Presentaron la primera apelación contra el fallo que sobreseyó a los Milei en la causa $LIBRA a raíz de las “confusiones” y “contradicciones” del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien frenó la investigación mientras seguían en curso las pericias que él mismo había ordenado.
Juan Patricio Marchetto, uno de los damnificados en la causa $LIBRA, presentó la primera apelación contra el fallo que sobreseyó a Javier Milei y a Karina Milei. Reclama que se retome la investigación y denuncia contradicciones entre el juez y la fiscalía.
El recurso fue presentado un día hábil después de la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que cerró la causa respecto de los once imputados. El sobreseimiento había sido solicitado por el fiscal Eduardo Taiano, y ninguno de los acusados había sido convocado a declaración indagatoria. Se espera que otros damnificados se presenten en los próximos días.
Las “confusiones” y “contradicciones” del juez
El escrito tiene 40 carillas y cuenta con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Marchetto pide que se revoque el sobreseimiento y que la pesquisa continúe. Según el recurso, el magistrado incurrió en “contradicciones” y “confusiones” al fundar su decisión, hizo una “valoración fragmentaria” de las pruebas y ofreció una “fundamentación aparente”.
El planteo central es que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Para el apelante, Martínez de Giorgi concluyó que lo investigado no encuadra en ninguna figura penal, cuando a lo sumo podía afirmar que los elementos reunidos hasta ahora no permitían acreditar un delito.
El inversor también cuestionó la actuación de Taiano. Le atribuyó haber ocultado información, demorado la producción de pruebas y omitido citar testigos. Señaló además que pidió el sobreseimiento de los once acusados mientras seguían en curso diligencias que él mismo había ordenado. Sobre ese punto, sostuvo:
“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”.
Entre las medidas pendientes, el escrito menciona la ampliación de las pericias telefónicas sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.
Marchetto agregó que el fiscal nunca citó a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, primera letrada de Davis en la Argentina.
Marchetto presentó el recurso como “pretenso querellante”. Había sido apartado como querellante por Martínez de Giorgi el 3 de julio, decisión que confirmó la Cámara Federal. Sin embargo, su exclusión sigue bajo revisión de la Casación, donde presentó una queja pendiente de resolución.
El inversor advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que Casación decida, una eventual reincorporación podría perder eficacia, ya que volvería a un expediente definitivamente cerrado.
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Los roles de Mauricio Novelli y Javier Milei
Uno de los ejes del recurso es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, antes de la publicación que difundió $LIBRA el 14 de febrero de 2025.
Según los registros telefónicos, Novelli realizó llamadas salientes al Presidente a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02. A las 18:56:22 recibió una llamada entrante del mandatario. La publicación con el código para comprar el criptoactivo apareció en la cuenta de X de Milei a las 19:01:22.
El escrito suma las operaciones registradas antes de que el público conociera el activo. De acuerdo con la reconstrucción de transacciones que cita, a las 19:01, unos 22 segundos antes del mensaje, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por unos 13,5 millones de dólares. Marchetto sostuvo:
“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”.
Para el inversor, estos elementos debían analizarse de manera integral, y no de forma fragmentaria, para establecer si hubo coordinación entre quienes prepararon el proyecto, quienes operaron antes de su difusión y la intervención presidencial.
El recurso también cuestiona que no se haya profundizado en el destino de los fondos de los compradores, en quiénes los recibieron, qué información tenían y qué vínculos mantenían con los organizadores. Pregunta, además, por qué una porción sustancial del dinero quedó concentrada en determinadas billeteras identificadas durante la investigación.
Otro capítulo del recurso se refiere al informe de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Martínez de Giorgi aludió a irregularidades investigadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada del caso, y consideró que afectaban la valoración probatoria del informe.
Marchetto objetó ese razonamiento. Afirmó que el sumario no acreditó que la empleada investigada hubiera compartido documentación con una periodista o con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado. Señaló además que la fiscalía de Taiano recibió el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.
A partir de ello, planteó por qué el contenido no fue comunicado oportunamente al juzgado y a las partes. Dijo que “Sigue resultando cuanto menos curioso” conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material.
