ATE decidió nacionalizar el reclamo del Hospital Garrahan y convocar a un paro nacional de Salud luego de que el Gobierno Nacional no respondiera al reclamo salarial y enviara funcionarios de tercera línea a la conciliación. ¿Cómo es la situación de los residentes del hospital?
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de salud que comenzó a la medianoche del jueves, luego del fracaso de la audiencia conciliatoria entre el Gobierno de Javier Milei y los representantes gremiales del Hospital Garrahan.
La medida incluye cese de actividades, asambleas y movilizaciones en hospitales e instituciones sanitarias a lo largo de todo el territorio nacional, y se adoptó después de una reunión de poco más de dos horas realizada el miércoles, donde el Ministerio de Salud de Mario Lugones no presentó ninguna propuesta para resolver el conflicto.
El encuentro, que había sido adelantado del jueves al miércoles por funcionarios de Casa Rosada debido a la fuerte repercusión del reclamo, culminó sin avances. Para colmo, el Gobierno se limitó a enviar únicamente a dos directores administrativos del Garrahan, pero no a funcionarios de jerarquía.
La decisión no cayó bien en el gremio. “A esta instancia debieron venir el Ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete“, señaló Rodolfo Aguiar (Secretario General de ATE Nacional) quien luego del desplante anunció:
“Hemos decidido nacionalizar el reclamo del Garrahan y lanzar un Paro de Salud en todo el país. Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y cuatro perejiles en representación de las autoridades del Garrahan, pero ningún funcionario”, agregó.
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Paro en los hospitales de todo el país
Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APYT), confirmó la falta de propuestas: “Nos dicen que venían a enterarse cuál era el conflicto para elevarlo a las autoridades del Concejo de Administración. La propuesta es cero, con lo cual se ratifican todas las medidas que están anunciadas“.
El Consejo Directivo Nacional de ATE fundamentó la medida de fuerza como “un rechazo de la crisis sanitaria que está provocando el Gobierno con su política de desfinanciamiento del sistema de salud pública”, según comunicaron en una nota dirigida a la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Aguiar intensificó las críticas al presidente Javier Milei a través de sus redes sociales: “Está claro que el Gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos, se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza”.
Además, subrayó que “quieren hacer de la salud un negocio“. “Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran“, advirtió, y desde el gremio advirtieron que Milei “quiere cerrar el Garrahan”.
Entre las causas que motivaron el paro nacional, ATE enumeró tres aspectos centrales: los “salarios insuficientes“, el “éxodo de personal altamente calificado” y “la intimidación y persecución que sufren las y los trabajadores de determinados establecimientos”.
El sindicato también apuntó que “las condiciones de precarización laboral y salarial recrudecen en las provincias“, extendiendo la problemática más allá de la situación particular del Hospital Garrahan.
En su comunicado, ATE describió una “crisis sanitaria” de alcance nacional que “se expresa con gran crudeza en el conflicto del Hospital Garrahan, donde nuestras infancias están corriendo riesgo de vida, y los trabajadores que están siendo parte de las medidas de fuerza recibieron amenazas por ejercer su derecho a la participación sindical y huelga”.
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Amenazaron a los residentes con despedirlos
Entre tanto, los residentes del Hospital Garrahan anunciaron que a partir del miércoles levantarían el paro que habían iniciado la semana anterior y retomarían su actividad. La decisión no se debió a un acuerdo satisfactorio, sino a las amenazas de despido por parte de las autoridades de la institución.
En un comunicado firmado por la Asamblea de Residentes, expresaron que se vieron “obligados a cesar la medida de paro laboral indefinida” y suspender su participación en la marcha programada para el jueves a la Plaza de Mayo debido a las presiones recibidas.
Los profesionales explicaron que recibieron un correo electrónico donde las autoridades sostuvieron: “Consideramos que, tras la propuesta comunicada y oficializada antes de ayer, corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro”.
Además, se les comunicó “verbalmente la posibilidad de pérdida de puestos de trabajo de forma inmediata”. “Queremos dejar asentado que esta reincorporación no implica la renuncia al reconocimiento de la legitimidad de nuestro reclamo apartidario”, aclararon.
“Esta medida ratifica el compromiso que mantenemos con nuestra labor y con la continuidad de la Residencia Médica del Hospital Garrahan”, agregaron. Los residentes también subrayaron que, pese a levantar la medida de fuerza, sus recibos de sueldo “siguen siendo los mismos” y apelaron “a la voluntad de las autoridades a mantener una mesa de diálogo fluida y permanente”.
En este contexto, reiteraron su pedido de “un salario justo” que les permita “vivir y trabajar dignamente por y para los niños, niñas y adolescentes”. Sobre el final de la publicación, concluyeron:
“Cabe resaltar que nuestro deseo es que este hospital continúe siendo un centro de referencia y vanguardia en medicina pediátrica para lo que seguiremos trabajando incansablemente”.
Alejandro Lipcovich, titular de la Junta Interna de ATE Garrahan, señaló que el conflicto de los residentes es “apoyado por el personal de planta incondicionalmente“, aunque precisó que “no deja de afectar a menos del 10% de los trabajadores”.
Esto se debe a que el gobierno realizó una oferta únicamente a los residentes, excluyendo al resto de la planta, que representa el 90% de los empleados. Desde los sindicatos consideran que se trata de una estrategia para dividirlos y diluir el reclamo.
Previamente, el Ministerio de Salud había advertido mediante comunicado que “los residentes también están frente al peligro de perder o desaprobar la residencia”, lo que a las claras representa una amenaza de despido.
Sin embargo, las autoridades del Hospital Garrahan intentaron justificar su posición presentando el levantamiento del paro como un éxito de su política de “reestructuración” y destacando una “mejora en los ingresos por beca” financiada “íntegramente con fondos propios”.
También anunciaron la implementación de “un sistema biométrico para un riguroso control de la presencialidad”, que si bien no había sido cuestionado por los trabajadores, fue utilizado por el Gobierno para impulsar su narrativa contra los trabajadores, a quienes tildó de “militancia kirchnerista” y “ñoquis”.
Curiosamente (y pese al anunció del Ministerio de Salud), las autoridades del hospital negaron haber evaluado reemplazar a los residentes, aunque admitieron que “se evaluó la posibilidad de buscar médicos suplentes de manera temporal” ante las medidas de fuerza, alternativa que fue “desestimada tras el restablecimiento del servicio“.
Lo cierto es que el caso del Garrahan no es aislado. Casi como un efecto dominó, los residentes del Hospital Posadas denunciaron una situación similar, que el gobierno intentó desactivar con un “bono interno“, que no solo es no remunerativo y excepcional, sino que además dista mucho del monto reclamado.
