, uno por uno, como nunca antes“, describió una fuente con acceso directo al negocio exportador.
La situación fue calificada por referentes del sector como “un deterioro acelerado de la credibilidad sanitaria del país”. El ex presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, fue uno de los pocos dirigentes rurales que habló públicamente al respecto:
“Esta desregulación de Sturzenegger que tienen por objetivo debilitar al Senasa y los controles, nos está generando problemas de mercado. Ya pasó con China y Chile y se puede extender a otros destinos que es donde nos lleva las políticas del ministro de Desregulación”.
Sin embargo, la ausencia de pronunciamientos más enérgicos por parte de las entidades del campo no deja de llamar la atención. Un pequeño productor afiliado a la Federación Agraria resumió el malestar interno:
“En las entidades hablan en voz baja, no sabemos bien qué pasa porque hay suficientes motivos para, al menos, convocar a una asamblea de productores para contar cómo estamos, señalar problemas o al menos hacer propuestas, pero deberían tener expresiones más contundentes y no la están tendiendo. Ni siquiera la Federación Agraria”.
China rechazó 22 toneladas de carne
El viernes 27 de marzo se conoció que la Administración General de Aduanas de China rechazó un cargamento de 22 toneladas de carne argentina y suspendió las exportaciones del frigorífico ArreBeef provenientes de su planta ubicada en Pérez Millán, partido bonaerense de Ramallo.
El motivo fue la detección de cloranfenicol, un antibiótico que lleva más de tres décadas prohibido en la producción ganadera a nivel internacional y que en Argentina está vedado desde 1995. La medida china afecta únicamente a la planta de Pérez Millán y rige para los embarques posteriores al 19 de marzo.
Sin embargo, ArreBeef produce unas 80.000 toneladas de carne al año y en esa localidad bonaerense emplea de forma directa a unas 900 personas, además de 400 trabajadores temporales. La empresa cuenta con otra planta en Quilines, desde donde podría continuar exportando.
El hallazgo activó una respuesta diplomática inmediata. El Senasa, junto con la Cancillería y la Secretaría de Agricultura, pusieron en marcha un protocolo de trazabilidad para reconstruir el circuito completo del lote cuestionado, rastreando hasta el campo donde fueron criados los animales.
Las autoridades argentinas no descartaron que pueda tratarse de un falso positivo o de la presencia de una sustancia similar que haya generado una detección errónea, y presentaron ante China un informe con detalles del programa nacional de control de residuos en carnes.
China es, desde hace varios años, el principal mercado para las exportaciones cárnicas argentinas. En los primeros once meses de 2025, Argentina exportó un total de 654.800 toneladas, de las cuales 458.360 tuvieron como destino ese país.
El peso de ese mercado explica la urgencia con que reaccionó el Gobierno: desde la Casa Rosada se evaluó el envío de una misión técnica a Beijing para intentar mitigar el impacto y evitar que la suspensión se extienda a otros cargamentos en tránsito.
El episodio se produce además en un contexto de mayor escrutinio chino sobre productos importados. El propio gobierno de ese país tomó el control directo del seguimiento del cupo de importaciones, y cuando las compras superen las 511.000 toneladas, se aplicará un arancel extra del 55%, frente al 12,5% habitual, en vigor desde el 2 de enero pasado.
Casi en simultáneo, la Unión Europea rechazó un cargamento de girasol argentino por incumplimientos fitosanitarios, en línea con los estrictos estándares que aplica el bloque en materia de residuos químicos y trazabilidad.
Desregulaciones y desmantelamiento del Senasa
Los episodios con Chile y China no son una mera coincidencia. Ambos tienen lugar en el marco de un proceso sostenido de reducción del rol del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), motorizado desde la gestión de Sturzenegger bajo el argumento de eliminar burocracia estatal y simplificar trámites.
Uno de los cambios más cuestionados fue la eliminación del registro obligatorio de las empresas certificadoras que intervenían en los controles sanitarios. Ese mecanismo era la herramienta que permitía garantizar la trazabilidad de los productos exportados.
Sin él, determinar responsabilidades cuando un cargamento es rechazado se vuelve considerablemente más difícil. Un técnico del sector explicó el problema con claridad: “El comercio exterior se sostiene en la confianza. Si no podés demostrar cómo certificaste un embarque, el problema deja de ser ese cargamento y pasa a ser todo el sistema”.
A eso se suma que, según denunciaron fuentes del sector, el organismo dejó de actualizar los registros de alertas sanitarias por orden de funcionarios del gobierno. La consecuencia práctica es un apagón informativo en una materia en la que la transparencia y la actualización permanente son condiciones básicas del comercio internacional.
Los mercados internacionales, en tanto, avanzan en sentido opuesto a las políticas argentinas. Europa endurece sus exigencias sanitarias y ambientales de manera sostenida, con límites cada vez más estrictos a los residuos químicos.
El seguimiento ya no se limita al producto final, sino que abarca toda la cadena logística: camiones, bodegas de buques, contenedores y análisis de laboratorio. En el complejo portuario del Gran Rosario, donde se concentra cerca del 80% de las exportaciones de granos y subproductos, con picos de hasta 19.000 camiones diarios, ese nivel de control resulta crítico.
En el sector advierten que los episodios recientes podrían ser apenas la antesala de un problema de mayor magnitud. Un rechazo puntual puede derivar en controles reforzados para todos los envíos argentinos, mayores costos logísticos y pérdida de competitividad en mercados que Argentina ya tiene consolidados.
“El riesgo no es un embarque rechazado, es que Argentina pierda reputación sanitaria”, advirtieron referentes del sector.
